Servindi, 03 de diciembre, 2009.- A pocos días de iniciarse la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático acaba de aparecer un número doble especial de la revista Asuntos Indígenas dedicado al tema: La REDD y los Pueblos Indígenas.
Como se sabe REDD es la sigla de los programas o mecanismos para Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación que se han colocado en las mesas de negociación sobre el cambio climático patrocinados ora por el Banco Mundial, ora por las Naciones Unidas o corporaciones transnacionales.
El impacto que tengan las REDD sobre los bosques donde habitan desde tiempos ancestrales aproximadamente 90 millones de indígenas es motivo de preocupación mundial, ad portas de una Cumbre Mundial que a falta de compromisos firmes de los gobiernos puede poner énfasis en mecanismos de promoción y control de los bosques sin considerar los derechos y participación de estos.
Varias redes ambientales han venido denunciando con suma fuerza que los mecanismos o programas REDD parten de una visión mercantil que busca poner a los bosques en el mercado como una forma de atenuar el cambio climatico, pero sin considerar los factores principales que lo ocasionan y mucho menos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Como señala la editorial, los pueblos indígenas ven con injusticia que sus gobiernos nacionales puedan vender el carbono de sus árboles cuando, en realidad son los pueblos indígenas los verdaderos custodios de los bosques. Esta desconfianza se acrecienta cuando un estudio mostró a fines de 2008 que casi ninguno de los nueves países mencionó los derechos de los pueblos indígenas en sus notas de interés nacional.
La revista 1/2 de Asuntos Indígenas de IWGIA intenta satisfacer la necesidad de información de los pueblos indígenas al presentar una panorama de cómo surgen los programa REDD, cuál es su importancia y qué es lo piden los pueblos indígenas al respecto. La editorial está escrita por la editora Sille Stidsen y la revista contiene numeros estudios de caso de África, Asia y Centroamérica.
La introducción, además de explicar de manera sencilla como es que han surgido los mecanismos REDD, la revista presenta algunas experiencias que los pueblos indígenas han tenido en las primeras etapas de desarrollo de los programas nacionales de REDD y contextualiza el debate en la perspectiva de brindar ejemplos de lecciones aprendidas en los sistemas de administración forestal controlada por indígenas.
IWGIA expresa su convicción en que los pueblos indígenas "pueden contribuir al éxito de la REDD y que, en tanto custodios principales de los bosques del mundo, tienen derecho a beneficiarse de la REDD si asi lo desean. Si se implementan con respeto por sus derechos, los futuros programas de REDD podrían potencialmente beneficiar a algunas comunidades indígenas" (p. 7).
Si bien la conclusión de IWGIA es parcialmente esperanzadora no deja de observar finalmente el hecho de que:
"a pesar de la mayor atención en los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la REDD, aún no hemos visto un compromiso claro de ningún Gobierno nacional para alinear sus iniciativas nacionales de REDD con la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es lo que haría falta para asegurarse de que los derechos de los pueblos indígenas no se vean amenazados con la REDD. Tampoco hemos visto ninguna iniciativa nacional o internacional que apunte a establecer mecanismos donde los pueblos indígenas puedan presentar sus reclamos en caso de que no sean atendidos por sus Gobiernos cuando se desarrollen los planes de REDD." (p. 9)
Revista Asuntos Indígenas 1/2-2009
Número especial doble dedicado al tema: La REDD y los Pueblos Indígenas
Contenido:
- Editorial, por Sille Stidse.
África:
- La REDD y los Derechos de los Pueblos Indígenas en África por Kanyinke Sena.
- Los Pueblos Indígenas y la administración de los bosques. Antes y después de REDD: el Caso de Tanzania, por Rie Odgaard y Faustin Maganga.
- Compromiso reciente de los Pueblos Indígenas en el proceso REDD en Tanzania, por Elifuraha Isaya.
- Voz Indígena en el proceso de REDD en la República Democrática del Congo, por Roger Muchuba.
Asia:
- ¿La culpa se desplaza?. Los pueblos indígenas del sudeste asiático y el cultivo errante en la era del cambio climático, por Christian Erni.
