Servindi, 18 de agosto.- La institución Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advirtió sobre el peligro para los derechos humanos de los pueblos indígenas de que el Estado peruano otorgue ampliaciones para explorar petróleo en el lote 88 a la empresa Pluspetrol sin respetar la intangibilidad de la Reserva Territorial Nahua Kugapakori (RTNK) en donde viven indígenas aislados.
Mostró su preocupación además por la falta de una adecuada planificación energética nacional a largo plazo que permita al Estado utilizar el gas y los recursos energéticos para beneficio de todos los peruanos.
Estas declaraciones fueron vertidas durante la décima reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con las partes interesadas del proyecto Camisea, en la cual participaron representantes del Gobierno Regional de Cusco, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y de las empresas del consorcio.
El lugar de encuentro fue en Yucay, a dos horas de la ciudad del Cusco.
Pluspetrol señaló que la ampliación de las actividades en el lote 88, que se superpone a la reserva territorial, es un pedido de parte del Estado peruano ante la necesidad de contar con más gas, según la demanda de consumo interno y los compromisos de exportación.
Elena Ascarza, representante del Consejo Regional del Cusco, enfatizó que el Estado "antes que promover inversión debe promover el respeto de los derechos humanos", y cuestionó la Ley 28736 que permite actividades extractivas dentro de la RTNK, a pesar de su intangibilidad.
A su turno, el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) informó que han desarrollado una propuesta de mecanismos para canalizar los recursos provenientes de las compensaciones en beneficio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.
"Esta propuesta no toma en cuenta lo fundamental, que es la protección de la reserva y de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial", replicó César Gamboa, director de políticas de DAR.
Gamboa pidió al Estado y en especial al Indepa que presente cuáles serán los mecanismos de supervisión que implementará para garantizar la protección de los pueblos en aislamiento dentro de la reserva.
Asimismo, el antropólogo Alfredo Ugarte hizo notar que el Indepa "no ha sometido a consulta esta propuesta ni al Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru) ni a Aidesep".
El representante de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente, Miguel Ángel Canal, propuso la formación de un grupo de coordinación interinstitucional para asegurar mayor participación de los gobiernos regionales y locales en la gestión socioambiental del proyecto Camisea.
Asimismo, demandó la necesidad de crear un Programa de Desarrollo y Mitigación de Impactos para la Cuenca del Urubamba, programa que podría ser financiado por el BID, el Gobierno Regional, los gobierno locales, entre otros.
Sobre este punto, Fidel Jaramillo, representante del BID en el Perú, señaló que estarán a la espera de la propuesta del Estado, quien es el que debe presentar este tema.
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