Importantes acciones de solidaridad exigiendo la inmediata libertad de los campesinos de Chacas se realizaron el día de ayer en Ayacucho y en Lima. En Ayacucho se unieron en un solo propósito diversas organizaciones sociales e instituciones públicas como privadas. En Lima se realizó un plantón frente al Congreso de la República en el que participaron las congresistas Juana Huancahuari, Hilaria Supa y María Sumire.
El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho convocó a un Paro que se acató de manera parcial. Diversas organizaciones sociales, así como instituciones públicas y privadas, hicieron concentraciones y se movilizaron de manera pacífica, encabezadas por los familiares de los ocho detenidos y el alcalde de Huamanga Germán Martinelli Chuchón.
Los participantes en esta marcha se desplazaron por las principales arterias de la ciudad desde las 10:00 a.m. para finalmente concentrarse en la Plaza de Armas Frente al Poder Judicial donde los oradores y población demandaron la inmediata libertad de los campesinos de Chaca.
Denunciaron la incapacidad del Juez de La Mar quién llega al extremo de ponerse prepotente y arrogante con quienes solicitan la inmediata libertad de los detenidos.
Un pedido unánime fue no restituir la pena de muerte -tal como intenta el gobierno al enviar un proyecto en dicho sentido al Congreso- y solicitaron al gobierno desagraviar al pueblo ayacuchano por acusarlo fácilmente de violentista y terrorista.
El alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Germán Martíneli, pidió la celeridad del proceso judicial además agregó que primeró es la vida y que la pena de muerte no soluciona los problemas que vive el Perú.
Asimismo la presidenta de La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, Clelía Gálvez, saludó la unidad de hoy ya que se dejó de lado los colores políticos.
Solicitó al gobierno central y al poder judicial celeridad del proceso de los detenidos y el debido respeto a los derechos humanos. "Lo que se desea es construir una nueva imagen de Ayacucho, la imagen de gente pujante, trabajadora, pacifica, para que nunca más vuelvan a decir que Ayacucho es un pueblo de violentitas o de terroristas, declaró .
Norberto Lamilla, abogado de la asociación Paz y Esperanza, sede Ayacucho, narró el proceso judicial que se viene siguiendo hasta hoy, y denunció que se está cocinando una serie de injusticias y ciertas manipulaciones que hace que este proceso se prolongue más.
El Frente Regional de Ayacucho (FRA) expresó su preocupación por "la desembozada alianza entre el Partido Aprista y la mafia fuji-montesinista" y denunció que la descabellada intención de establecer la pena de muerte para los delitos de terrorismo tiene "la clara intención de amedrentar a los dirigentes populares".
El Colegio de Periodistas del Perú, Consejo departamental de Ayacucho, hizo un llamado para acelerar el debido proceso "para que los justiciables recobren la fe en la nueva imagen del poder judicial, tan mellada en los últimos años."
Un conjunto de instituciones de la provincia de La Mar, Ayacucho, pidió al gobierno actuar con responsabilidad y no iniciar más detenciones arbitrarias a inocentes. Solicitan mantener la tranquilidad y serenidad en las zonas de emergencia.
Este viernes la comunidad de Quinua y la provincia de Huanta realizarán una caminata de solidaridad, donde los estará esperando una comitiva en el paradero de salida a Huanta.
Pronunciamientos de organismos de derechos humanos
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) suscribió ayer un comunicado en el que "expresa su profunda preocupación por la situación de estas personas, quienes llevan ya casi tres semanas privados de libertad".
La institución "deplora la forma en que se llevó a cabo la intervención militar, así como la denuncia fiscal y el proceso penal que se les ha abierto por la comisión del delito de Terrorismo, en los cuales no se ha tomado en consideración una serie de pruebas que descartan, mas bien, la responsabilidad penal de estos campesinos".
Finalmente, la CNDDH señala que "un Estado democrático para hacer frente a la delincuencia debe sujetar su actuación a los procedimientos y medios legales establecidos y, por ende, debe valorar debidamente los elementos de prueba antes de privar arbitrariamente de su libertad a humildes pobladores que, además, no cuentan con recursos para su defensa legal".
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH también expresó su preocupación por que los detenidos tienen como idioma materno el quechua y viven en extrema pobreza tal "como sucedió en décadas anteriores" con millares de campesinos ayacuchanos.
Denunciaron que "con mucha frecuencia las autoridades peruanas reaccionan con menosprecio y racismo frente a la población de ascendencia indígena, sin considerarlos como personas con los mismos derechos que los demás ciudadanos".
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