Perú: Cantagallo, entre la indolencia de un alcalde y la defensa de derechos

Viviendas levantadas sobre lo que hasta hace poco era una vía para vehículos. Según lo acordado con la anterior administración edil, su permanencia en este punto iba ser por ocho meses. El plazo venció y siguen hacinados en el mismo lugar. Foto: Servindi

Los indígenas shipibos de Cantagallo, un asentamiento humano ubicado en la margen derecha del río Rímac, en la ciudad de Lima, afrontan su momento más difícil. La actual gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio amenaza con dejarlos en el total desamparo.

Por Jonathan Hurtado

Servindi, 4 de abril, 2015.- El asentamiento de Cantagallo está habitado por cientos de familias distribuidas en tres niveles. El segundo y tercer nivel lo ocupan familias del pueblo indígena Shipibo-Konibo. Las primeras se instalaron en el año 2000 y luego, poco a poco, el número fue creciendo.

En el tiempo que llevan residiendo en la capital peruana, cada familia ha sabido mantener los modos de vida propios de una comunidad indígena, con sus creencias y tradiciones particulares.

"Aquí tenemos nuestras autoridades, nuestra escuela, nuestras madres artesanas", explica Juan Agustín Fernández, comunicador y dirigente shipibo de Cantagallo.

Sin embargo, hoy la incertidumbre se ha apoderado de las familias. La preocupación por su futuro se puede respirar en cada pasaje de la comunidad, caracterizada por estrechas casitas de madera y techo de calamina.

El origen de esta incertidumbre se remonta a unos años atrás, cuando el hoy alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, ejercía su segundo periodo en el cargo (hoy ejerce su tercer mandato, los dos anteriores fueron de 2002 a 2010).

En aquel entonces el burgomaestre limeño firmó un contrato con la empresa brasileña OAS S.R.L para la construcción de una vía expresa que uniría el centro histórico con el lado este del Callao.

Este proyecto tenía por nombre Línea Amarilla y su construcción contemplaba el desplazamiento de cientos de familias de ambas márgenes del río Rímac. Los shipibos de Cantagallo se contaban entre los afectados.

Una vez que Castañeda culminó su segundo periodo en 2010, Susana Villarán de la Puente, elegida alcaldesa de Lima ese mismo año, se hizo cargo del tema.

Más tarde, el proyecto fue renegociado y cambió de nombre por el de Vía Parque Rímac. Pero es recién a finales de 2014 que la gestión de Villarán anuncia la adquisición de un terreno en la urbanización Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho, de uso exclusivo para el reasentamiento de las familias shipibas afectadas por el proyecto.

La reubicación de las familias a su vez se iba dar como parte de la ejecución de un nuevo proyecto urbanístico llamado Río Verde.

Sin embargo, cuando  solo faltaba la firma de la empresa OAS para el inicio de los trabajos de construcción de las viviendas, sucedió lo inesperado. La gestión de Castañeda anunció que los fondos del fideicomiso destinados a dicha obra iban a ser usados en la construcción de tres by-pass en otro punto de la capital.

Con este anuncio, explica Ricardo Franco, dirigente de la comunidad, la Municipalidad de Lima deja prácticamente en el total desamparo a 226 familias, algunas de las cuales ya vienen registrando perjuicios graves a raíz de Vía Parque Rímac.

Según precisa el dirigente, del citado número de familias, 54 ya abandonaron sus viviendas para dar paso a las obras de la empresa con la esperanza de luego ser reubicadas en el nuevo terreno de Zárate, junto al resto de familias.

Ricardo Franco, dirigente de Cantagallo. Foto: Servindi

Sin embargo, esta posibilidad día a día se aleja. Hoy, una parte de estas 54 familias ocupa pequeñas casas levantadas sobre lo que antes era una pista, en dirección a la Vía de Evitamiento, arteria que une varios distritos de Lima Metropolitana, mientras que otro grupo se ubica sobre lo que era un pequeño parque.

En la zona que antes ocupaban estas familias hoy lo que se aprecia es una construcción varios metros por encima de las habituales dimensiones de la comunidad; se trata de un tramo del Viaducto 8, contrucción que forma parte de Vía Parque Rímac.

