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Por Jorge Agurto
Servindi, 25 de mayo, 2015.- Con la declaración del Estado de Emergencia en los distritos de la provincia de Islay, en Arequipa, el gobierno peruano inició la imposición autoritaria y militar de un proyecto anti-técnico y anti-social, que amenaza la actividad agropecuaria del próspero Valle del Tambo y abre una brecha con el sentir de la ciudadanía.
Desde la 1 a.m. del sábado 23 de mayo personal policial y militar ingresó a los domicilios para arrestar como delincuentes a padres de familia y jóvenes en el distrito de Cocachacra. Según algunas fuentes son alrededor de cincuenta las personas detenidas y trasladadas a las instalaciones de Seguridad del Estado en Arequipa.
En este clima de zozobra e inseguridad el gobierno cree que hallará las condiciones para que la empresa Southern explique las bondades del proyecto minero Tía María en el plazo de sesenta días de pausa que la propia empresa se ha fijado para reiniciar sus actividades.
Pero la mafia de poder que tiene secuestrado al gobierno se equivoca si cree que el autoritarismo y su secuela de represión, terror y violencia, solucionará el problema. Suspender la libertad de reunión y de tránsito, la inviolabilidad de domicilio y entregar a las fuerzas armadas el control del orden interno solo aviva el rechazo ciudadano y la ilegitimidad del proyecto.
El pueblo de Arequipa es orgulloso de su identidad y posee la dignidad, que no tienen los actuales gobernantes, para defender sus convicciones, si es necesario ofrendando la vida. En estos momentos aciagos de ocupación militar es probable que recurra de manera ingeniosa a diversas formas de resistencia civil que desgaste la presencia policial-militar.
Además, un estado de excepción no puede mantenerse de manera indefinida cuando la inseguridad ciudadana desborda el país y otros conflictos socioambientales pueden cobrar mayor protagonismo.
En estas circunstancias la solidaridad nacional e internacional cobra mayor importancia. Más aún, cuando la injusticia y la sinrazón enardece y la verdad se refuerza cada vez mas clara del lado de los agricultores.
Son varios hechos los que deslegitiman el proyecto Tía María: los cuestionamientos al Estudio de Impacto Ambiental afloran, la imagen de responsabilidad de la Southern -subsidiaria del Grupo México- está por el suelo debido a su desempeño irresponsable y corrupto a nivel nacional e internacional.
A ello se agrega que el supuesto ataque con dinamita a la Comisaría de Cocachacra se devela como un sicosocial para justificar el estado de emergencia, mientras se refuerza el rol farsesco del ministro del Interior cuya primera reacción ante la muerte de un civil es negar la responsabilidad policial para luego ser desmentido por los hechos.
Como lo advertíamos en un artículo anterior el problema de fondo es si en Islay puede sobrevivir la agricultura con el proyecto de un distrito minero que alcanza en concesiones mineras el 69.9 por ciento de la provincia de Islay y el 96.2 por ciento del distrito Cocachacra.
Quienes siguen obcecados en las supuestas virtudes del actual modelo y su énfasis extractivista-exportador seguirán empujando el crecimiento económico aun a riesgo de polarizar el país; mientras, añoran un régimen autoritario como el fuji-montesinista que les permita enriquecerse sin el recato de las formas democráticas.
En tanto que en el Perú se afianza un Estado narco-minero-corrupto-militar la movilización ciudadana de las fuerzas sociales, morales y vivas de la nación se hace cada vez más urgente y necesaria, en especial de aquellos sectores de la juventud que no han perdido su capacidad de soñar.
Quizás los hechos de Islay nos ayuden a recuperar la cordura histórica y reflexionar con sensatez generacional sobre qué es lo que conviene al Perú en términos de futuro y diversidad, dos capitales esenciales que no podemos hipotecar.
En este marco urge analizar hasta dónde y en qué condiciones es posible la minería y no colocarla de antemano como una actividad superior o primordial por encima de otras actividades sostenibles como lo machacan quienes sostienen -sin fundamento- que el Perú es un "país minero".
Quizás es momento de quitarnos la venda de los medios (sí, de los medios de desinformación) y apreciar nuestra extraordinaria diversidad cultural, biológica, étnica, ecosistémica, paisajística, turística, etc. y que proporciona el cimiento para construir un Perú pluricultural y diverso que contribuya con personalidad y originalidad a la humanidad.
Valorar que vivimos y gozamos de la agricultura, la pesca, la gastronomía, los camélidos andinos y tenemos inmensas posibilidades de enriquecer la vida si aprendemos a proteger nuestros ecosistemas, biodiversidad y recursos genéticos, y en particular nuestra extraordinaria Amazonía.
El paro macroregional en solidaridad con los agricultores opuestos a Tía María convocado para el 27 y 28 de mayo, y la movilización ciudadana convocada para el 28 por el movimiento las Zonas de la juventud en Lima y otras redes, son algunas de las acciones cívicas que hoy expresan la necesidad de un destino común, cargado de futuro y esperanza.
Mientras, el gobierno del ex comadante Ollanta Humala Tasso, cada vez más servil y mediocre, se arropa en las fuerzas armadas y sus balas, perdigones y bombas lacrimógenas.
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