Prensa Latina, 26 de agosto, 2016.- El gobierno de Bolivia ultima condiciones para la arrancada del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino, el cual dispondrá de un presupuesto de más de 320 millones de dólares dirigidos a proyectos productivos.
Según el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, la iniciativa debe iniciar en octubre o noviembre, cuando se convocará a los alcaldes y organizaciones sociales municipales para que presenten sus proyectos de desarrollo.
Anticipó que para el próximo año se destinarán al menos mil 500 millones de bolivianos -cerca de 216 millones de dólares-, para concretar nuevas obras.
No obstante, dijo Cocarico, hasta fin de año se dará continuidad a alrededor de un centenar de proyectos suspendidos por la intervención del anterior Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas.
Reiteró que el gobierno priorizará la atención a los mecanismos para transparentar el manejo de recursos y ejecución de los planes.
La principal característica tiene que ser una ejecución institucional de los proyectos, a través de tres instancias: los gobiernos municipales, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social o del propio Fondo de Desarrollo Indígena, advirtió.
Según el ministro de Desarrollo Rural y Tierras la ejecución y desembolso de recursos se realizará dentro de la Ley 1178, de Administración y Control Gubernamental y del Decreto Supremo 181, de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Una vez que esté listo el diseño de proyecto debe buscarse un aliado para ejecutarlo; puede ser la alcaldía, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social o el propio Fondo Indígena, para luego contratar a la empresa ejecutora sobre la base de las normativas, detalló.
Cocarico reiteró que el desembolso de recursos nunca se realizará a cuentas personales de los beneficiarios o dirigentes, sino directamente a la empresa que ejecute el proyecto, con un pago inicial de 20 por ciento del total presupuestado.
En agosto de 2015, el gobierno del presidente Evo Morales decidió liquidar el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, sumido en denuncias de corrupción después de nueve años y ocho meses de vigencia.
Para reemplazarlo se creó el Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino que dispuso cambios en la estructura, administración, política y gestión respecto del fondo anterior.
Según un informe oficial, las irregularidades generaron un daño económico al Estado no menor de 14,6 millones de dólares por proyectos financiados, pero nunca concretados.
Varios ejecutivos del Fondo están acusados por el uso irregular del financiamiento, al igual que unos 90 dirigentes campesinos e indígenas, quienes habrían recibido dinero en cuentas bancarias personales.
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