Servindi, 3 de noviembre, 2009.- La parlamentaria Juana Huancahuari denunció al Ejecutivo por presuntamente promover la represión que generó la muerte de 2 campesinos de la localidad Cajas Canchaque, en Huancabamba (Piura), que se oponían al proyecto minero Río Blanco.
Como recuerda la congresista, esta semana un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DIROES) incursionó en el caserío Cajas Canchaque para detener a dos campesinos implicados sin pruebas en hechos de violencia hace unas semanas.
Las fuerzas del orden buscaban llevarlos en calidad de testigos por la Fiscalía Mixta de Huancabamba, como parte de la investigación por los hechos violentos registrados el 1 de noviembre de este año en el campamento minero Henry Hills.
Estos son "hechos que habrían sido perpetrados por la propia compañía que tiene a su cargo el proyecto minero Río Blanco con el propósito de incriminar a los comuneros", sentenció la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
El ex teniente gobernador de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Castro Correa Huayama y Vicente Ramírez Martínez, son los dos comuneros asesinados.
Entre la lista de heridos se conoce hasta el momento a Nérida Correa Meléndez, Elita Correa Meléndez, Apolinaria Correa Meléndez, Merli Correa Meléndez, Reina Meléndez, Eulalia Romero, Simón Tocto, Joaquín Ramírez, José Ramírez.
Según testimonios, en el forcejeo, la policía abrió fuego contra la población.
En ese sentido, Juana Huancahuari cuestionó que el Gobierno insista en hacer del Perú un país exclusivamente minero, petrolero, y gasífero, para el cual ha creado normas que favorecen la inversión y perjudican a las comunidades campesinas, comunidades amazónicas y ponen en riesgo la biodiversidad.
Nuevamente el Presidente es responsable por crímenes cometidos desde el Estado contra población civil inocente que defiende sus derechos a la tierra y a la vida, en su afán de beneficiar al capital transnacional, aseguró Huancahuari.
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