Servindi, 6 de mayo, 2011.- El pueblo wixárika afronta un problema de sobrevivencia por la presencia en sus territorios de empresas mineras. Presentamos tres documentos de interés para quien desee informarse sobre este caso.
Tierras ancestrales y lugares sagrados
por Magdalena Gómez
Los numerosos conflictos que viven los pueblos indígenas en defensa de sus territorios frente al asedio de las concesiones mineras nos plantean la reflexión en torno a la justiciabilidad del derecho indígena. La fuerte etapa de luchas por la juridicidad de las demandas deja saldos negativos, pues en el orden interno se fueron colocando a los pueblos indígenas numerosos candados que en contrapartida significaron apertura al capital para usufructuar los recursos naturales.
A partir de las reformas salinistas al artículo 27 constitucional se posibilita no sólo la entrada de las tierras al mercado, sino también que sociedades mercantiles con capital extranjero puedan asociarse, tomar acciones y tener control sobre recursos. Nuestra paradoja es que los recursos del subsuelo siguen asignados al dominio directo de la nación, pero las normas secundarias están orientadas para que el gobierno los malbarate.
En ese contexto hoy tenemos que la defensa de sus lugares sagrados congrega a las autoridades tradicionales wirrárikas para enfrentar al Estado mexicano, pues en la zona de Real de Catorce, en San Luis Potosí, otorgó en esta ocasión 22 concesiones a la trasnacional minera canadiense First Majestic Silver Company, sumando 6 mil 326 hectáreas.
Argumentan su oposición: porque afecta a la ruta de nuestros sitios sagrados; las ceremonias que practicamos; a los ejidatarios; a nuestro lugar sagrado; a nuestra ceremonia cultural ancestral y de las futuras generaciones… porque nunca los pueblos indígenas fuimos consultados ni los ejidatarios de San Luis Potosí.
En coincidencia con la demanda indígena, por fortuna la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha venido preguntando con seriedad: ¿cómo hago para dar la razón a este pueblo con los instrumentos de que dispongo? De ahí la cuestión de señalar que la propiedad se vincula con derechos culturales, con derechos ancestrales. Pero no se trata sólo de la propiedad privada; avanzó hacia su dimensión indígena a partir de la noción de tierra ancestral en lógica incluyente del territorio de estos pueblos. En este sentido ha emitido una serie de sentencias en la última década, donde ha resuelto que para lograr el respeto a los territorios y tierras de pueblos indígenas tiene que colocar la mira en el derecho de propiedad y vincular éste con la supervivencia cultural. Con la jurisprudencia de la Corte de manera central, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió el informe Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos.
Se trata de jurisprudencia interamericana aplicable por la CIDH, pero también es reivindicable en el orden interno. Se postula la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz del conjunto de tratados de derechos humanos. Una de las tesis centrales del informe es quepara las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, incluso para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Y anota, los pueblos indígenas y tribales consideran que ciertos lugares, fenómenos o recursos naturales son especialmente sagrados de conformidad con su tradición, y requieren especial protección. Los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y tribales son un elemento constitutivo de su cosmovisión y su religiosidad, dado que para ellos los conceptos de familia y de religión se conectan íntimamente con los lugares donde los cementerios ancestrales, los lugares de significado e importancia religiosos y los patrones de parentesco se han desarrollado a partir de la ocupación y uso de sus territorios físicos (parágrafo 150). Por otra parte, además de sus derechos como pueblos las y los integrantes de los mismos tienen de su parte la libertad de creencias que establece el artículo 24 constitucional. Para un wirrárika dicha libertad se concreta en la ruta anual a sus lugares sagrados, situación que amenazan las concesiones mineras en curso, por lo cual cada una y cada uno podrían solicitar amparo, además de acudir ante la CIDH a solicitar de emergencia medidas cautelares para detener el daño que amenaza ser irreversible para la protección de sus lugares sagrados. Bajo el principio de no discriminación es inaceptable que se impida a los wirrárikas el ejercicio de sus ceremonias religiosas por no ser coincidentes con las de otros sectores de la sociedad. Por otra parte están también presentes los derechos de los ejidatarios de la zona de Real de Catorce, que al paso del tiempo en su mayoría han aceptado que sus tierras están ubicadas en el lugar de paso de una ceremonia sagrada ancestral que debe respetarse. De nueva cuenta los pueblos se enfrentan a la realidad de que en México se pretende que sus derechos sean sólo de papel.
