Servindi, 9 de julio, 2010.- Un Informe del Consejo Indigenista Misionero (Cimi) denunció que el Estado brasileño aplica una política de represión y abandono a las comunidades indígenas en el estado Mato Grosso do Sul.
“La realidad en el estado confirma la estrecha relación entre los conflictos de tierras y la violencia. En esos conflictos se oponen a la agroindustria, las plantaciones y los pueblos indígenas”, explica el informe.
En el informe Iara Tatiana Bonin, Doctor en Educación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS), dice que Mato Grosso es el estado brasileño donde existe un “racismo institucional” en contra de los indígenas.
Según el Cimi, un organismo vinculado a la Confederación Nacional de los Obispos en Brasil, "en 2009 fueron registrados 133 casos de violencia provocados por la omisión del poder público".
Entre ellos destaca "el gran número de muertes por falta de asistencia sanitaria, 41 en total", veintidós de ellos ocurridos en Mato Grosso do Sul.
Falta de asistencia
Cimi confirma que las comunidades indígenas de Brasil presentan un “alarmante” índice de desnutrición.
En el 2009, "se registraron 90 casos en la comunidad guaraní kaiowá de Dourados, Mato Grosso do Sul se agregó a ese número nueve muertes de niños debido al bajo peso al nacer: 7 en Sao Paulo , Uno en: Tocantins y Paraná".
Hidroeléctricas en la Amazonía
Además, los indígenas en Brasil sufren los impactos negativos por las construcciones de hidroeléctricas.
En el documento revelan que los "daños causados por los grandes proyectos del gobierno federal impactan los territorios indígenas y afectan la vida de diversos pueblos, inclusive aquellos que tienen poco o ningún contacto con la sociedad".
En particular Cimi se refiere a la represa de Belo Monte en el estado amazónico de Pará, que será la tercera más grande del mundo y obligará al desplazamiento de comunidades indígenas.
"El proyecto presentado por el gobierno como fuente de desarrollo, en verdad, traerá consecuencias desastrosas e irreversibles para el medioambiente y a las comunidades de la región", se señala en el documento.
Represión Estatal
El informe también descubre que existe “un creciente proceso de criminalización de la dirección y la intensificación de las acciones contra los indígenas y sus luchas en varios estados”.
“En junio de 2009, cinco de las comunidades indígenas de la Sierra del tupinambá Baker, Ciudad de Buerarema, fueron capturados y golpeados por la policía federal”, indica Cimi.
Incluso varios de los indígenas detenidos en la ciudad de Buerarema recibieron descargas eléctricas en el dorsal y genital con el objetivo de intimidarlos para que abandonen sus tierras.
Son treinta y cinco dirigentes del pueblo Xukuru están siendo criminalizados. Ellos fueron acusados y procesados por diversos delitos.
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