Colombia: Indígenas Embera rechazan violencia para defender proyecto minero

Servindi, 4 de abril, 2010.- Diversas comunidades de la etnia Embera denunciaron ser asesinados, amenazados, torturados, intimidados por parte del Ejército nacional y la empresa minera norteamericana Muriel Mining Corporation. Entre los últimos hechos se registró el bombardeo de la comunidad de Alto Guayabal en el Resguardo Uradá Jiguamiandó.

En este hecho, de la madrugada del 30 de enero, resultando heridos varios miembros de una misma familia y días mas tarde muerto un bebé recién nacido herido en los hecho. “Todo apunta a que tras estos hechos se esconde la velada intención de desplazar a los indígenas de su territorio para dejar vía libre a la minería”, señalaron los pobladores.

Cabe mencionar que la empresa minera viene desarrollando en esta zona el proyecto Mandé Norte/Murindó, la cual fue implementada sin realizar la consulta correspondiente a los pueblos indígenas que habitan este territorio, una de las últimas selvas tropicales del planeta.

“La situación de incertidumbre provocada por la presencia de la minera y los militares provocó el suicidio de ocho mujeres ante el temor de que se destruya totalmente lo sagrado, que ya ha sido repetidamente profanado”, agregaron los voceros de la etnia Embera.

El Cerro Careperro y la concesión minera

El cerro Jaicatuma ("Filo de los espíritus" en lengua Embera) también conocido como Cara de Perro o Careperro, está ubicado en las selvas del Medio Atrato. La zona fue decretada como Reserva Forestal por el gobierno colombiano desde 1959. El territorio llamado Río Murindó es uno de los mayores resguardos indígenas en Colombia, y pertenece legalmente a varias comunidades locales indígenas y afrocolombianas.

En ese sentido, la comunidad Embera Katío del resguardo Uradá-Jiguamiandó manifestó que se encuentra en alto riesgo de desplazamiento, pues “la presión sobre los territorios indígenas aumenta. Somos invadidos, militarizados crecientemente, la movilización se ve limitada, los ecosistemas son destruidos.

El área fue concesionada a la compañía norteamericana Muriel Mining Corporation MMC que comenzó los trabajos de exploración el 1 de enero de 2009. Y lo hizo en compañía de un batallón del Ejercito Nacional, que debía "garantizar" el trabajo de la multinacional.