Por CooperAcción
En las dos últimas semanas, los peruanos nuevamente hemos constatado lo endeble que es nuestra institucionalidad ambiental y los enormes riesgos que se presentan constantemente en diferentes partes de nuestro territorio.
Primero, el derrame de petróleo en el río Marañón, en el distrito de Urarina en Loreto; luego el colapso del depósito de relaves, en el distrito de Huachocolpa, en Huancavelica, que está causando una terrible contaminación de tres ríos de la zona, además de los impactos en las actividades económicas de las comunidades y en la salud de sus pobladores.
Lo más terrible de todos estos hechos es constatar que las empresas petroleras y mineras implicadas, tienen un largo historial de comportamiento irresponsable en sus actividades. Pluspetrol ha provocado varios derrames similares en los últimos años y es la misma empresa que durante años arrojó al río Corrientes, el 100% de las aguas de producción sin tratamiento en los lotes 1AB y 8, causando graves problemas de contaminación. Denuncias de las comunidades Achuar, medidas cautelares de por medio, cierres temporales y finalmente una acta, la de Dorissa, firmada entre la empresa, las comunidades y el Estado, no han impedido que los derrames continúen.
En Huancavelica la situación es dramática. Las comunidades denuncian que en los últimos años se han producido una serie de accidentes que involucran a la misma empresa y otras que operan en la región y que hay más de 70 pasivos ambientales mineros que no tiene dueño y no se remedian. Las principales cuencas que atraviesan Apurímac vienen siendo afectadas sin que nadie haga nada. Ahora, en el caso específico se acepta que faltó una adecuada política de control y prevención, pero ¿quién asume la responsabilidad?
¿Qué hacer? ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente? Estos lamentables sucesos plantean la necesidad de revisar criterios, políticas públicas y romper el esquema predominante de la autorregulación privada. Las empresas, sobre todo las extractivas, han construido un discurso que apunta a señalar que sus propias regulaciones son las que les permiten operaciones seguras y totalmente limpias. No es así. No se puede confiar en los mecanismos de control de las empresas que dependen por lo general de sus intereses económicos. Se hace necesario fortalecer los mecanismos públicos de regulación y control, más aún en operaciones de alto riesgo.
Este es un tema fundamental por la creciente presencia de actividades mineras y de hidrocarburos. Esperemos que las autoridades reaccionen, hagan algo y dejen de lado absurdas acusaciones contra los líderes ambientales y sacerdotes que denuncian estos hechos y exigen con justa razón que se protejan los ecosistemas y a los pobladores.
Desde acá nuestra solidaridad con el sacerdote Paul McAuley y el rechazo a la insensatez gubernamental de querer expulsarlo.
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