Aseguran que los gobiernos no han respetado los decretos de protección de su zona sagrada
por Raúl Torres (La Jornada)
“¿De qué sirven entonces los acuerdos, los decretos, los planes de manejo y la palabra de Felipe Calderón, vestido de wixárika prometiendo la protección de nuestros lugares sagrados a la hora de firmar el pacto de Hauxamanaka hace apenas dos años?”.
Con esa pregunta, y muchas otras, los miembros del Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta emiten una crítica severa a las instituciones del Estado mexicano por permitir que la empresa First Majestic siga adelante con el proyecto minero que amenaza con contaminar uno de los sitios sagrados más emblemáticos para los wixaritari y convocan a organizarse localmente para cambiar las cosas “desde abajo”.
Tras la última reunión del Consejo, realizada los días 8 y 9 de abril en la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, se redactó un pronunciamiento en el que señala: “tenemos más de siete meses exigiendo al gobierno de nuestro país que cancele las 22 concesiones mineras a la empresa canadiense First Majestic Silver Corp. y su prestanombres mexicano Real Bonanza en la sierra de Catorce y no hemos escuchado ninguna respuesta de ninguna de las instituciones municipales, estatales o federales (…) La minería en este lugar sagrado no sólo destruye un pilar fundamental de la cultura wixárika, es un atentado que traería como consecuencia muchos desastres naturales y muerte”.
Pero los wixaritari saben de la miseria que impera en la región, saben que “el despojo y la discriminación hoy tienen a Wirikuta como una de las zonas con más marginación del país”, y saben que ante eso el proyecto de First Majestic obligará a muchos a irse de sus tierras o aceptar “con humillación la alternativa minera” que provocará a largo plazo contaminación con metales pesados.
Ante ello, el Consejo asegura tener otras propuestas para que las familias campesinas de ejidatarios que viven en Wirikuta puedan vivir en su tierra “con salud y bienestar”.
“Los gobiernos no dan muestra de ser buenos para el diálogo (…) el gobierno de México en todos sus niveles hace como que escucha la palabra de nuestros sabios cantadores mara’akame; han aceptado nuestras demandas que les hemos presentado para que respeten nuestra cultura y han firmado decretos y planes de manejo pero muy pronto esos acuerdos los viola el mismo gobierno (…) nuestra propuesta es cambiar desde abajo, desde la organización local tanta injusticia que hoy viven, reconstruyendo los tejidos sociales. Hemos hecho nuestra su situación y estamos trabajando para que entre todos nos demostremos que somos capaces de construir alternativas dignas”, afirma el pronunciamiento.
La Comisión, integrada por autoridades tradicionales, agrarias, consejos de ancianos y centros ceremoniales de la nación wixárika asegura que el frente Tamatsima Waha’a, que pretende hacer frente al proyecto minero en Wirikuta, está integrado por numerosas organizaciones civiles nacionales e internacionales que trabajan tejiendo alianzas con otros pueblos y movimientos afines a esta lucha.
“Agradecemos el apoyo de los pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá, organizados en la Iglesia Nativa Americana y por supuesto a nuestros hermanos del Congreso Nacional Indígena (…) Queremos reiterar la necesidad de mantener una interlocución y coordinación de confianza a través de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI), y evitar retrasos en la comunicación en nuestras comunidades que de por sí es complicada”, señalaron.
Los wixaritari concluyen este pronunciamiento con otra pregunta que tal vez tampoco merezca respuesta de las autoridades: “¿De qué otra manera quiere el gobierno que se le recuerde su obligación constitucional, histórica y moral de respetar nuestro patrimonio fundamental, el patrimonio de todos los mexicanos y de la humanidad?”
Malos Vecinos: Las empresas mineras canadienses en América Latina
por Liisa L. North (Salvemos Wirikuta)
31 de diciembre de 2010
Solo el año pasado, al menos cinco opositores a los proyectos canadienses de explotación minera fueron asesinados en América Latina: tres en El Salvador, uno en Guatemala y uno en México. Los críticos de las actividades mineras en esos y otros lugares fueron heridos y mutilados en los ataques, mientras que muchos otros, junto con sus familias, fueron amenazados. Las empresas mineras canadienses no eran necesariamente responsables directas de las muertes y los actos de intimidación y violencia, pero algunos de estos actos se perpetraron por personal de seguridad de las empresas y empleados actuales o anteriores. Podría ser el caso que las empresas implicadas no sean legalmente responsables, pero junto a las élites y los estados locales que autorizan y promueven actividades extractivas, por lo menos tienen una responsabilidad moral en la aparición de las situaciones del conflicto en las cuales los asesinatos y otros actos de violencia suceden.
