Servindi, 30 de abril, 2010.- Sin dudas el mayor conflicto social que ha tenido que enfrentar el presidente Rafael Correa durante su mandato fue contra los pueblos indígenas del interior del país que rechazaron desde un comienzo el proyecto de "Ley Orgánica que Regula los Recursos Hídricos y el Uso y Aprovechamiento del Agua".
Pues el conflicto podría hacerse más intenso o solucionarse según lo que decida finalmente la Asamblea Nacional de Ecuador el próximo martes 4 de mayo, cuando someta a debate y proceso de votación dicho proyecto de ley.
Por lo pronto, los líderes indígenas vienen tomando medidas al interior de sus agrupaciones para disuadir a representantes del oficialismo que apoyan la medida. Lo mismo sucede entre asesores y delegados de diferentes movimientos sociales que buscan limar los puntos que más polémicas suscitó.
En tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó un texto alternativo para la llamada “Ley de Aguas” y advirtió que de no aprobarse el mismo, los pueblos indígenas de Ecuador se levantarán en una nueva movilización masiva.
El presidente de CONAIE, Delfín Tenesaca, anunció que se preparan para tomar edificios de instituciones públicas, bloquear carreteras y radicalizar las movilizaciones en las calles y plazas del país. Lo cual mantiene preocupadas a las autoridades.
Como se recuerda, hace unos meses Ecuador estuvo paralizado por la gran acogida que tuvo el movimiento indígena en su primer reclamo popular. Se acató un paro indefinido y miles de personas salieron a las calles a marchar. La protesta se sintió con bastante intensidad hasta en la capital, Quito.
De otro lado, el proyecto de ley del oficialismo también es rechazado por la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), que está enfrentada actualmente a la CONAIE y que además rompió su alianza con el gobierno izquierdista de Rafael Correa por las discrepancias con esa iniciativa.
En ese sentido, el antropólogo y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Fernando García, sostuvo que "un problema de fondo de esta ley y otras que hacen a los recursos naturales es que no se han construido consensos con las organizaciones sociales".
Sin embargo, el miembro de Alianza País y presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, argumentó que se ha desarrollado todo un proceso de seminarios, talleres y foros con todo tipo de organizaciones sociales.
Las organizaciones indígenas criticaron que este proceso haya sido insuficiente, debido a que los plazos para terminar la ley fueron impuestos desde un principio. García manifestó que "aunque se ha cumplido la formalidad del debate, la presión de cumplir con los plazos (para expedir la ley), primero para octubre de 2009, como lo dispuso la Constitución, luego para marzo y después para abril, no ha permitido utilizar el tiempo necesario para llegar a acuerdos".
Entre los puntos en discusión de la ley se encuentra la concesión de distribución. La CONAIE considera que los municipios no pueden dar en concesión la distribución del servicio de agua potable debido a que es igual a privatizarla, lo cual está prohibido por la Constitución.
Otro de los problemas principales en discusión es la autoridad única del agua, prevista en la Constitución. Según el proyecto gubernamental, es el presidente de la República quien nombra al Secretario Nacional del Agua, con rango de ministro.
En ese punto, la CONAIE propuso que el organismo máximo sea un Consejo Plurinacional, en el que tengan mayoría las organizaciones indígenas, de campesinos y las juntas de usuarios de los sistemas de riego. Este mismo sistema se replicaría en cada circunscripción territorial.
El proyecto del oficialismo acepta la existencia de un Consejo Plurinacional, pero le da funciones de formular políticas y vigilancia del cumplimiento de la ley, no de decisión. Además, tendrá composición paritaria de delegados gubernamentales y de la sociedad civil, con el Secretario del Agua con voto dirimente.
Por el momento no se sabe si esta discusión llegará a su fin el próximo martes 4 de mayo, o si la decisión de la Asamblea Legislativa marcará el nuevo inicio de una protesta nacional de los pueblos indígenas ecuatorianos. Solo queda esperar el resultado y las reacciones.
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