Al fondo, sobre un montículo gigante de tierra, parte del Viaducto 8. En esa zona se ubicaban antes decenas de viviendas. Foto: Servindi

Pero el daño hecho hasta el momento no es solo a estas familias. La escuela de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que por años ha sido de vital importancia en la zona, también se ha visto afectada. Originalmente se ubicaba cerca a la orilla del río; actualmente, debido a las obras, la escuela se ubica en lo que antes era una cancha de fulbito.

"Antes la escuela tenía agua, desagüe y luz; ahora no cuenta con estos servicios. Allí estudian 250 niños", reclama preocupado Ricardo Franco en diálogo con Servindi.

Defensoría del Pueblo aboga por comunidad

Una de las instituciones que con más fuerza se ha pronunciado sobre lo que viene ocurriendo en Cantagallo es la Defensoría del Pueblo. Daniel Sánchez, representante de esta institución, alertó que esta situación está poniendo en grave riesgo la salud y la integridad de los habitantes de la comunidad, por lo que pidió a la Municipalidad dar marcha atrás en su decisión de no continuar con los trabajos de reubicación.

En ese sentido recordó que el conjunto habitacional Shipibo fue incorporado en el proyecto Río Verde porque la Municipalidad reconoció que la población sería afectada por las obras de Vía Parque Rímac y que, por lo tanto, debía ser reparada.

Por su parte, una organización aliada que ha hecho suya la defensa de los indígenas de Cantagallo es el Instituto de Defensa Legal (IDL), a través de su Área de Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional.

Álvaro Másquez Salvador, representante de la citada oficina, informó a Servindi que en una reciente reunión los dirigentes de la comunidad decidieron mayoritariamente presentar una demanda de amparo "que va tener como pedido principal que se reubique a la comunidad en los términos señalados con la anterior gestión".

Argumenta que han identificado una serie de derechos que consideran vulnerados, como "el derecho a la identidad cultural, el derecho a una vivienda digna y el derecho a la consulta previa".

Sobre este último punto, Másquez precisó que el acuerdo logrado el año pasado entre la comunidad y la Municipalidad de Lima "tiene configuración de consulta previa" y que "los acuerdos tomados en una consulta previa son de obligatorio cumplimiento".

Cantagallo se ubica en el distrito del Rímac, entre la margen derecha del río del mismo nombre y la Vía de Evitamiento. Foto: Servindi

Otra organización aliada es el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). El abogado Richard O'Diana Roca llamó la atención durante una conferencia de prensa a finales de marzo, sobre los derechos que la Municipalidad vulnera al dejar sin fondos el proyecto que contempla la reubicación de los indígenas shipibos.

Además de los derechos ya citados, el representante del CAAAP aclaró que otros derechos que se estarían vulnerando serían los que se encuentran establecidos en tratados y acuerdos internacionales que hacen énfasis en las formas de restituir y compensar a las comunidades.

Por lo pronto, la comunidad de Cantagallo sostiene que no está dispuesta a tolerar los daños que vienen sufriendo por los trabajos de la Vía Parque Rímac, más aún cuando saben que estas obras tienen previsto recortar aún más su territorio.

De acuerdo a Franco, en cuestión de días Cantagallo se reunirá en asamblea para decidir las medidas de protesta que pondrá en marcha a fin de hacer visible su caso.

Franco detalló además que han cursado los respectivos oficios a los ministerios de Educación y Cultura a fin de que se pronuncien sobre la postura asumida por la actual administración edil.

Por su parte, el representante del IDL explicó que en el menor tiempo posible esperan compartir un proyecto de demanda de amparo con la comunidad para que sea evaluado y se pueda presentar ante la Corte de Lima.

Cabe precisar que en todo momento la dirigencia de Cantagallo buscó entablar un diálogo directo con el propio alcalde Castañeda Lossio. Sin embargo, la respuesta de este ante los constantes pedidos fue más bien el de dejar que se hicieran cargo del tema direcciones no idóneas de la Municipalidad. La comunidad aún guarda esperanzas de que esta respuesta llegue.