Por Esther Vivas
Los casos de gripe porcina, pollos con dioxinas, vacas locas, gripe aviar, etc., han encendido las luces de alarma sobre el impacto del actual modelo agroalimentario globalizado. Cada vez son más las personas que se preguntan a dónde conduce este modelo de alimentación deslocalizado, industrial, intensivo, quilométrico, que antepone los intereses económicos y empresariales a las necesidades alimenticias, al bien público y comunitario, al respeto a la naturaleza.
Este cuestionamiento del modelo agroindustrial se enmarca en una crítica más general al sistema capitalista, de la que el movimiento altermundialista fue uno de sus máximos abanderados. Este movimiento, muy activo a principios de los años 2000, dejó un sustrato fértil de resistencias locales, dio lugar a una nueva generación militante y supo vincular la crítica y la movilización global con la búsqueda de alternativas desde lo local.
Estas dos dinámicas –la preocupación por el actual modelo agroalimentario y el ímpetu en la construcción de alternativas en los territorios a raíz del movimiento altermundialista– son dos de los elementos que explican el auge de los grupos de consumo agroecológico en el Estado español. Se trata de experiencias que agrupan a nivel local a personas que buscan promover otro modelo de consumo: de proximidad, ecológico y estableciendo unas relaciones directas entre consumidor y productor.
Los primeros grupos en el Estado español surgieron a finales de los ochenta y principios de los noventa, pero no fue hasta hace unos cinco años que estos tuvieron un crecimiento importante. En Catalunya, por ejemplo, se pasó de menos de diez cooperativas en 2000 a casi un centenar en la actualidad, sumando 2.880 unidades de consumo. En cifras totales, se trata de experiencias en las que participa un número reducido de personas, pero la tendencia va en aumento, lo que demuestra una creciente preocupación por el actual modelo agroalimentario y la voluntad de llevar a cabo un consumo que sea solidario con el campo, con criterios sociales y medioambientales y basado en la autogestión.
A pesar de compartir unos elementos comunes, existe una gran variedad de modelos organizativos, de relación con el campesino, de formato de compra, etc. En el Estado español encontramos, por un lado, aquellos grupos de consumo que integran en su seno a consumidores y a productores, en la que los primeros garantizan la compra de la producción anticipadamente, colaboran algunos días al año en la finca y comparten beneficios y pérdidas. Por otro lado, la mayoría, se trata de grupos integrados únicamente por consumidores, quienes establecen una relación directa con uno o varios campesinos, que trabajan en marcos organizativos diferenciados.
En lo que respecta a la compra, hay modelos donde el consumidor puede escoger aquellos productos de temporada que desee y otros que perciben cada semana una cesta cerrada con frutas y verduras de la huerta. Otro elemento que distingue a unos grupos de otros es su grado de profesionalización. La mayoría funcionan a partir del trabajo voluntario, aunque hay algunas iniciativas que cuentan con personas asalariadas, quienes, en ocasiones, se encargan de una tienda abierta al público.
La crisis en la que se encuentra el sector agrario y las dificultades para acceder directamente a los consumidores, con una ley de márgenes poco transparente y que sitúa el diferencial medio entre el precio en origen de un producto y en destino en casi un 500%, beneficiando principalmente a la gran distribución, ha llevado a los agricultores a buscar alternativas. El sindicato campesino COAG impulsa la iniciativa ARCO (Agricultura de Responsabilidad Compartida) con el objetivo de promover unos circuitos de comercialización cortos: mercados de productores, grupos de consumo, cajas a domicilio, venta en explotaciones, comedores colectivos, etc., y evitar intermediarios.
La multiplicación de estas experiencias plantea una serie de oportunidades para desarrollar otro modelo de consumo desde lo local, recuperando el derecho a decidir sobre cómo, cuándo y quién produce lo que se consume, que los bienes naturales, agua, tierra y semillas, estén en manos de quienes trabajan la tierra y que no sean privatizados ni mercantilizados. Es lo que el movimiento internacional de La Vía Campesina ha llamado derecho a la soberanía alimentaria. Frente a un modelo de agricultura intensiva e industrial que calienta el planeta y que genera hambre, es necesario apostar por una agricultura local, sostenible, en manos del campesinado familiar capaz de alimentar al mundo y enfriar la Tierra.
El gran reto es cómo llegar a más gente, hacer estas experiencias viables, mantener unos principios de ruptura con el actual modelo agroindustrial, seguir vinculadas a una producción y a un consumo local y rechazar los intentos de cooptación y el marketing verde. La tarea no es nada fácil.
Las cooperativas y los grupos de consumo tienen que aliarse con otros actores sociales (campesinos, trabajadores, mujeres, ecologistas, ganaderos, pescadores…) para cambiar este modelo agroalimentario, pero a la vez deben ir más allá y participar en espacios amplios de acción y debate como foros sociales, campañas, plataformas… para conseguir un cambio de paradigma.
La lógica capitalista que impera en el actual modelo agrícola y alimentario es la misma que afecta a otros ámbitos de la vida: la privatización de los servicios públicos, la especulación con el territorio y la vivienda, la deslocalización empresarial, la precariedad laboral, etc. Cambiar este sistema agroalimentario implica un cambio radical de paradigma y la crisis múltiple del capitalismo en la que estamos inmersos (financiera, climática, social, política, de los cuidados, alimentaria, energética) lo pone claramente de manifiesto.
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Esther Vivas es miembro de la Red de Consumo Solidario.
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