La mayoría de los canadienses no suelen pensar en sus inversionistas como violadores de los derechos humanos o de Canadá como un “mal vecino”. Lamentablemente, desde principios de 1990 y sobre todo en la última década, las actividades de nuestros mineros nos están dando esa reputación. Las empresas, por supuesto, sostienen que están trayendo el muy necesario empleo e incluso el “desarrollo sostenible” a las regiones pobres donde operan. Si lo están haciendo, parece ser una forma de desarrollo que muchos no desean ver en sus comunidades.
Las empresas mineras canadienses en el extranjero
Una espectacular expansión de la inversión minera canadiense en América Latina ha tenido lugar durante las dos últimas décadas, parte del crecimiento general de nuestra inversión minera en el extranjero. Hoy en día, casi el 60 por
ciento de todas las empresas mineras se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto. Nuestros mineros son altamente visibles en todo el hemisferio sur, y sus operaciones han provocado manifestaciones frente a edificios de las embajadas de Canadá en varias capitales de América Latina.
Por primera vez en la historia diplomática de las relaciones Canadá-América Latina, la Gobernadora General se encontró el año pasado en la Ciudad de México con gritos de “Canada go home.”
Esta expansión de la inversión responde a los altos precios de minerales y a las ganancias sin precedentes, impulsada por el rápido crecimiento de la demanda, especialmente en China, pero también en la India, hasta que la crisis económica golpeara en 2008 (los precios del oro continuaron aumentando, incluso en medio de la crisis, al igual que los conflictos asociados a la minería de oro en la que algunas empresas canadienses están involucradas). Los niveles de ganancia también se elevaron por las políticas neoliberales de fomento a la exportación y las inversiones favorables a las reformas de la legislación minera patrocinadas por los bancos internacionales y las agencias de desarrollo de los países capitalistas centrales, entre las que se encuentra la Agencia Internacional de Desarrollo de Canadá (CIDA, por sus siglas en inglés).
Para los gobiernos latinoamericanos faltos de liquidez, los dólares que pueden obtenerse de las exportaciones de minerales resultan muy atractivos para casi todos ellos, frente al espectro político de izquierda a derecha. Además de El Salvador, que suspendió recientemente nuevos proyectos mineros, sólo algunos gobiernos locales -municipios y provincias- han decidido rechazar abiertamente la expansión de la minería en sus territorios.
Corporaciones contra comunidades
Muchos tipos de conflictos superpuestos surgen alrededor de la minería: ambientales, sociales, económicos, políticos e incluso espirituales (en el caso de los cementerios y la montaña sagrada para los pueblos indígenas), que giran, en primer lugar, en torno a temas del aire, el suelo y la contaminación del agua y sus efectos sobre la salud ambiental y humana, así como la agricultura, la ganadería y otras actividades productivas y generadoras de empleo. Los conflictos también surgen de la escasez de agua, pues los ríos y pozos tienden a secarse en las zonas mineras. Las quejas han venido también por los daños que causan las explosiones controladas en las casas de los poblados cercanos y por la desestabilización de las laderas.
La desorganización social –que se manifiesta en el aumento del alcoholismo, el consumo de drogas, la prostitución y la violencia contra la mujer- también puede acompañar a la industria minera. En la medida en que la minería hace que la agricultura, la ganadería y otras empresas comerciales no sean viables, el desplazamiento y la migración son otros resultados.
Estos conflictos han implicado una serie de males políticos: divisiones entre los grupos anti y pro-minería en las comunidades donde se ubican o se proyectan las minas; represión asociada al uso de empresas de seguridad privada e incluso de organizaciones paramilitares para proteger las instalaciones mineras; y la corrupción de autoridades de todos los niveles de gobierno -local, provincial y nacional (esta es una de las quejas en el sitio del ahora clausurado Blackfire Exploration en Chiapas, México, donde fue asesinado un activista/ambientalista de la comunidad el año pasado). Algunos afirman que la minería ha llevado incluso a Ottawa a entrometerse en conflictos políticos de mayor envergadura. En este sentido, nuestro gobierno ha sido acusado de apoyar los intereses a favor de la minería en el golpe de 2009 en Honduras.
En lo que respecta al medio ambiente, la liberación de metales pesados en la atmósfera y de muchos tipos de “agentes” tóxicos en el suelo y el agua de las comunidades cercanas a las minas es un problema en casi todos los sitios mineros. En el peor de los casos esto incluye derrames de tóxicos (como el mercurio) y la ruptura de los contenedores de residuos, que puede envenenar grandes extensiones de tierra y agua. En lugar de generar “desarrollo sostenible”, los impactos ambientales de las operaciones mineras, en sí mismas, pueden destruir alternativas productivas y reducir las posibilidades de empleo. En resumen, esto puede llegar a ser mortal para las comunidades agrícolas cercanas.
