Servindi, 5 de febrero, 2010.- Organizaciones campesinas y ambientalistas demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a diversos organismos públicos por la falta de investigación en torno a la entrada ilegal y siembra de maíz transgénico en Chihuahua.
En conferencia de prensa expusieron que en el país es la primera demanda que se presenta ante el organismo internacional por vulnerar los derechos de consumidores y productores, así como sus derechos culturales.
Indicaron que recurrieron a la instancia internacional para evidenciar la falta de actuación del gobierno mexicano ante la introducción y siembra ilegal de transgénicos al país, con lo que se ha violado la normatividad existente.
Los impulsores de la denuncia son la comunidad “El Consuelo”, ubicada en el municipio chihuahuense de Carichí, y las organizaciones El Barzón, Frente Democrático Campesino, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Greenpeace México.
Los organismo denunciados son la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y las procuradurías General de la República (PGR) y Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Los denunciantes sostienen que a pesar de que México es uno de los centros de origen y diversidad genética del maíz, en 2007 se sembraron, de manera ilegal, transgénicos en el Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua, por lo que acudieron a la PGR para que hiciera las indagaciones necesarias.
La siembra se efectuó a pesar de que el país cuenta con una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) que establece la protección para el maíz local. A dos años de esa denuncia ante la procuraduría, hasta el momento no han tenido respuesta.
A juicio de Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace, “el caso de Chihuahua es evidencia contundente de la falta de capacidad efectiva y voluntad política del gobierno mexicano para detener la contaminación transgénica del maíz mexicano”.
Pedro Torres, presidente del Frente Democrático Campesino, dijo que se acude a una instancia internacional "para evidenciar la falta de actuación del gobierno mexicano ante la introducción y siembra ilegal de maíz transgénico a territorio nacional, violando la normatividad existente”.
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