- Nepal: Desafíos y oportunidades para las nacionalidades de cara a los acuerdos de REDD, por Pasang Dolma Sherpa.
- Indonesia: La Declaración Sinar Resmi, por Pasang Dolma Sherpa.
- Las selvas y el carbón de Kalahan. Un estudio de caso en Filipinas, por Delbert Rice.
América central
- De la madera a los derechos. Un estudio de caso sobre la administración forestal sustentable y generadora de ingresos de las comunidades indígenas de Nicaragua, por Nikolaj Bro Moseholm.
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IWGIA publicará en las próximas horas la revista en formato pdf para que pueda ser descargada desde su sitio web: www.iwgia.org. A manera de anticipo publicamos la editorial de la publicación.
Editorial
Sille Stidsen
El Sr. Masambe Nguya estaba parado afuera de su granja en llamas cuando un oficial de policía lo vio, le echó gasolina encima y lo empujó hacia las llamas. Afortunadamente, tropezó y se cayó, logrando huir y sobrevivir.Â…
A principios de julio, más de 200 casas maasai fueron incendiadas y 3.000 personas que vivían en ocho aldeas en Loliondo, distrito de Ngorongoro, en Tanzania se quedaron sin hogar. Los depósitos de alimentos y los campos de maíz fueron incendiados, exacerbando una situación de hambre que ya era alarmante, y 50.000 cabezas de ganado fueron empujadas hacia zonas de una sequía extrema y donde no había ni agua ni pastura. El desalojo de los pastoralistas maasai de sus hogares fue extremadamente violento, varias mujeres fueron violadas por la policía y los grupos familiares se dispersaron; en consecuencia, algunos niños se perdieron en el monte durante el caos y el pánico.
La comunidad maasai de Loliondo ha estado luchando para resistir la usurpación de tierras que les legalmente pertenecen desde 1992, cuando la División de Vida Silvestre del Gobierno Nacional de Tanzania le otorgó derechos de caza en la zona a una empresa privada perteneciente a un miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos. Los desalojos de julio fueron la culminación de este largo conflicto y, a su vez, el último de una serie de desalojos violentos de pastoralistas de sus tierras tradicionales en distintas partes del país. En enero de 2009, cada uno de los pastoralistas del Distrito de Kilosa fue blanco de una operación de desalojo que apuntaba a removerlos a la fuerza de la tierra en la que habían vivido durante más de cien años. Y entre mayo de 2006 y mayo de 2007, se estima que unos 400 agropastoralistas y pastoralistas ilparakuiyo, taturu y barabaig, junto con su ganado, fueron desalojados de sus hogares en las llanuras de Usangu en el distrito de Mbarali. (1)
Como resaltan Maganga y Odgaard en su artículo en este número, el desalojo de los pastoralistas de sus tierras tradicionales es parte de un contexto más amplio de políticas antipastoralistas del Gobierno de Tanzania. Compartimos su preocupación y la de nuestras contrapartes en Tanzania acerca de si este mismo Gobierno que es responsable de la abierta opresión de un modo de vida y una cultura indígenas, y de que las comunidades puedan practicarlas, en el futuro diseñará e implementará políticas de conservación de los bosques para mitigar el cambio climático, conocidas como Programas de REDD, de un modo que no limite aún más las prácticas tradicionales de sustento de los pueblos indígenas de Tanzania y amenace su existencia misma en un ambiente de políticas que ya es, de por sí, hostil.
La preocupación de nuestras contrapartes en Tanzania coincide en gran medida con la sensación que tienen los pueblos indígenas que dependen de los bosques en otras partes del mundo respecto a la REDD. Están acostumbrados a ser tratados como ciudadanos inferiores y tienen una experiencia de larga data de sistemas de gobernanza de los bosques que les niegan sus derechos humanos básicos y sus derechos en tanto pueblos indígenas a permanecer en sus tierras tradicionales y practicar su cultura y modo de sustento tradicional. Para mencionar sólo algunos ejemplos, al igual que en el caso de Tanzania, los pueblos indígenas en Sarawak están siendo desalojados de sus territorios tradicionales para dejar lugar a plantaciones en gran escala y, en Tailandia, las tribus indígenas de las colinas están siendo desplazadas de su tierra en nombre de la conservación de los bosques.