Los conflictos políticos y la corrupción que la minería genera también pueden llegar a ser mortales, como demuestra el recuento de asesinatos del año pasado. Con el fin de acceder a tierra rica en minerales, sea ésta propiedad privada o en posesión de grupos indígenas, las empresas pagarán precios por arriba de las tarifas del mercado local y recurrirán a diversos tipos de persuasión (en otras palabras, sobornos o “mordidas”) a los miembros de las élites locales y políticos. Efectivamente, las comunidades y las familias pueden incluso terminar divididas e incapacitadas, especialmente en áreas remotas donde las tradiciones democráticas, los niveles educativos y las capacidades organizativas son débiles.
En los países con una larga historia de explotación minera, los miembros de las élites locales que poseen propiedades mineras pueden adherirse en calidad de accionistas minoritarios. Entonces, influyen en las políticas del gobierno nacional para favorecer los intereses de las corporaciones extranjeras o garantizar la inacción cuando las comunidades de sitios mineros se quejan de abusos. Las posibilidades de la manipulación corporativa son mayores y más peligrosas en los países pobres con estados débiles, sistemas judiciales corruptos, recientes experiencias de guerra civil y altos niveles de represión -los llamados “regímenes de baja gobernabilidad”, El Salvador y Guatemala en Centroamérica, y Colombia y Perú en América del Sur ocupan un lugar notorio entre ellos.
Responsabilidad corporativa en el extranjero
Catherine Coumans, una autoridad líder en rendición de cuentas corporativa en el extranjero de Mining Watch Canada, nos dice que los actuales códigos voluntarios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) “no señalan la necesidad de sancionar y reparar, no garantizan el respeto de los derechos humanos, y no admiten ni promueven la agencia comunitaria para proteger valores sociales, económicos y ambientales”. Los líderes comunitarios no buscan programas de RSC, quieren una regulación estatal efectiva y un mejor acceso a la justicia, concluye ella. En el otro lado del debate, la respuesta de Ascendant Copper/Mesa Copper ante la demanda presentada en 2009 por las comunidades de Valle de Intag en Ecuador repite la actitud general del sector minero: la compañía insiste en que sus prácticas en el Valle de Intag reunieron las más altas normas éticas de la RSC.
Esa es una afirmación dudosa a la luz de la evidencia filmada de ataques armados por parte de sicarios en contra de pobladores, grabado en el documental “Bajo Suelos Ricos” de Malcolm Rogge. Mientras los críticos del estado actual de la cuestión tratan el asunto de la regulación gubernamental de las operaciones mineras en el extranjero, el gobierno de Harper (actualmente Primer Ministro canadiense) ha apoyado por completo la posición de las corporaciones, bajo el argumento que los códigos voluntarios son suficientes, que la acción reguladora del Estado canadiense podría dañar la posición competitiva de las corporaciones de ese país, y que es el Estado en donde se ubica la empresa minera el que tiene la responsabilidad legal de regular, sancionar y garantizar las indemnizaciones, y no el Estado canadiense. Aunque, en realidad, las debilidades, los altos niveles de corrupción, e incluso los prejuicios racistas de los Estados y los políticos latinoamericanos, entre otras cosas, asegura la impunidad de la mala conducta corporativa.
En octubre de 2009, el gobierno de Harper estableció una oficina de asesoría, la Consejería de RSC del Sector Extractivo, para ayudar a resolver las controversias en torno a la RSC. Sin embargo, esa oficina puede investigar los casos sólo con el consentimiento explícito de las compañías acusadas, y no puede emitir sanciones. En consecuencia, ha sido llamada una agencia “sin dientes” por el congresista liberal John McKay, quien promovió el proyecto de ley C-300 para llevar a cabo una industria minera responsable dónde sea que opere fuera de Canadá. El proyecto de ley fue diseñado para crear un mecanismo de denuncia y de investigación para las comunidades adversamente afectadas por las empresas canadienses de extracción de recursos. Si se prueba su culpabilidad en actos ilícitos serios, una corporación puede quedar privada del financiamiento público, incluyendo la inversión del Plan de Pensiones de Canadá. El proyecto de ley, sin embargo, no preveía la reparación de los daños y perjuicios. En cualquier caso, la ley C-300, habiendo pasado la segunda lectura tuvo en la tercera una ajustada derrota -140 a 134. 20 miembros del Partido Liberal y congresistas del Nuevo Partido Democrático (NDP, por sus siglas en inglés), entre ellos, el líder liberal Michael Ignatieff, se abstuvieron de votar el 31 de octubre de 2010.
