|
|
Por Mayra Rodríguez
ALC, 10 de abril, 2010.- El arduo trabajo de organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos se vio retribuido cuando, el pasado 5 de abril, la Sala de Apelaciones de Antigua Guatemala ratificó la primera sentencia por desaparición forzada, emitida en agosto del pasado año por el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango.
Se trata del ex-comisionado militar Felipe Cusanero, quien fue sentenciado a 150 años de prisión, acusado de ser el responsable material de la desaparición forzada de seis personas mayas, entre ellas una mujer, en tiempos del conflicto armado interno.
“Este avance nos demuestra que sí es posible juzgar estos casos y que, con voluntad e independencia del sistema de justicia, se puede acabar con la impunidad del pasado y del presente”, afirmó, en un comunicado de prensa, el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, entidad que ha estado acompañando a las familias de las víctimas.
Este fallo se destaca no solo por ser la primera sentencia que se dictamina por desaparición forzada en Guatemala, sino, además, por ser el primero en que se condena al autor material de desaparición de una mujer, en este caso una adolescente de 16 años.
“Lo que las mujeres sufrieron durante la guerra interna en nuestro país ha sido silenciado, por lo que es momento, también, de empezar a visibilizar la discriminación y violencia contra las mujeres, expresada a través del cuerpo de las mujeres”, aseveró en la misiva que el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos enviara a los medios de comunicación.
Las seis desapariciones forzadas se perpetraron entre septiembre de 1982 y octubre de 1984, en la aldea Choatalum, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, por Felipe Cusanero, en algunos casos en compañía de miembros del Ejército, a quien familiares de las víctimas, por años, solicitaron información sobre el paradero de las mismas, pero Cusanero se negó a brindar dicha información, con el agravante de amenazar a los familiares para disuadirlos de la búsqueda.
Esto llevó a los familiares a organizarse y presentar el caso ante los tribunales de justicia en el 2003, caso que, con el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos, y después de 7 años, llegó a feliz término.
----
Fuente: Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (ALC)
Añadir nuevo comentario