Desde que la idea de la REDD fue incorporada formalmente hace algunos años a las negociaciones dentro del Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático, los pueblos indígenas han debatido intensamente entre sí y con las instituciones internacionales y los gobiernos nacionales sobre cómo lidiar con ella. En primer lugar, los pueblos indígenas han criticado el hecho de que la REDD fue lanzada sin consideración por su histórico rol de custodios de los bosques que permanecen en el mundo y sin ninguna consulta previa con ellos en tanto detentadores de derechos con un estatus especial en el contexto de la REDD. Se estima que unos 90 millones de indígenas viven en los bosques y dependen de sus recursos para su sustento y para mantener sus prácticas sociales y culturales distintivas, y es obvio que tienen un estatus especial y un rol que debería ser reconocido en todas las deliberaciones sobre la REDD. Pero antes de centrarnos más en detalle sobre las preocupaciones y demandas de los pueblos indígenas en las negociaciones sobre políticas de REDD a nivel internacional y nacional, veamos qué es la REDD y cómo surgió.
¿Una solución fácil al calentamiento global?
La idea de utilizar la conservación de los bosques como una herramienta para mitigar el cambio climático fue formalmente introducida por primera vez en las negociaciones bajo el Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC) en diciembre de 2005.(2) A fines de 2007 se decidió la negociación del marco para una política de Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) como parte del nuevo acuerdo global para tratar el calentamiento global que se supone que saldrá de las negociaciones de 2009 y de la COP 15 en Copenhague, en diciembre de este año.(3)
Los científicos estiman que alrededor del 20% de las emisiones de gases de invernadero a nivel global provienen de la erradicación o degradación seria de los bosques. Los bosques existentes absorben CO2 (este proceso se conoce como absorción de carbono) y muchos consideran que la conservación de los bosques es la mejor herramienta conocida hasta el momento para reducir los gases de invernadero en la atmósfera. Otros la critican como una solución falsa a la crisis climática, que permite a los países industrializados pagarles a los del sur para que conserven sus bosques, mientras ellos siguen contaminando en sus países, en lugar de lidiar seriamente con sus propias emisiones de CO2 a nivel local. Los críticos señalan que la mejor manera de deshacerse de la cantidad excesiva de CO2 en la atmósfera sería reducir las emisiones industriales en los países desarrollados, que cargan con la responsabilidad histórica más grande de la crisis actual.
El debate sobre la responsabilidad histórica y la deuda ecológica ha sido y sigue siendo intenso. Sigue habiendo controversia respecto a si los programas futuros de REDD deberían financiarse mediante mecanismos de mercado: el intercambio de almacenamiento de carbono en los bosques a cambio del derecho a emitir CO2 en países industrializados mediante fondos internacionales a través de los cuales los países desarrollados pagarían (parte de) su deuda ecológica, o una combinación de ambas. Lo que queda claro es que la REDD ya está teniendo una influencia considerable en la gobernanza internacional de los bosques. Se han establecido grandes instituciones internacionales para facilitar la preparación de los países para futuros programas de REDD; en particular, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial (FCPF) y REDD-ONU. Este último fue establecido conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con el financiamiento de estas instituciones o a través de la asistencia bilateral, principalmente de Noruega, los Gobiernos de países subtropicales y tropicales con una cobertura forestal significativa han iniciado procesos nacionales para establecer los marcos de futuros proyectos de conservación de los bosques en nombre de la REDD.
¿Por qué es tan importante la REDD para los pueblos indígenas?
