Por María Luisa del Río Labarthe*
El Comercio, 28 de marzo, 2011.- El presidente Alan García acaba de anunciar mediante un decreto supremo que la segunda vuelta electoral será el 5 de junio, fecha que coincide con el Día Mundial del Ambiente y con los dos años de los sucesos de Bagua, en los que murieron 34 peruanos. Como ya sabemos, el trasfondo de este conflicto fue la mala costumbre de nuestros gobernantes de dar decretos sin consultar a las poblaciones que se verán directamente afectadas por ellos.
Como resultado de este hecho se creó el proyecto de ley de consulta previa, aprobado por el Congreso el 19 de mayo del 2010 y cuyo texto oficial fue enviado al presidente García para su promulgación. Y aquí viene lo bueno: el presidente observó el texto de la ley y la devolvió al Congreso. Sus desacertadas observaciones, la mayoría de las cuales carece de sustento jurídico, fueron las siguientes: que la ley no debía otorgar a los pueblos indígenas el derecho de veto, es decir, que su opinión no debía ser vinculante (una burla); que el procedimiento planteado frenaba las inversiones privadas (lo típico); que el derecho de grupos minoritarios no podía anteponerse a los intereses de la mayoría y que las comunidades campesinas no debían considerarse como parte de los pueblos indígenas (claro, a menos gente reclamando, menos complicaciones).
Sin una discusión seria, el Congreso aprobó un dictamen aceptando las observaciones del presidente, cambió el texto de la ley y creó un nuevo documento que incluye todos los abusos que plantean dichos cambios. Así se elaboró un nuevo proyecto de ley que tendrá que volver a ser discutido en el Congreso pero que, visto fríamente, mejor que no se discuta porque no sirve para nada.
El gobierno de turno incumple con descaro nuestras obligaciones contraídas con la firma del Convenio N° 169 de la OIT.
Ahora estamos ante un cuadro electoral muy incierto que se definirá justamente el 5 de junio, cuando la población recuerde una vez más que el Gobierno de turno incumple con descaro nuestras obligaciones contraídas con la firma del Convenio N° 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificado por el Perú en 1994 y reconocido con rango constitucional por el TC en el 2009.
El objetivo de este convenio no es darle “derechos especiales” a los pueblos indígenas sino reconocer derechos específicos y universales para contrarrestar la discriminación que enfrentan. Por eso el convenio exige a los gobiernos firmantes que garanticen los derechos de estos pueblos y trabajen de la mano con ellos. El Perú lo ha firmado y manda textos ejemplares en sus informes anuales a la OIT acerca de obligaciones que simplemente no cumple, a pesar de que tienen rango de ley. De modo que ni siquiera necesitamos una ley de consulta previa, pues ya la tenemos.
Pero seguimos jugando a esperar que corra sangre para actuar y decir que se trata de minorías que están en contra del crecimiento. Lo único bueno de esta gran estafa a los pueblos indígenas es que el Gobierno de turno ya está de salida. Lo increíble, es que los candidatos se han dado el lujo de viajar por todo el Perú, pero no se han manifestado sobre temas ambientales ni sobre el derecho a consulta. Miren bien su calendario, señores.
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* María Luisa del Río Labarthe es periodista y narradora. Se ha especializado en el relato corto y es aficionada a la fotografía. Es autora del libro “No mires atrás" (Lima, 2006, Editorial Solar). Además, colabora con las revistas Somos, Aqua, Cosas, elgourmet.com, Rolling Stone, Etiqueta Negra y Dedomedio. Ha vivido en Manhattan, en la costa norte del Perú, donde administró el bar La Tribu; y en la selva amazónica, donde trabajó en un proyecto de desarrollo con comunidades jíbaras, dirigiendo un boletín de noticias. Acaba de publicar el libro Cusco Bizarro (Aguilar 2008) después de una larga estadía en el Valle Sagrado de los Incas.
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Fuente: Diario el Comercio: http://elcomercio.pe/impresa/notas/increible-triste-historia-ley-consulta/20110327/733586
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