Servindi, 11 de abril, 2011. Cuatro indígenas de la etnia mapuche fueron condenados el pasado 22 de marzo, acusados de atentado a la autoridad y robo con intimidación por el caso del ataque al fiscal Mario Elgueta ocurrido en octubre de 2008.
El líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, recibió la sentencia de 25 años de prisión, mientras que los demás dirigentes mapuches Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical fueron condenados a 20 años.
Ellos fueron juzgados de acuerdo a la Ley Antiterrorista, a pesar de que el gobierno solicitó la recalificación para delitos comunes. La defensa de los acusados dijo que presentará un recurso de nulidad en la Corte Suprema.
La sentencia fue considerada abusiva por la defensa, quien enumeró varias infracciones cometidas durante el proceso, entre ellas, adulteración de pruebas y uso de testigos secretos.
El año pasado, los Mapuches hicieron una huelga de hambre por casi tres meses para intentar conseguir un juicio justo, sin aplicación de la Ley antiterrorista y sin uso de testimonios ocultos, pero no fueron escuchados.
"Creemos que existen diversas irregularidades que deben ser consideradas por la Corte Suprema, toda vez que consideramos que el juicio atenta contra el debido proceso”, precisó el jurista defensor.
Victoria Fariña, abogada de Jonathan Huillical, afirmó que existió una ‘grave transgresión’ puesto que se consideraron leyes amparadas por la Ley Antiterrorista, cuando la misma sentencia dice que no hubo terrorismo.
La defensoría cuenta con diez días para dar entrada a la acción, y de no conseguir los resultados esperados, los defensores podrán recurrir a Cortes Internacionales.
Según el abogado Pelayo Vial, el Estado Chileno ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que comprueba que el proceso judicial ha sido irregular.
Nactividad Llanquileo, portavoz de los Mapuches, consideró que la sentencia fue una ‘exageración' y el proceso estuvo marcado por irregularidades. Para ella, existe un motivo político detrás de la decisión, pues la coordinadora siempre sufrió persecuciones.
Ella afirmó que con la sentencia se busca ‘debilitar al movimiento', ya que el interés de los poderosos es mantener 'detenidas' a las personas que piensan, y que ‘están en contra de su modelo económico'.
Para Pamela Pesoa, esposa de Héctor Llaitul, la condena representa represión de las figuras de 'fuerte participación política en organizaciones que insistieron en la lucha por la recuperación territorial'.
"La justicia no existe en Chile para el pueblo mapuche sobre todo. (...) Lo cierto es que no hay ninguna evidencia científica, ninguna prueba objetiva para haber llegado a esta condena", dijo.
Para el abogado y codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, las alegaciones de delitos terroristas fueron utilizadas para perseguir a los Mapuches por actos de protesta social.
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