Servindi, 29 de mayo, 2011.- El cambio climático está presente en múltiples manifestaciones alrededor del planeta. La actividad más vulnerable, indican los especialistas, es el agro y, por ende, los agricultores. Los pueblos indígenas del Perú, denominados por la legislación comunidades campesinas y comunidades nativas, también sufren sus efectos y
de ahí la importancia de capacitar a sus líderes para hacer viables proyectos comunales y participar en la toma de decisiones en los diversos niveles de gobierno.
En este sentido se organizó hace unos días el taller nacional “Fortaleciendo la Participación Indígena en las Políticas Regionales de Cambio Climático”, por el Centro de Culturas Indígenas del Perú (Chirapaq).
Uno de los aspectos cuestionados es que pese a que los pueblos indígenas poseen conocimientos ancestrales que les permiten adaptarse al cambio climático no son considerados en las políticas ambientales sobre este tema.
Por ello, una de las propuestas arribadas en el taller es alentar a las organizaciones indígenas y a los funcionarios del Estado a conocer y difundir los derechos consignados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Cerca de 20 organizaciones indígenas andinas y amazónicas, ambientalistas y representantes de gobierno asistieron al taller los días 25, 26 y 27 de mayo.
Tecnología agrícola e hídrica
Los pueblos indígenas cuentan con tecnologías agrícolas y de distribución de agua de probada eficacia que son las más apropiadas para sus localidades y que podrían incluirse en la construcción de políticas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.
Para Róger Rumrrill, hay aproximadamente 60 millones de personas en el mundo han migrado a otros territorios por falta de agua y recursos básicos como consecuencia del cambio climático. “En el Perú, en la provincia de Grau, en Apurímac, hay una comunidad que ha tenido que trasladarse casi íntegramente debido a la falta de agua”, reflexiona.
Gisela Flores, indígena nahua de México, aseveró que en su país se han alterado los ciclos de los cultivos, con efectos en la producción, en la economía y en la cultura.
“Cada año las aves llegaban y así reconocíamos el inicio del nuevo ciclo de cultivo. Pero este año las aves no llegaron y no hemos podido hacer la ceremonia acostumbrada para esta ocasión”, explica.
Convenio 169 y gobernabilidad
Yaizha Campanario, representante del Programa PRO169 de la Organización Internacional del Trabajo, explicó que el Convenio 169 no beneficia solo a los pueblos indígenas, sino a toda la sociedad ya que propicia la gobernabilidad.
“Las empresas son las primeras que deben exigir al gobierno que lleven a cabo los procesos de consulta a fin de evitar conflictos sociales en el futuro que puedan perjudicarnos a todos”, indica.
“No hace falta ninguna ley de consulta para aplicar el Convenio. Su ejercicio puede ser realizado tanto por el gobierno central como por los gobiernos locales. Es responsabilidad de todos los niveles del Estado y de la administración pública aplicarlo y el de los pueblos indígenas el exigir que ello se cumpla”, señala.
Ordenamiento territorial y consulta
Por su parte, Alberto Chirif, antropólogo especialista en temas amazónicos, sostiene que la consulta a los pueblos indígenas es un derecho de alta democracia, inédito para el Perú.
“Para ejercer este derecho hay que romper una inercia. No será el Estado el que hará respetar los derechos de los pueblos indígenas. Son las propias organizaciones las que deben luchar por ello. Lamentablemente en su incumplimiento hay un elemento de racismo muy profundo” indica.
“Las ordenanzas regionales pueden ser una estrategia muy efectiva. Por ejemplo, en Datem del Marañón la Municipalidad Provincial implementa desde 2009 un Plan de Ordenamiento Territorial y Zonificación Ecológica y Económica de los pueblos indígenas. A nivel local, el potencial de estas herramientas es más grande de lo que se utiliza”, concluye.
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