Desde que se anunció la REDD por primera vez en el contexto del UNFCCC, los pueblos indígenas han expresado su preocupación por lo que podría significar para ellos la asignación de un valor monetario a los bosques existentes, que en muchos casos son el hogar de pueblos indígenas. Los procesos de REDD son motorizados por los Gobiernos nacionales y muchos de los pueblos indígenas, si no la mayoría, tienen pocos motivos para creer que sus derechos y preocupaciones tendrán un rol significativo en la forma en que sus Gobiernos nacionales manejen la posibilidad de que haya ingresos económicos provenientes de la REDD. Los derechos a la tierra y los recursos de los pueblos indígenas y su existencia misma ya se ven amenazados por el valor comercial de sus bosques: la extracción maderera, la minería, la conversión de grandes extensiones de bosques en plantaciones o monocultivos para la industria agrícola, etc. Y con la posibilidad de que los Gobiernos comiencen a comerciar con el carbono depositado en sus árboles, conservando grandes extensiones de bosques, están preocupados de que su derecho a permanecer en estas tierras pueda correr peligro.
Por lo tanto, los pueblos indígenas han estado debatiendo intensamente el marco general para los futuros programas de REDD. Les parece injusto que sus Gobiernos nacionales puedan vender el carbono de sus árboles cuando, en realidad ellos, los pueblos indígenas, son los verdaderos custodios de los bosques. Cabe mencionar aquí que los estudios recientes sostienen esta aseveración: la mayoría de los bosques tropicales y subtropicales que aún permanecen en el mundo están en territorios indígenas. Y un estudio en Centroamérica que comparó las tasas de deforestación en los bosques administrados comunitariamente por pueblos indígenas con las de las áreas protegidas no encontró ninguna diferencia. La degradación de los bosques era tan alta en las áreas protegidas no habitadas como en los bosques productores de madera que eran administrados por las comunidades. (4)
Lo que están pidiendo los pueblos indígenas
Según la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículo 26) y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, los pueblos indígenas tienen derecho a la tierra que han ocupado tradicionalmente y al acceso a los recursos de los que han dependido tradicionalmente para sus prácticas de sustento y sus culturas.(5) Cuando el acceso a sus tierras y recursos tradicionales se ve amenazado, lo que está en juego es la coherencia social y la mera supervivencia de sus comunidades.
En el desarrollo y la planificación internacional y nacional de políticas de REDD, los pueblos indígenas exigen que estos derechos básicos sean reconocidos y resguardados. En primer lugar, exigen que la REDD no amenace de ninguna manera sus derechos a la tierra, los territorios y los recursos. Y exigen el derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con toda la planificación e implementación para la REDD en sus territorios. Este derecho también está incluido en la Declaración:
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursosÂ… (artículo 32)
En la etapa actual de preparación para la REDD, lo que es importante es participar de manera significativa en el diseño de marcos para las políticas y programas, tanto a nivel internacional, donde se está definiendo el marco general de REDD, como a nivel nacional, donde se están analizando las políticas forestales existentes y se están debatiendo las opciones para futuras iniciativas de REDD. Este derecho a participar significativamente en todas las adopciones de decisiones que los afecten también está consagrado en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas:
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos (artículo 18)
Y, en el contexto de la REDD, esto ha sido resaltado, entre otros, por el informe de la OACDH sobre la Relación entre el cambio climático y los derechos humanos, adoptado por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2009. (6)
Desde el inicio, los pueblos indígenas han tenido bastante visibilidad en el debate internacional sobre la REDD, y su temprana movilización y protestas pronto llevaron a consultas y a una mayor apertura para involucrar a sus representantes a cumplir algún rol dentro de los organismos decisorios de las principales instituciones internacionales que trabajan en los preparativos para la REDD (FCPF y REDD-ONU).
