Bolivia: Relator ONU recibió denuncias de indígenas de tierras altas y bajas

AINI, Santa Cruz, 30 de noviembre de 2007.- Organizaciones indígenas de Bolivia presentaron el 27 de noviembre diversos casos de violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas al Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen.

Las organizaciones reunidas con el relator fueron la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ) y la Federación Sindical Única de Mujeres Campesina Bartolina Sisa (FSUMCBS).

El mexicano Rodolfo Stavenhagen es el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de las Naciones Unidas (ONU).

Fue designado el 2001 por la Comisión de Derechos Humanos y fue uno de los impulsores de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Indígenas de la ONU, que luego de más de 20 años fue aprobada el pasado 13 de septiembre.

Rodolfo llegó a Bolivia en misión especial tras la invitación del gobierno y el objetivo de su visita es evaluar la situación actual de los derechos indígenas en el país.

Bolivia -indicó- se ha constituido en un referente importante para el mundo en materia de derechos humanos por ser el primer país que ha homologado la Declaración de la ONU elevándola a rango de Ley de la República.

Violaciones de derechos en las Tierras Bajas

En representación de la CIDOB, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu (APG IG), pusieron en consideración del relator cuatro casos documentados de violación a los derechos indígenas:

1.El caso del Bosque seco chiquitano.

Desde 1999 la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), en complicidad con empresas petroleras (ENRON y SHELL) y ONG bolivianas (Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado) y estadounidenses (Wildlife Society Conservation WCS, Missouri Botanical Garden MBG) se atribuyeron -por encima de los indígenas chiquitanos y del propio estado boliviano- la conservación del bosque seco chiquitano.

Sin consultar a los indígenas chiquitanos y a nombre de la conservación del bosque seco recibieron 20 millones de dólares de las petroleras y actualmente están recibiendo recursos de la Unión Europea, institucionalizando así, la sistemática violación a los derechos indígenas del pueblo chiquitano.

Todo ello, a vista y paciencia de gobiernos anteriores y en la actualidad, amparados por el gobierno departamental de la ciudad de Santa Cruz.

2.El caso de la quema y destrucción de las oficinas.

Se trata de la quema y destrucción de las oficinas de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) en San Javier, Concepción, San Matías y San Miguel, hechos producidos en diciembre de 2006 cuando jóvenes agrupados en la Unión Juvenil Cruceñista, hicieron destrozos y agresiones físicas violentas a los dirigentes y miembros de la OICH.

Todos estos hechos se efectuaron al calor del Cabildo Cruceño impulsado por la Prefectura de Santa Cruz y el Comité Cívico de Santa Cruz, y aún se encuentran impunes ya que no se ha procesado ni condenado a los autores.

3.El caso de la construcción de la Carretera bioceánica Santa Cruz Puerto Suárez.

La construcción de esta carretera es financiada por instituciones financieras internacionales como el BID, la CAF y también cuenta con el aporte financiero de la Unión Europea.

La carretera atraviesa el territorio chiquitano y en ella se han producido una serie de irregularidades sociales, ambientales y culturales vulnerando los derechos indígenas reconocidos por el Convenio 169 de la OIT, como el derecho a la consulta previa e informada, a la compensación justa, al beneficio.

4.El caso de la empresa hispano argentina Repsol YPF S.A.

La empresa Repsol YPF SA opera desde 1997 en el territorio guaraní de Itika Guasu, en la provincia O'Connor departamento de Tarija, y amparada en leyes aprobadas en 1996 en el marco del ajuste estructural ingresaron al territorio guaraní violando derechos como el de la consulta previa e informada, el derecho al beneficio, el derecho a la indemnización justa.

Casos presentados por las Tierras Altas

La Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa presentó al Relator los avances alcanzados en el marco de la Asamblea Constituyente donde las organizaciones indígenas, campesinas y originarias del país han presentado sus propuestas.

Tales propuestas han sido recogidas en los informes por mayoría de las 21 comisiones y están reflejadas en la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en grande el pasado 24 de noviembre.

También presentaron el caso de retardación en el ejercicio del derecho al territorio, por la falta de titulación de una comunidad campesina indígena en el departamento de Cochabamba.

Por su parte, la CONAMAQ expuso al relator su propuesta de reconstitución territorial, que según los originarios, surge de las comunidades y Ayllus del Aransaya y Urinsaya del territorio de Bolivia.

Posición del Relator

Luego de escuchar los casos presentados el relator destacó importantes aspectos dignos de consideración en el análisis y comprensión del proceso que el país está viviendo.

Stavenhagen destacó primero que en América Latina la violación de los derechos de los pueblos indígenas no es un hecho aislado sino institucionalizado por los estados.

Los estados omitieron su obligación de pre cautelar los derechos indígenas, protegen y dejan impunes a los que violan sus derechos en especial si se trata de grupos de poder o empresas transnacionales, expresó el relator.

Stavenhagen consideró importante lo que sucede en Bolivia ya que los pueblos indígenas han pasado de una mirada local o regional a una mirada global, y generan propuestas que van a beneficiar no sólo a la comunidad o a la organización sino al propio país.

Consideró de suma importancia que Bolivia sea el primer país en elevar a rango de ley la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU aprobada en septiembre después de más de 20 años de intensas discusiones.

Sin embargo, el relator consideró que hace falta una mayor toma de conciencia de ese hecho pues el estado boliviano requiere modificar la institucionalización del racismo, del desprecio a lo indígena, para convertirse en los hechos en un estado que promueve, protege y defiende los derechos indígenas.

Finalmente, el relator recomendó a las organizaciones indígenas a seguir trabajando en la defensa de sus derechos y a mantener la unidad por sobre todo, pues los avances que se han logrado y los que se pueden construir tiene su base fundamental en la unidad de los 36 pueblos indígenas originarios de Bolivia.

El relator elevará recomendaciones

Stavenhagen a pesar de su apretada agenda de once días de estancia en Bolivia seguirá recorriendo el país para reunirse con organizaciones indígenas, funcionarios y el propio Presidente de la República.

Finalmente, elaborará un informe que en la hermeneútica de las Naciones Unidas tiene el carácter de recomendaciones al gobierno boliviano como a los que protagonizan la vulneración de los derechos indígenas.

Las recomendaciones si bien no son vinculantes, serán elementos claves para ratificar las denuncias que hace años hacen los pueblos indígenas, en especial los afectados por actividades extractivas como la minería, el gas y el petróleo.

Las organizaciones recalcaron que son dichas empresas transnacionales las que amparadas en la actitud pasiva del Estado han cometido una serie de violaciones que deben ser investigadas, sancionadas y corregidas.