Servindi, 22 de setiembre, 2010.- Defensoría del Pueblo estudia la constitucionalidad del Decreto Legislativo Nº1095 que otorga facultades a las Fuerzas Armadas para actuar contra la protesta social.
Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, hizo este anuncio después de sostener una reunión con diversas organizaciones indígenas que le expresaron su preocupación por el DL 1095.
Los líderes indígenas están preocupados porque el decreto autoriza el uso de la fuerza a los miembros de las Fuerzas Armadas en el caso de las protestas sociales y porque les otorga facultades muy amplias y excesivamente discrecionales.
También dialogaron sobre la demora en la aprobación de la Ley de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
Al respecto, la Defensora del Pueblo reiteró su compromiso de trabajar junto con los pueblos indígenas, a fin de garantizar su efectiva aplicación, de acuerdo con lo establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Las organizaciones indígenas que participaron fueron la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI) y el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina (CCPICAN).
El polémico DL 1095 se emitió el 1 de setiembre y otorga facultades a los militares para que controlen las protestas internas cuando se declare el estado de excepción y sin necesidad de la participación de la policía, un requisito que antes era obligatorio.
También la norma establece que la intervención de los militares se dará "en apoyo de la policía sin declaratoria de estado de emergencia ni ningún otro requisito preciso".
Asimismo, en caso algunos de sus miembros cometan violaciones de derechos humanos, solo serán juzgados en el fuero militar y no en la jurisdicción penal ordinaria.
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