Sin embargo, a nivel nacional, las iniciativas de REDD implementadas a través de estas mismas instituciones se quedan atrás en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. A fines de 2008, un estudio realizado por las ONG Forest Peoples Programme y FERN (the Forests and the European Union Resource Network) mostró que casi ninguna de las notas de preparación inicial (conocidas como R-PIN, Plan de preparación de notas de interés, presentadas al FCPF) de los nueve Gobiernos mencionaba los derechos de los pueblos indígenas, ni reflejaba consultas adecuadas con ellos sobre el alcance de la REDD o consideraba, en términos generales, los aspectos de derechos humanos de la planificación e implementación de la REDD. Por el contrario, muchos R-PIN afirman que el cultivo errante de los pueblos indígenas –que en muchos casos es un modo de vida tradicional que ha sido refinado a lo largo de los siglos para adaptarse al medioambiente natural específico en el que viven– es una causa de degradación. (7)
Los artículos en este número
Se ha dicho y se ha escrito mucho sobre la REDD y los pueblos indígenas en esta etapa inicial de los últimos años. Con los artículos de este número queremos contribuir al debate, presentando algunas de las experiencias que los pueblos indígenas han tenido hasta el momento en las primeras etapas de desarrollo de los programas nacionales de REDD, desafiar la lógica detrás de la no aceptación de la administración forestal controlada por indígenas dentro del marco de REDD, y contextualizar el debate sobre la REDD con vistas a brindar algunos ejemplos de lecciones importantes aprendidas en los sistemas de administración forestal controlada por indígenas. Creemos firmemente que los pueblos indígenas pueden contribuir al éxito de la REDD y que, en tanto custodios principales de los bosques del mundo, tienen derecho a beneficiarse de la REDD si así lo desean. Si se implementan con respeto por sus derechos, los futuros programas de REDD podrían potencialmente beneficiar a algunas comunidades indígenas.
En el primer artículo, Sena presenta un panorama general del surgimiento de la REDD en África y de cómo los derechos indígenas han sido tratados en las primeras etapas de REDD en el continente. Analiza los desafíos principales y las posibles oportunidades para los pueblos indígenas en el marco de la REDD, y esboza posibles caminos hacia delante.
Varios de los otros artículos presentados aquí ejemplifican cómo el no reconocimiento de las prácticas de sustento y de la cultura indígena en la gobernanza actual de los bosques lleva a los pueblos indígenas a estar preocupados por las futuras iniciativas de REDD en sus tierras y territorios. Tanto en Tanzania (ver Maganga y Odgaard) como en Nepal (el artículo de Serpa), los pueblos indígenas nómadas han padecido regímenes de administración forestal comunitaria que socavaron su acceso a recursos forestales esenciales para su sustento. La administración forestal comunitaria ha provocado profundas transformaciones en el sector forestal en ambos países y es ampliamente reconocida como una nueva tendencia progresista en la gobernanza de los bosques. Desgraciadamente, las comunidades indígenas móviles en ambos países comparten la experiencia de haber sido excluidas del ingreso a áreas forestales que forman parte de su base de sustento tradicional cuando las comunidades que viven alrededor de estos bosques obtienen el derecho a gobernarlos bajo esquemas forestales comunitarios. En lo que hace a la REDD, los pueblos indígenas no han participado en las primeras etapas de planificación en estos dos países (ver el artículo de actualización de Laltaika sobre la participación indígena reciente en el proceso de REDD en Tanzania y el artículo de Serpa sobre el proceso de REDD en Nepal) y, naturalmente, están preocupados por su situación futura en este contexto.
El cultivo errante es otra práctica de sustento que comparten muchas comunidades indígenas en los bosques subtropicales y tropicales del mundo. Desde las épocas coloniales, los Gobiernos han acusado falsamente al cultivo errante de ser una causa central de deforestación, de degradación del suelo y de ser una amenaza a los recursos acuíferos. Los prejuicios contra el cultivo errante son particularmente marcados en el sudeste asiático, donde algunos Gobiernos han tomado medidas drásticas para erradicarlo. Ahora, el cultivo errante también se ha convertido en un tema en el discurso sobre el cambio climático. En muchos de los primeros documentos nacionales de REDD se culpa a los agricultores errantes indígenas por la deforestación. En su artículo, Erni muestra cómo las investigaciones recientes indican que el uso de la tierra de los pueblos indígenas que practican el cultivo errante de hecho contribuye más a combatir el calentamiento global que las plantaciones (que tienden a ser favorecidas por los Gobiernos). Esto se reduce a exactamente lo que los pueblos indígenas más temen de la REDD: que el no reconocimiento actual de los pueblos indígenas, y las políticas y prácticas administrativas que socavan sus derechos estén influyendo en la manera en que los Gobiernos abordan la planificación para la REDD a nivel nacional.
