- Fotos y videos traen abajo acusación fiscal y demuestran que nunca hubo "secuestro".
Servindi, 10 de noviembre, 2015.- Importantes medios probatorios presentados el viernes 6 de noviembre en una audiencia judicial demuestran la inocencia de dieciséis campesinos de Celendín y Sorochuco acusados de secuestrar autoridades.
Sobre los acusados, defensores de las lagunas frente al megaproyecto minero Conga, pesa una acusación y un pedido de 33 y 36 años de cárcel formulados por el Fiscal de Celendín.
La abogada Mirtha Vásquez, directora de la asociación Grufides, demostró con fotografías y vídeos que nunca existió el denominado "secuestro" y que el 26 de abril de 2013 se realizó una asamblea pública promovida por los propios gobernadores supuestamente "secuestrados".
Las autoridades cuentan en todo momento con protección policial, tanto en la plaza pública como en el interior de la Municipalidad de Sorochuco.
Una de las fotografías demuestra que no hubo secuestro, y un efectivo policial observa la reunión de la población con los gobernadores en el interior de la Municipalidad de Sorochuco.
Debido al poco espacio en el interior de la Municipalidad, los gobernadores y la población convinieron en salir a la Plaza de Armas de Sorochuco para continuar el diálogo y formar comisiones de trabajo.
En otras fotografías se aprecia a los policías custodiando a los gobernadores, prueba contundente que en la citada ocasión no hubo ningún secuestro.
La abogada dejó constancia que los denunciados y la población de Sorochuco que participó de la reunión cuestionó con energía pero sin violencia a las autoridades por darle la espalda al pueblo y ponerse a favor de la ejecución del megaproyecto minero Conga.
En la audiencia oral declararon los líderes ambientales: Milton Sánchez, César Bolaños Ayala y Segundo Sare Ortiz, quienes en todo momento rechazaron haber violentado a los gobernadores y denunciaron la evidente intención de criminalizarlos por defender las fuentes naturales de agua.
Supuestos secuestrados se hicieron humo
De manera extraña los gobernadores implicados en la acusación, Luis Castañeda Pisco y Pedro Zamora Rojas, gobernadores del distrito de Sorochuco y de la provincia de Celendín, respectivamente, no acudieron a la audiencia a pesar de su importancia para dilucidar responsabilidades.
Trascendió que los gobernadores presentarán el testimonio de dos policías como testigos con la intención de fortalecer su denuncia en la audiencia reprogramada para el 17 de noviembre.
Sin embargo, los acusados afirmaron que los testimonios policiales hay que tomarlos con pinzas porque es sabido que las mineras detrás de las acusaciones tienen a su servicio a numerosos efectivos policiales y tienen la firme intención de enredar en líos judiciales a quienes se oponen a sus proyectos.
Una evidencia del clima de temor que quieren imponer poderes extraños a la vida pacífica de las comunidades es que dos sujetos extraños tomaron fotografías a la defensa mientras coordinaba con los acusados en los exteriores del Poder Judicial.
Estas acciones de vigilancia son una de las prácticas sostenidas por el poder corporativo de las empresas mineras contra los comuneros, ambientalistas y defensores de derechos humanos que defienden los recursos naturales y su derecho a un modo de vida sostenible, sin contaminación.
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