Por Fernando Romero
La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) ha optado por el peor camino para conseguir el apoyo de la opinión pública. El cuestionado spot publicitario en el que participa el ex-futbolista Juan Carlos Oblitas, que es materia del Editorial de Noticias SER, no es sino expresión de la decisión de esta organización de evitar que se haga realidad el impuesto a las sobreganancias mineras.
Preocupa que el gremio minero haya hecho un manejo bastante discutible de las cifras, para demostrar que en el Perú las contribuciones del sector son mayores a las que se realizan en otros países. Apenas fue difundido el spot, varios especialistas han demostrado la falta de rigurosidad en los cálculos que fundamentan el argumento de los empresarios mineros (1).
El cuestionamiento realizado a los cálculos hechos por la SNMPE, hace más evidente la necesidad de contar con estudios independientes relacionados al sector, que no estén distorsionados por la defensa de los intereses de un grupo de interés, más aún cuando este es uno de los que goza de mucho poder.
Esta necesidad no sólo se relaciona al tema de las contribuciones, también se requiere estudios independientes, por ejemplo, sobre los resultados del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (el óbolo minero), sobre los EIA, tal como lo hiciera evidente el informe de UNOPS sobre el proyecto Tía María, etc.
También preocupa la decisión tomada por la SNMPE, porque muestra el predominio de la línea más dura del empresariado minero. Debemos recordar que durante la campaña electoral varios empresarios, entre ellos Roque Benavides, expresaron su acuerdo con la existencia de una contribución a las sobreganancias. Las diferencias estaban en la manera cómo se calculaba el impuesto.
El empresariado minero que se opone a esta medida tributaria, está olvidando que hay un sector importante de la ciudadanía, que está formado por electores rurales y urbanos, de distintos estratos sociales, que ha apoyado el impuesto a las sobreganancias, al grado que la mayoría de los candidatos debió incorporarla entre su propuestas. Difícilmente ese sector será convencido por los mensajes publicitarios que en estos días se vienen difundiendo y, más bien, ratificarán la impresión que el sector minero se resiste a adecuar su desempeño al escenario de altos precios internacionales y al nuevo momento político.
Pero más allá del efecto negativo en la imagen del empresariado minero, nos preocupa el efecto que puede tener en la conflictividad social una eventual postergación de esta medida ofrecida por Gana Perú. Un retroceso en este tema puede tener un impacto simbólico, es decir para el electorado que respaldó a O. Humala sería una señal que el gobierno ha cedido ante la presión empresarial y se aleja de su promesa de modificar en algo las relaciones que existían entre gobierno y empresas en los últimos 20 años. También tendría un efecto económico negativo ya que se verían mermados los ingresos que el gobierno calculaba tener para la realización de los programas sociales.
Nota:
1. Ver: AlertaPerú y Cesco.Chile
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