Servindi, 20 de enero de 2010. Daysi Zapata Fasabi, Presidenta encargada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), denunció que la fiscal provincial de Utcubamba, Olga Bobadilla, "estaría actuando como la mano derecha del gobierno", luego que ésta pidiera al juzgado cambiar la orden de comparecencia por detención de los dirigentes Saúl y Cervando Puerta Peña (foto Servindi).
La lider indígena expresó su malestar ante la medida adoptada por la fiscal y la calificó de "irracional" pues ambos hermanos, dirigentes del pueblo awajún, retonaron de su asilo en Nicaragua para ponerse a disposición de la justicia.
Olga Bobadilla fue ubicada en la fiscalía de Utcubamba, región Amazonas, en reemplazo de la fiscal Luz Rojas Méndez quién elaboró una denuncia contra los responsables del denominado "baguazo" involucrando a mandos policiales.
Luz Rojaz fue trasladada por la Ministerio Público el 4 de agosto de 2009 a la Fiscalía de Chachapoyas como titular adjunta y se vio obligada a solicitar protección a su integridad, por las innumerables amenazas a su persona y familiares.
Daysi Zapata Fasabi, quién es originaria del pueblo Yine Yame de la amazonía peruana, senaló que la decisión de la fiscal se enmarca en una permanente persecución a los dirigentes de AIDESEP y "nos damos cuenta, una vez más, que esta nueva fiscal está siendo utilizada políticamente".
Zapata informó que las organizaciones representativas de los pueblos amazónicos se pronunciarán en los próximos días respecto a este y otros hechos pues ya están cansados de sentarse a dialogar mientras continúa la persecución a sus líderes.
"No nos quedaremos con las manos cruzadas mientras el gobierno patea el tablero en la mesa de diálogo. No podemos seguir permitiendo las amenazas ni las persecuciones. No podemos seguir dialogando cuando tenemos la pistola en la frente" afirmó Daysi.
"Nuevamente estamos a punto de que los pueblos salgan nuevamente a las calles. Y ahora no será culpa de nosotros sino del gobierno". Zapata responsabilizó al Ejecutivo por las medidas de fuerza que puedan asumir las comunidades indígenas" concluyó.
Hechos de Bagua pudieron evitarse...
La Defensora del Pueblo Beatriz Merino afirmó que la principal causa de las muertes fue el fracaso del gobierno en su intento de dialogar con los pueblos indígenas.
La titular de la Defensoría pidió que la primera medida debe ser aprobar la Ley para el Derecho a la Consulta, mecanismo que serviría para evitar hechos como los sucedidos el cinco de junio.
Las declaraciones las efectuó a su salida de la Comisión parlamentaria que investiga los hechos de Bagua donde reclamó un Estado dialogante, inclusivo e intercultural.
No podemos vivir en un país donde a nuestros compatriotas indígenas no los consideramos como nuestro prójimos. Debemos volvernos un Estado inclusivo, pues el reclamo de los pueblos fue por una inclusión, que oigan su voz, que les abran las posibilidades reales para que ellos puedan acceder a su propio desarrollo" afirmó.
Merino Lucero señaló que es responsabilidad del Estado "preservar y resolver esta diferencia intercultural, precisó.
La Defensora sostuvo que los lamentables sucesos de Bagua son consecuencia de no haber usado la consulta a los pueblos indigenas, derecho reconocido por nuestro país desde hace 15 años.
La funcionaria también llamó la atención sobre la débil institucionalidad indígena. "Hubo deficiencia y ausencia de un ente motor para promover la representación indígena, un papel que debió ejercer el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) pero que en los últimos años ha sido víctima de la desatención gubernamental".
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Con información de AIDESEP
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