Servindi, 1 de marzo, 2010.- Se unió al rechazo. El presidente de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios, también consideró que la tentativa de legalizar el desplazamiento forzado de poblaciones con el pretexto de proyectos de desarrollo “de interés nacional” es una nueva fórmula de expropiación de parte del gobierno.
“El gobierno ha estado pensando en la forma de despojar a las comunidades para permitir el acceso de las mineras y las petroleras en los Andes y en la Amazonía”, sostuvo el dirigente campesino.
Además, señaló que el gobierno viene llevando este propósito a niveles de confrontación con las comunidades nativas de todo el país, “sin medir las consecuencias de lo que eso significa”.
En otro momento, Mario Palacios calificó de “agresivo” el comportamiento del gobierno hacia los pueblos originarios y que responde a que tiene grandes compromisos con las transnacionales y grupos de poder en el país.
Sobretodo, resaltó el vínculo de las autoridades con la actividades minera, maderera y de hidrocarburos que intenta promover el gobierno por sobre las protestas de los pueblos indígenas, que reclaman la consulta previa, libre e informada.
“Así, tenemos que más del 75% de la Amazonía ya se encuentra concesionada para realizar proyectos de exploración y explotación minera y petrolera, mientras que en la sierra ya están comprometidas 19 millones y medio de hectáreas con proyectos mineros”, indicó.
No permitirán desplazamientos
Finalmente, el presidente de CONACAMI dijo que las comunidades no permitirán que “normas como el proyecto modificatorio del artículo 8 de la ley 28223, de desplazamientos internos, pasen impunemente y van a responder con energía” para preservar su unidad territorial.
Informó que el 22 de febrero pasado, cuando hubo una marcha pacífica para rechazar el informe de una comisión oficialista sobre los hechos de la Curva del Diablo, la población amazónica reinició sus acciones de rechazo a la política del gobierno con respecto a la Amazonía.
Agregó que a estas manifestaciones se sumarán las demandas de las comunidades del Ande que también están en riesgo.
“A partir de esta fecha hemos dado inicio a una nueva etapa para que nuestros derechos sean realmente respetados, que se caracterizará por una respuesta más contundente y que se desarrollará progresivamente hasta mediados de este año”.
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