Por Servicios Educativos Rurales (SER)
20 de mayo, 2010.- La aprobación de la Ley de Consulta por parte del Congreso de la República (1) marca un hito en la siempre compleja relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas de nuestro país, en particular con aquellos que se ubican en la Amazonía, a quienes se tuvo al margen de las políticas públicas a lo largo de casi toda nuestra historia republicana. Asimismo constituye un importante avance en el largo camino de construcción de la ciudadanía en el Perú.
Por otro lado, con esta norma se marca un nuevo derrotero en las relaciones entre la empresa privada dedicada a las industrias extractivas y las comunidades propietarias de las tierras donde desarrollan sus inversiones. En efecto, a partir de ahora, el desarrollo de proyectos de inversión deberá tener como base fundamental la construcción de una relación equilibrada y respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas, ya que lo que se busca finalmente con la Ley de Consulta es que su voz sea escuchada y tomada en cuenta. Ésta es la única vía para llegar a acuerdos que sean sostenibles en el tiempo y beneficiosos para la mayoría.
Al Estado, por su parte, le espera una enorme tarea en todos sus niveles. La burocracia estatal, acostumbrada a mirar por encima a nuestros conciudadanos indígenas, tendrá que iniciar un proceso de diálogo permanente con este sector de la población, escuchándolo y recogiendo sus inquietudes y preocupaciones frente a las medidas legislativas y administrativas que afecten su desarrollo y sus modos de vida. Así mismo, las autoridades y funcionarios deberán entender que la consulta no es una traba sino que, por el contrario, es una palanca de inclusión y de afirmación de la ciudadanía y la diversidad cultural de nuestro país.
Para las organizaciones de los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil que las apoyan, es el momento de ir más allá de las críticas y observaciones que tengan a la ley, mostrando la madurez y capacidad suficiente para avanzar en poner sobre la mesa, junto con sus muchas y legítimas demandas, las propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres indígenas.
Como se ve, nos aguarda un reto enorme, y la primera tarea que queda, a casi un año de los trágicos y lamentables sucesos de Bagua, es hacer que la Ley de Consulta aprobada por el Congreso de la República, sea promulgada lo antes posible por el Poder Ejecutivo para que entre en plena vigencia. De esta manera habremos dado un nuevo paso en la construcción de la democracia y el respeto de los derechos en el país.
Nota:
(1) http://www.ser.org.pe/components/com_remository/docs/CAT_DOC_Peru__552.pdf
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