En una nota más positiva, el artículo de Muchuba sobre el proceso de REDD en la RDC muestra que la movilización de los pueblos indígenas y las demandas por sus derechos pueden marcar una diferencia en una perspectiva de largo plazo. En la RDC, la sociedad civil y los pueblos indígenas participaron en consultas sobre la REDD desde el principio, y ahora han creado un Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil sobre Cambio Climático y REDD, que seguirá de cerca todos los avances de la REDD en el país. En su artículo, Muchuba muestra cómo esta participación en el proceso se basa en las fuertes movilizaciones durante la última década en torno a cuestiones relacionadas con la política forestal, así como el exitoso trabajo de lobby que ha logrado desarrollar una voz indígena que ya no puede ser acallada. Lo interesante es que el Gobierno de la RDC tomó el paso decisivo de incluir a un representante indígena y a un representante de la sociedad civil en su equipo de negociación para las negociaciones de FCCC de la ONU en la Cumbre de Copenhague en diciembre de 2009, donde se espera llegar a un acuerdo sobre el marco general de REDD.
Desde Indonesia, presentamos otra voz indígena que tiene fuerza en el proceso nacional de REDD. Aquí, las comunidades indígenas y su organización nacional AMAN, así como otras organizaciones indonesias e internacionales, se han movilizado fuertemente en torno a la REDD. En marzo de este año, los reclamos de los pueblos indígenas llevaron a que el Comité de la ONU sobre la eliminación de la discriminación racial (el Comité CERD) emitiera una declaración de acción urgente sobre el Proyecto de regulación de REDD de Indonesia, donde señalaba que era inconsistente con el derecho de los pueblos indígenas a poseer y controlar sus territorios nacionales, que está consagrado en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.8 Los pueblos indígenas en Indonesia siguen movilizándose en torno a la REDD y exigen que el Gobierno respete sus derechos a la tierra, los territorios y su sustento en todas las deliberaciones sobre el tema. En este número, presentamos su voz conjunta sobre el tema de la REDD, tal como aparece en una Declaración hecha durante una consulta indígena nacional sobre REDD realizada en agosto de este año (la Declaración de Sinar Resma).
Los últimos dos artículos que presentamos ilustran algunas de las experiencias actuales con la administración forestal indígena. Como se mencionó, ya se reconoce ampliamente en el debate internacional sobre los bosques que los pueblos indígenas han tenido un gran rol en la protección de los bosques del mundo, dado que los trechos de bosques que aún existen están precisamente donde habitan los pueblos indígenas. Nos parece importante en el contexto del debate sobre la REDD seguir buscando ejemplos específicos de cómo los pueblos indígenas administran sus bosques, para recordarles a todos los que participan de la REDD cómo pueden contribuir a su implementación –esto es, si los diseñadores de políticas se lo permiten. Tanto en Nicaragua (en el artículo de Bro Moseholm) como en Filipinas (en el artículo de Rice) vemos ejemplos de cómo los pueblos indígenas administran sus bosques de manera tal que prosperan y, a su vez, permiten un ingreso razonable para las comunidades. El artículo sobre el Kalahan en Filipinas describe cómo una organización indígena local desarrolló su propio sistema de monitoreo de la absorción de carbono y, de este modo, hace una contribución muy valiosa a la discusión sobre el rol posible de las comunidades indígenas en la implementación de futuros programas de REDD.