Defenderse
Por lo menos tres comunidades de América Latina han impedido el establecimiento de mineras canadienses dentro de su territorio en los últimos diez años. Más del 80 por ciento de los votantes de Tambogrande en Perú y Esquel en Argentina rechazó la minería en los referendos locales, las comunidades campesinas aisladas del valle de Intag en Ecuador recurrieron a la movilización cívica.
La capacidad de resistencia de estas comunidades parece crecer por una combinación de factores. En los tres casos, la información veraz sobre los impactos de la minería se ha generado y difundido por respetadas instituciones y líderes locales. Esas instituciones incluyen organizaciones ambientalistas, estaciones de radio y periódicos, grupos progresistas vinculados con la iglesia y organizaciones de derechos humanos. En el caso de Esquel, también participa la universidad de la ciudad y asociaciones fuertes de docentes. Por supuesto, estas organizaciones pueden funcionar efectivamente sólo cuando los espacios democráticos están disponibles y, sobre todo, si el contexto político es favorable, como fue el caso del Valle de Intag, que forma parte de un municipio declarado zona libre de la minería por su consejo de indígenas progresistas y por el alcalde. Asimismo, resulta más fácil movilizar a la gente que tiene alternativas. Aunque existe pobreza y desempleo en esas tres comunidades, también existen actividades económicas que se pueden ver afectadas por los impactos ambientales de la minería: la exportación próspera y la agricultura orientada al mercado interno en el caso de Tambogrande, la agricultura, la ganadería y el turismo en Esquel, y la agricultura y el ecoturismo en la zona de Intag.
Las alianzas internacionales pueden ser útiles para mejorar las capacidades locales, mediante la transferencia de información sobre los impactos de la minería y los historiales de determinadas compañías. Estas alianzas también pueden generar recursos para la resistencia, como para costear el viaje a Canadá para testificar ante las comisiones parlamentarias, para informar al público y para iniciar acciones legales. Esa fue la ruta tomada por miembros de la comunidad de Intag que en 2009 demandaron a la Bolsa de Toronto y Ascendant Copper/Copper Mesa.
Ley internacional de los Derechos Humanos
También parece que las posibilidades de ser escuchado son mayores en las agencias internacionales de derechos humanos que apelando al gobierno canadiense. Se necesita tiempo, recursos y aliados para acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero las 18 comunidades indígenas mayas afectadas por la canadiense Goldcorp en la mina Marlin en Guatemala, hicieron precisamente eso con un resultado notable. El 20 de mayo de este año, la CIDH ordenó al gobierno de Guatemala a suspender las operaciones de dicha mina como una “medida cautelar” contra la degradación que afectaba la salud humana y ambiental de las comunidades circundantes. Para sorpresa de muchos observadores, un mes después, el gobierno de Guatemala estuvo de acuerdo en hacerlo.
La mayoría de los observadores se sorprendieron por esta decisión del gobierno de Guatemala, ya que la directiva y accionistas de Goldcorp, así como políticos canadienses han ignorado o desestimado anteriores informes críticos de grupos y agencias independientes y creíbles, incluyendo al Tribunal Latinoamericano del Agua que documentó la contaminación del agua y el agotamiento, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que identificó violaciones de los derechos humanos; Médicos por los Derechos Humanos y la Universidad de Michigan que encontraron evidencia de contaminación en muestras de sangre y orina, y una compañía encargada de la evaluación que encontró problemas graves en el sitio de la mina.
Si Goldcorp y el gobierno canadiense pueden ignorar todos estos informes, no hay mucho que esperar de los códigos voluntarios o de la nueva Consejería de RSC del Sector Extractivo, que puede examinar los casos sólo si la empresa está dispuesta a dar su aprobación. Mientras que nuestras corporaciones y el gobierno nacional niegan los daños causados, y los abusos a menudo asociados con la minería, las comunidades afectadas que tienen quejas legítimas muy rara vez obtienen una respuesta favorable por parte de sus propios gobiernos. Queda por verse si el gobierno de Guatemala mantiene su decisión de cerrar la mina Marlin, al menos temporalmente, mientras los abusos son investigados.
Traducción: Luis Fernández. E-mail: [email protected]
Fuente: Wixárika
Archivo En Linea De Arte, Historia Y Cultura Huichol
http://wixarika.mediapark.net/sp/sp_wirikutaMalosVecinos.html
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