Perú: Exigen consulta sobre reparaciones económicas a víctimas de violencia

Marcha nacional de afectados por la violencia, julio de 2010. Foto: Javier Ugaz

Servindi, 2 de junio, 2011.- Las organizaciones de afectados por la violencia política de Ayacucho exigieron al gobierno la conformación de una mesa de trabajo sobre reparaciones económicas que incluya a las agrupaciones de la sociedad civil a fin de dialogar y determinar los procedimientos y montos acordes a la realidad.

Denunciaron que Jesús Aliaga, titular de la Comisión Técnica Multisectorial y a la vez secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), no coordina con ellos ni les han consultado sobre la propuesta económica que oscila entre 7 mil y 25 mil nuevos soles.

El 27 de mayo pasado, en la reunión que se sostenía en la Presidencia del Consejo de Ministros, Aliaga Baldeón pretendió desconocer la labor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política (Conavip).

Desde hace varios años, las organizaciones han cuestionado el desempeño del funcionario que en lugar de responder oportunamente con la reparación a víctimas en extrema pobreza, actúa con pies de plomo.

La actitud es comprensible si se evalúa la política de Estado del actual gobierno en materia de derechos humanos.

No obstante, los logros principales en materia de reparaciones se han obtenido por medio de reclamos, marchas y gestiones con congresistas y personalidades que permitieron avanzar en reparaciones colectivas.

El pedido de iniciar las reparaciones económicas individuales lleva más de tres años, y a la fecha, el proceso ha arrojado un informe técnico que propone los cuestionados montos señalados.

Aquí el pronunciamiento de las organizaciones:

Las organizaciones de afectadas por la violencia política de Ayacucho que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos, frente a la escasa coordinación y la consulta para la implementación del programa de reparaciones económicas del Plan Integral de Reparaciones - PIR, nos dirigimos a la opinión pública regional, nacional e internacional para manifestar los siguientes:

Primero: Las víctimas y familiares afectadas por el proceso del conflicto armado interno ocurrido entre 1980 a 2000, hemos demandado hace muchos años a los diferentes gobiernos de turno la aprobación e inicio del Programa de Reparaciones Económicas – PRE, conforme a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la Ley 28592 del PIR; sin embargo, el señor Jesús Aliaga Baldeón, actual presidente de la Comisión Técnica Multisectorial encargada de desarrollar lineamientos para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago a favor de las víctimas de la violencia; tiene poca disposición de concertar y consultar a las organizaciones de afectados para dar cumplimiento a las reparaciones económicas; muestra de ello, en la reunión realizado el viernes 27 de mayo del presente año, en la Presidencia del Consejo de Ministros con representantes de Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política - CONAVIP, desconoció la labor de ésta red de organizaciones del ámbito nacional.

Segundo: Dicho funcionario, que a la vez es Secretario Ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMAN, manifestó que la reparación es una decisión administrativo del Estado; por tanto como organizaciones, consideramos que es una decisión unilateral por parte del Estado. Si los representantes del ejecutivo continúan con ésta actitud, apreciamos que el sentido de las reparaciones se estaría desvirtuando y los afectados no se sentirían reparados ni dignificados por el Estado, tal como viene sucediendo con algunos proyectos de las reparaciones colectivas.

Tercero: Reconocemos la voluntad del Gobierno de turno de implementar el plan integral de reparaciones y ahora el anuncio del inicio de reparaciones económicas, como efecto de la presión de afectados; sin embargo, observamos muchas deficiencias en su formulación por no expresar la demanda de los propios beneficiarios para tener mayor legitimidad. Por otro lado, la propuesta elaborada por dicha Comisión es discriminatorio ya que el monto es mínimo que oscila entre siete a veinte cinco mil nuevos soles (7,000.00 a 25,000.00 S/.); porque conocemos de otras experiencias como la reparación a través de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a miembros de comités de autodefensa que fueron montos mayores a lo establecido.

Cuarto: Las organizaciones de afectados por la violencia política, exigimos mayor respeto a la representatividad de dichas organizaciones; por tanto proponemos la inmediata instalación de una Mesa de Trabajo sobre Reparaciones Económicas entre representantes del Ejecutivo y la Conavip bajo la vigilancia de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, a fin de dialogar y determinar los procedimientos y montos acordes a la realidad y que principalmente beneficie a las familias afectadas que viene exigiendo la reparación hace muchos años.

Quinto: Finalmente exigimos a candidatos a la Presidencia de la República, a tomar en consideración las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y principalmente la implementación del plan integral de reparaciones, con prioridad el programa de reparaciones económicas.

Ayacucho, 31 de mayo 2011.