El Ministerio del Interior tendrá que realizar un proceso de consulta previa con las comunidades del pacífico nariñense.
Servindi, 13 de mayo, 2021.- Por omitir la consulta previa, el Tribunal de Pasto, en Colombia, ordenó suspender las actividades de erradicación de cultivos de uso ilícito en territorios colectivos de comunidades afrodescendientes e indígenas en Nariño.
Inicialmente, las entidades vinculadas al proceso negaron un pedido de acción de amparo; pero, ante una apelación de las comunidades, la Sala Penal del Tribunal exigió realizarse una consulta previa, explica El Espectador.
Ante ello, se ordenó al Ministerio del Interior iniciar el proceso respetando a las autoridades y especificidades culturales de las comunidades, además de ser acompañado por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.
En defensa de las comunidades
En primera instancia, las comunidades acudieron a denunciar la vulneración de derechos por los operativos de erradicación, acompañados de la Red de Derechos Humanos del Pacífico (Redhpan), pero les negaron el amparo.
Entre los resguardos y territorios colectivos afectados se presentaron los de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas.
Frente a la negativa, apelaron y el Tribunal de Pasto les dio la razón, aún pese a no haber presentado pruebas, debido a su situación de indefensión.
Incluso, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado negó que la Fuerza Pública haya realizado algún operativo en las regiones que habitaban las comunidades, pero el Tribunal no les creyó.
Cabe mencionar que, le correspondía a la Policía demostrar que no había generado los daños denunciados.
Foto: Con tutela, la Redhpan logró suspender la erradicación forzada en tanto no haya consulta previa - Raul Arboleda / El Espectador
Más autonomía territorial
En los últimos meses se vienen reportando ataques hacia quienes realizan “Minga hacia adentro”, que consiste en la acción colectiva de las mismas comunidades para eliminar cultivos de uso ilícito de sus territorios.
El fallo del Tribunal va en línea con la exigencia de representantes indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que pidieron al Estado colombiano respetar su autonomía ante los recientes enfrentamientos.
Para ello, las 127 autoridades indígenas del CRIC emitieron un comunicado el 23 de abril, apelando a la solidaridad de la comunidad internacional, los defensores de los derechos humanos y la sociedad colombiana.
Desde ese día, las comunidades indígenas que forman parte se mantienen en una minga permanente, según indicaron en la declaración.
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