Río Xingú. Foto: AIDA
Servindi, 06 de abril, 2011.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó oficialmente al gobierno de Brasil suspender de inmediato la licencia y construcción de la gran represa de Belo Monte por que el proyecto podría perjudicar los derechos humanos de las comunidades tradicionales de la cuenca del río Xingú.
La comisión perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que el gobierno debe realizar procesos de consulta “previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuados” con las comunidades indígenas involucradas antes de iniciar la construcción de la hidroeléctrica.
El gobierno de Brasil recibió un plazo de quince días para informar a la CIDH sobre el cumplimiento de la resolución respecto al proyecto ubicado en el estado de Pará.
La decisión de la CIDH responde a una denuncia presentada en noviembre de 2010 por una coalición de organizaciones integrada por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) y la Prelazia del Xingú.
Asimismo, por el Consejo Indígena Misionero (CIMI), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Sociedad Paranaense de Derechos Humanos (SDDH) y Justicia Global, en nombre de varias comunidades tradicionales de la cuenca del Xingú.
De acuerdo a la denuncia, las comunidades ancestrales no fueron consultadas de forma adecuada sobre el proyecto que de llevarse a cabo, causará daños socio-ambientales irreversibles, desplazamientos forzados de miles de personas y amenazará una de las regiones de mayor valor para la conservación de la biodiversidad en el Amazonas.
“Al reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa e informada, la CIDH solicita que el gobierno brasileño paralice la construcción de Belo Monte y garantice el derecho de decidir de los indígenas”, dijo Roberta Amanajás, abogada de la SDDH.
“De esta forma, seguir con las obras sin realizar las consultas indígenas violaría el derecho internacional y el gobierno sería responsable internacionalmente por los impactos negativos causados por el proyecto” precisó Amanajás.
La CIDH también resolvió que Brasil debe adoptar medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la cuenca del Xingú, además de prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades indígenas afectadas por la obra.
“La decisión de la CIDH envía un mensaje claro que las decisiones unilaterales del gobierno y la justicia brasileños, en busca del crecimiento económico a cualquier costo, constituyen una afronta a las leyes del país y a los derechos de las poblaciones tradicionales locales”, dijo Antonia Melo del MXVPS.
“Nuestros gobernantes no pueden continuar excusándose en el crecimiento económico para violar los derechos humanos e impulsar proyectos que promueven la destrucción de nuestros recursos naturales y la muerte de los pueblos del Xingú y del Amazonas” afirmó Melo.
La represa no sólo ha sido criticada por comunidades y organizaciones de la sociedad civil, sino también por científicos, investigadores y expertos de las agencias federales brasileñas. Sólo el Ministerio Público Federal ha presentado diez demandas que están pendientes de resolverse.
“La decisión de la CIDH de la OEA es una alerta para el gobierno de Brasil y de todos los países de la región para que discutamos ampliamente entre todos este modelo de desarrollo autoritario y altamente predatorio que se está implementando en el hemisferio”, afirmó Andressa Caldas, directora de Justicia Global.
“Son muchos los casos de desalojos forzados de familias que nunca fueron indemnizados, grandes impactos ambientales, destrucción social de comunidades y aumento de la violencia y pésimas condiciones de trabajo alrededor de los trabajadores de obras” sostuvo Caldas.
Ella cuestionó los impactos ocasionados por las grandes obras que se ejecutan en el marco del Programa de Aceleración de Crecimiento que promueve el gobierno y que transgreden los derechos humanos.
Sheyla Juruna, líder de la comunidad indígena Juruna del km 17, afectada por el proyecto manifestó estar muy conmovida por la noticia.
“Hoy, más que nunca, tengo la certeza de que estamos en lo correcto al denunciar al gobierno ante la justicia por las violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas del Xingú y de todos los que están juntos en esta lucha en defensa de la vida y del medio ambiente" dijo Juruna.
"Continuaremos firmes y resistentes en esta lucha contra la implementación del Complejo de Belo Monte” concluyó.
La decisión de la CIDH se fundamenta en el Convenio sobre Pueblos Indígenas N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Convención sobre Biodiversidad, en la Convención Americana y en la propia Constitución de Brasil.
Más información acerca del proyecto de Belo Monte:
Contactos relacionados:
- Asesoría de comunicaciones del MXVPS:
- Tica Minami – (+55-11) 6597 8359,
- Verena Glass – (+55-11) 9853 9950
- Antonia Melo, coordinadora MXVPS: (+55-93) 9135 1505, [email protected]
- Sheyla Juruna, líder indígena MXVPS: (+55-93) 8126 8674
- Marco Apolo, presidente SDDH: (+55-91) 8156 0860, [email protected]
- Roberta Amanajás, abogada SDDH: (+55-91) 8162 1232, [email protected]
Asimismo:
- Astrid Puentes, co-directora AIDA: +1 202-2943285, [email protected]
- Andressa Caldas, Justicia Global: (+55-21) 21 8187 0794, [email protected]
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Agradecemos el envío de la información a Andrew E. Miller, de Amazon Watch.
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