Servindi, 19 de enero, 2011.- 122 aborígenes colombianos fueron asesinados en el 2010, mientras que 10 desaparecieron y otros 1,146 fueron obligados a desplazarse, según denunció la Organización Nacional indígena (ONIC), en un informe entregado a la Agencia France Press (AFP).
Según el informe, la situación se agravó el pasado año, donde los 1.3 millones de indígenas colombianos sufren la agresión de parte de los agentes del estado principalmente, seguido de los grupos guerrilleros y los paramilitares de extrema derecha, en el marco de conflicto armado que padece el país desde hace décadas.
La ONIC además indica que la violencia contra los indígenas se viene incrementando de año en año. En el 2009, la cifra de indígenas asesinados fue de 94, mientras que la cantidad para el 2010 la “sobrepasa por un gran margen”, indicó la Organización, que agrupa a más de 80 etnias del norte, suroeste y de los departamentos selváticos del sur del país.
De los 122 indígenas asesinados en 2010, se cuentan 5 niños, 17 mujeres y 100 hombres, indica el informe.
Además, el estudio indicó que se registró un descenso de los crímenes contra los indígenas tras el cambio de gobierno, cuando Juan Manuel Santos asumió el gobierno el pasado 7 de agosto.
"Se destaca respecto al primer semestre una disminución en la responsabilidad de los actores del Estado (de un 52% a un 43%), puede ser el cambio de gobierno una probable consecuencia de esta disminución", indicó al respecto.
Sin embargo, los principales actores de las violaciones de los derechos humanos de los indígenas continúan siendo los agentes del estado; mientras que los grupos insurgentes, en especial la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "ocupan el segundo lugar".
En tercer lugar se encuentran los grupos paramilitares que, según el informe, ahora actúan como bandas de delincuentes.
Durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002 – 2010), más de 30 mil paramilitares se desmovilizaron pero varios centenares volvieron a las armas apoyados por los narcotraficantes, para controlar cultivos de coca y vigilar la salida de la droga.
La situación afecta principalmente a los indígenas Nukak, del departamento de Guaviare, donde muchos de ellos han tenido que desplazarse debido al narcotráfico y otros terminan por trabajar en la recolección de coca.
La ONIC además indica como casos de agresión a los indígenas, la violencia sexual contra la mujer (5 casos en el 2010), de los que señala como principales responsables a miembros del Ejército, y que estos casos se dan "asociados con operaciones militares".
En el informe se advierte sobre la delicada situación en que se encuentran los pueblos indígenas NIkak y Jiw, en Guaviare, por el “despojo sistemático que vienen sufriendo en la última década”.
Los grupos armados ilegales y legales, así como el avance de la colonización inciden directamente en las prácticas tradicionales de caza y recolección, indica el documento, que concluye advirtiendo que la situación de esos dos pueblos es tan crítica “que podrían llegar a desaparecer".
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