Alfredo Seguel propone que ante el abandono por parte de la institucionalidad pública para resguardar los derechos socio ambientales deviene fundamental "que sean las propias comunidades, las poblaciones, las organizaciones sociales quienes deban asumir los grandes desafíos de articularse para defender y ejercer sus derechos, de manera autónoma, amplia, representativa, efectiva, horizontal y solidaria."
"El aislamiento, el vanguardismo, el caudillismo y el individualismo frente a estas grandes luchas y desafíos solo están destinadas al fracaso o, en el último de los casos, a logros mediáticos, pero manteniendo el mismo modelo y sus consecuencias."
Por Alfredo Seguel
Antecedentes generales
La situación de exclusión, imposición, negación y atropello a los pueblos en Chile y sus derechos, víctimas de un modelo económico y política estatal, se traduce en problemas significativos en cada aspecto del desarrollo social; desde la situación de salud y educación, territorios, medio ambiente, recursos naturales hasta la exclusión de los procesos políticos, del mercado laboral y productivo y la alienación cultural.
Los pueblos en Chile y sus comunidades y poblaciones no tienen el respeto y garantía al derecho a su libre determinación, esto es, de determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Una de las proyecciones a la libre determinación que más transgresiones ha enfrentado son los Derechos Socio Ambientales y las Soberanías sobre los Recursos Naturales.
Una breve aproximación al mapa de los conflictos ambientales en Chile deja en evidencia que siempre ésta realidad afecta principalmente a sectores más "vulnerables" en cuanto a sus derechos, donde se privilegia a las grandes compañías económicas para que obtengan grandes utilidades en sus operaciones, con el apoyo de los gobiernos.
En la actualidad, existen proyectos de privatización de derechos de agua, del mar y borde costero, de expansión de plantaciones forestales - celulosas, constitución de concesiones mineras, plantas de tratamientos de aguas servidas, de patente de germoplasma, grandes obras viales, industriales, energéticas (hidroeléctricas), turísticas o la instalación de vertederos, que afectan directamente a diversas poblaciones y sus derechos.
La Industria Forestal
El fenómeno de la globalización forestal, en Chile como en otras partes del mundo, ha agudizado aún más los conflictos territoriales entre comunidades y ciudadanía.
Este modelo constituye la causa principal de los impactos negativos que dicha industria está generando con las plantaciones a gran escala de monocultivos de especies exóticas como pino y eucalipto. Entre los impactos están el uso indiscriminado de plaguicidas, la sequía de recursos hídricos, la pérdida del suelo agrícola y ganadero, la pérdida del bosque nativo, los transgénicos, el desplazamiento forzado de poblaciones rurales, el empobrecimiento, entre otros.
Se agregan a ello, los problemas históricos acerca de la posesión de las tierras, la presión sobre los recursos naturales y el explosivo crecimiento de esta presión fijando estrechos límites para su conservación e impactos derivados en la calidad de vida de la gente y los ecosistemas.
En Chile existen más de 2.500.000 hectáreas de plantaciones exóticas controladas principalmente por los grupos económicos Matte (CMPC, Mininco, Crecex, Monteaguila) y Angelini (Arauco), cuyos patrimonios han sido obtenidos principalmente del saqueo cometido al Estado de Chile.
Ellos han controlado su poder de manera fáctica, manteniendo proteccionismos políticos y legislativos para sus intereses, con tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y una red política y económica corrompida, en desmedro de los derechos de una gran mayoría de personas y los pueblos que coexisten en el país.
Como consecuencia de este modelo, la destructiva industria de celulosa se viene expandiendo, propiedad de estos mismos grupos económicos como Angelini: Nueva Aldea, Celco, Licancel, Constitución, Arauco, Valdivia; o bien, la del Grupo Matte: Laja, Santa Fe, Pacífico-Mininco.
Esos son un ejemplo de las consecuencias de un modelo cuyos impactos hace rato han quedado a la vista pública y que detonan, por ejemplo, con la destrucción del Río Cruces en Valdivia y así sucesivamente en diversos lugares de Chile y en distintos ecosistemas, incluso en el litoral.
La industria de celulosa proyecta aumentar su capacidad y construir nuevas instalaciones, estimándose que por cada 150.000 hectáreas de plantaciones se requerirá una industria de esta naturaleza, lo que pone en grave riesgos a estos territorios y sus poblaciones.
Algunos de los problemas inevitablemente derivan en conflictos al resistirse legítimamente las comunidades y poblaciones a que se siga afectando su calidad de vida y un claro ejemplo de esto son las luchas contra la industria forestal y de celulosa.
Asimismo, lo que acontece en ese sentido demuestran los niveles de intervención de los grupos económicos que son amplísimos en Chile.
Sus redes empresariales y familiares han demostrado enorme capacidad de influencia sobre partidos políticos, poderes públicos, autoridades y medios de comunicación, dejando en el absoluto desamparo a grupos sociales víctimas de estas inversiones y sus efectos.
Ejercicio de Derechos y Legítima Defensa
Es necesario analizar en profundidad estas situaciones y poder establecer nuevas formas de articulación, alianzas, estrategias de colaboración y defensa o de intercambios de información entre sectores sociales organizados que han sido víctimas de este modelo forestal o que se resisten a sus impactos e inversiones, como también, de organizaciones concientes y comprometidas con el trabajo de resguardo, promoción y ejercicio de los derechos socio ambientales.
Desde esta perspectiva, varios encuentros se han venido realizando, principalmente entre quienes son víctimas directas de este modelo. Uno de estos fue el realizado en Cobquecura los días 27 y 28 de octubre denominado Resistencia Social Frente al Modelo Forestal y que fue convocado por la Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social junto a OLCA y la organización ciudadana Salvemos Cobquecura.
Otro evento reciente fue el realizado el 17 de noviembre en Coelemu como un encuentro territorial que convocó a los defensores y habitantes de la cuenca del rió Itata y las costas de la VIII Región en Chile afectadas por el ducto de CELCO Nueva Aldea.
Considerando esto y sus proyecciones resulta fundamental, ante el abandono de parte de la institucionalidad pública para resguardar los derechos socio ambientales individuales y colectivos, que sean las propias comunidades, las poblaciones, las organizaciones sociales quienes deban asumir los grandes desafíos de articularse para defender y ejercer sus derechos, de manera autónoma, amplia, representativa, efectiva, horizontal y solidaria.
El aislamiento, el vanguardismo, el caudillismo y el individualismo frente a estas grandes luchas y desafíos, solo están destinadas al fracaso o en el último de los casos, a logros mediáticos, pero manteniendo el mismo modelo y sus consecuencias.
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