Servindi, 24 de agosto, 2009.- La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN) acordaron acatar el plazo de cinco días solicitado por el Ejecutivo para obtener respuestas sobre el incumplimiento de dos actas de compromiso firmadas por los ex ministros Yehude Simon y Carlos Leyton. (Imagen: 1.bp.blogspot)
Cerca de 300 apus anunciaron que de no prosperar la negociación con el gobierno, hasta ese día, las comunidades amazónicas retomarán sus medidas de lucha como lo han venido haciendo hasta ahora.
Actas de compromiso
Hace dos meses, el entonces presidente del Consejo de Ministros (PCM), Yehude Simon, y el ex ministro de Agricultura, Carlos Leyton, suscribieron dos acuerdos con los representantes indígenas con la finalidad de detener las movilizaciones en el país.
Las actas en referencia son las que se firmaron tanto en San Ramón, región Junín, como en Santa María de Nieva, en la región Amazonas.
En ellas el Ejecutivo se comprometió a evitar las denuncias penales en contra de los nativos, brindar atención y medicina gratuita para los heridos e indemnizar a los familiares de las víctimas que cayeron en el Baguazo.
Asimismo, el gobierno aseguró que brindaría todas las facilidades necesarias para el traslado de los Apus desde sus comunidades hasta Lima, para que participen en el diálogo abierto por la PCM.
Mesa de Diálogo también incumplida
Asimismo, el apu awajun, Salomón Awananch, reafirmó que si el Estado no asume sus compromisos ni acelera las mesas de diálogo, las medidas de lucha serán inmediatas.
El dirigente indígena aseguró que el gobierno tampoco cumple su papel dentro de las mesas de diálogo. En acta del 9 de julio, de la mesa que ve el desarrollo de los pueblos amazónicos, se acordó citar al pleno para la primera quincena de agosto. Hasta la fecha el Grupo Nacional no se ha reunido.
Además Awananch recordó que la mesa 1, encargada de conformar la Comisión de la Verdad se encuentra paralizada.
Nosotros ya cumplimos con proponer una relación de personalidades que podrían investigar los hechos de Bagua, pero aún no conocemos a los representantes del Estado, explicó.
Asimismo, señaló que hay una ausencia permanente de los sectores del gobierno central, así como de los presidentes de la mayoría de los gobiernos regionales.
Imacita decide
Tras dos días de reunión en el distrito de Imacita, las comunidades awajun y wampis decidieron iniciar una protesta para exigirle al Ejecutivo que designe sus representantes para trabajar en las mesas de diálogo compuestas anteriormente.
Asimismo, ratificaron la denuncia en contra del gobierno del presidente Alan García ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De otro lado, mostraron su solidaridad con la fiscal Marlene Rojas y respaldar la denuncia puesta en contra de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la muerte de los indígenas el viernes 5 de junio, en Bagua.
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