Ley de Protección Policial debe derogarse por bien de la democracia

Servindi, 18 de noviembre, 2020.- Ante los últimos acontecimientos de la represión policial en las manifestaciones, que causó la muerte de Inti Sotelo y Jack Pintado, diversos sectores piden la derogación de la Ley N.° 31012.

Esta norma que titula Ley de Protección Policial –publicada el 28 de marzo del 2020 en el diario El Peruano– fue promulgada por el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino.

La ley es cuestionada, ya que es considerada de inconstitucional y representa un peligro al proteger con impunidad a los malos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según esta ley, se otorga protección legal a los policías cuando “en ejercicio regular de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria causando lesiones o muerte”.

Así, la norma propicia el uso desproporcionado de la fuerza de la PNP, así como la impunidad en casos de lesiones y muertes.

En abril del 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su representante en América del Sur, Jan Jarab, se pronunció al respecto.

“Perú debe revisar su nueva ley para la protección de la policía nacional, por cuanto abre espacios para la impunidad”, señaló Jarab.

La Ley N.° 31012 “contiene disposiciones que no se alinean con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza”, continuó.

Así, esta dependencia de las Naciones Unidas hizo un llamado urgente al Congreso del Perú y a las autoridades competentes para revisar y revertir los efectos de esta norma.

Cuando se promulgó la Ley de Protección Policial, diversas instituciones alzaron su voz de protesta y advirtieron los efectos negativos de la misma.

Este fue el caso de Amnistía Internacional, que pidió derogar la norma por violar el derecho internacional de los derechos humanos.

Cabe resaltar que la Ley N.° 31012 se hizo oficial cuando recién el país afrontaba la pandemia causada por el COVID-19.

En ese contexto, el Instituto de Defensa Legal, entre otros, rechazó categóricamente la ley porque elimina “el principio de proporcionalidad exigible a la Policía en el uso de la fuerza”.

Es importante resaltar que las congresistas Rocío Silva Santisteban y Mirtha Vásquez han presentado un proyecto de ley para modificar dicha norma.

Recientemente, la PNP negó que se haya producido muertes por actos de violencia o uso arbitrario de la fuerza durante las protestas surgidas por la crisis política en el Perú.

Esto, en relación al registro de heridos, reportes de desaparecidos y las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Jack Pintado, quienes marcharon en las calles en defensa de la democracia peruana.

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