Más interés en las cuestiones de derechos humanos en las políticas de REDD, pero ningún compromiso claro
Para concluir, nos gustaría acoger gratamente el creciente reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en relación con las iniciativas internacionales y nacionales de REDD. Como se mencionó anteriormente, las principales instituciones internacionales de REDD se han abierto en los últimos tiempos y han reconocido el derecho de los pueblos indígenas a participar de manera significativa en todas las etapas del desarrollo de políticas y de planificación para la REDD, tanto a nivel internacional como nacional. En las negociaciones internacionales sobre el marco para la REDD, que son parte de las negociaciones en curso del UNFCCC, a menudo se mencionan los derechos de los pueblos indígenas. Y los primeros pasos dados por el Sistema de Derechos Humanos de la ONU para tener una participación sostenida en el debate sobre la REDD (con el informe de la OACDH que fue adoptado por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de este año y un panel de debate sobre el mismo tema en junio, así como la carta del Comité de REDD al Gobierno de Indonesia en marzo) son una contribución muy grata al diálogo con los Gobiernos sobre la responsabilidad que tienen de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la REDD.
Habiendo dicho esto, también es pertinente resaltar el hecho de que, a pesar de la mayor atención en los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la REDD, aún no hemos visto un compromiso claro de ningún Gobierno nacional para alinear sus iniciativas nacionales de REDD con la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que es lo que haría falta para asegurarse de que los derechos de los pueblos indígenas no se vean amenazados con la REDD. Tampoco hemos visto ninguna iniciativa nacional o internacional que apunte a establecer mecanismos donde los pueblos indígenas puedan presentar sus reclamos en caso de que no sean atendidos por sus Gobiernos cuando se desarrollan los planes de REDD. Finalmente, lo único que probablemente sería efectivo para abogar por un paradigma de REDD respetuoso de los derechos humanos sería, básicamente, condicionar el financiamiento para la REDD a la adherencia de las iniciativas nacionales al marco internacional de derechos humanos; un paso que nadie parece estar dispuesto a dar.
Alentamos a los pueblos indígenas a mantener la presión sobre sus propios Gobiernos y las instituciones internacionales en este sentido. E instamos a los Gobiernos a que tomen las medidas finales necesarias para asegurarse de que las futuras iniciativas de REDD no se implementen a expensas de los pueblos indígenas, cuya existencia ya se ve amenazada de demasiadas maneras.
Notas y referencias
(1) IWGIA ha recibido muchos informes sobre estos desalojos.
(2) La Coalición de Naciones con Bosques Tropicales presentó una propuesta formal sobre este tema a la 11era Conferencia de Partes (COP) del UNFCCC en diciembre de 2005.
(3) Griffiths, Tom, con contribuciones de Francesco Martone, 2009: Seeing REDD? Forests, climate change mitigation and the rights of indigenous peoples and local communities. Esta es una versión actualizada (mayo de 2009) del informe anterior del FPP que fue preparado para la COP 14 del UNFCCC (Poznan) en diciembre de 2008. Disponible en: http://www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/bases/forest_issues.shtml
(4) Bray, D. B., E. Duran, V. H. Ramos, J.-F. Mas, A. Velázquez, R. B. McNab, D. Barry, y J. Radachowsky. 2008. Tropical deforestation, community forests, and protected areas in the Maya Forest. Ecology and Society 13(2): 56. [en línea] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art56/
(5) El artículo 26 de la Declaración dice: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (UNDRIP) fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007. La UNDRIP está disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html
(6) CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, marzo de 2009: Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la relación entre el cambio climático y los derechos humanos (A/HRC/10/61). Adoptado por el Consejo de Derechos Humanos el 25 de marzo de 2009 mediante la resolución 10/4. Tanto el informe como la resolución están disponibles en la página web de la OACDH: http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/index.htm
(7) Dooley, Kate, Tom Griffiths, Helen Leake, Saskia Ozinga, 2008: Cutting Corners - World Banks forest and carbon fund fails forests and peoples. Noviembre de 2008. Disponible en: http://www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/bases/forest_issues.shtml
(8) Se puede consultar la carta del Comité CERD al gobierno de Indonesia, y la respuesta de las organizaciones indígenas y quienes los apoyan, así como una serie de otros informes y documentos sobre pueblos indígenas, cambio climático y la REDD en la página web del Forest Peoples Programme: http://www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/bases/forest_issues.shtml
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