Cómo litigar por la defensa del ambiente y los pueblos indígenas

- Una nueva publicación busca contribuir al desarrollo de litigios estratégicos a favor de la defensa del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. La publicación del IDLADS puede descargarse libremente desde la internet.

Servindi, 12 de febrero, 2015.-  El libro Litigio Estratégico en Defensa del Ambiente y los Pueblos Indígenas busca determinar cómo desde el propio ordenamiento jurídico se puede utilizar el proceso judicial como instrumento para implementar políticas públicas y efectivizar derechos humanos.

Elaborado por el equipo técnico del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible (IDLADS) el texto se propone contribuir a solucionar fallos estructurales del sistema jurídico en temas claves vinculados a la resolución de conflictos socio ambientales presentes y futuros.

Entre ellos se puede citar la evaluación y fiscalización del impacto ambiental, el acceso a la información ambiental o el cumplimiento del derecho a la consulta previa, entre otros.

Antes de buscar la demolición de un sistema jurídico ambiental "con gruesos fallos injusto e ineficiente" IDLADS propone emplear instrumentos propios del mismo sistema para transformarlo desde dentro, modificándolo con sus propias reglas.

Cabe destacar que otro de los propósitos del libro es revelar cómo el litigio estratégico aplicado a los derechos humanos, en materia ambiental e indígena, puede dar excelentes resultados en la búsqueda de implementar políticas públicas, derechos humanos y garantizar la existencia de un Estado Constitucional y Democrático.

El litigio estratégico -aclaran los autores- no debe mellar la posibilidad de ejercitar el derecho de protesta, promover la incidencia política, presentar  iniciativas legislativas, y usar otras estrategias.

El IDLADS está presidido por Henry Carhuatocto Sandoval y su equipo está integrado por Carla Rodriguez Lazaro, Lilyan Delgadillo Hinostroza, Yhohana Carhuatocto S., Daniela Villena Delgado, Ronald Vásquez Sánchez y Karín Paredes Jauler.

Entre los casos judiciales promovidos por el IDLADS está el habeas data contra el viceministerio de Interculturalidad quien debe rendir cuentas sobre las medidas de protección a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.

También se admitió la acción popular contra el Decreto Supremo No 054-2013-PCM, en resguardo del patrimonio cultural y ganó una acción de cumplimiento para que se etiqueten los productos transgénicos en el Perú.

Acceda al texto del libro con un clic en el siguiente enlace:

• Litigio Estratégico en Defensa del Ambiente y los Pueblos Indígenas (PDF, 254 páginas)

A continuación reproducimos el texto de la presentación:

Presentación

En los últimos veinte (20) años de gestión ambiental en el Perú, ha quedado demostrado que existe no sólo un alto grado de incumplimiento de las normas más elementales de evaluación de impacto ambiental e instrumentos de gestión ambiental, sino además que ello ha sido causa directa de la afectación de derechos constitucionales como el derecho a un ambiente sano y equilibrado, derecho a la salud, derecho a la identidad étnica y cultural, derecho al territorio ancestral, derecho a la autodeterminación, derecho al acceso a la información pública ambiental, derecho a la intimidad, derecho a la paz y tranquilidad, entre otros. Ciertamente, estas circunstancias adversas e injustas han dado lugar a los principales conflictos socio ambientales que han aquejado a nuestro país, tendiendo los actores sociales a buscar soluciones en el ámbito político social, mediante el ejercicio del derecho a la protesta, y la búsqueda del dialogo político con altas autoridades involucradas en el tema, camino legítimo por el que han transitado organizaciones indígenas y grupos locales cuando ven afectados sus derechos constitucionales como se pudo apreciar en los Proyectos Mineros de Tía María, Conga, Cañaris o el tristemente célebre Caso de las Cuatro Cuencas de Loreto, sin embargo no siempre con los resultados esperados, y no pocas veces, con un alto costo social.

En ese contexto social surge este libro, que busca determinar cómo desde el propio ordenamiento jurídico, o si se quiere desde el propio sistema jurídico, utilizando el proceso judicial como instrumento para implementar políticas públicas y efectivizar derechos humanos, y con ello, podemos articular esfuerzos para dar solución a fallos estructurales del Sistema, en asuntos tales como la Evaluación de Impacto Ambiental, la Fiscalización Ambiental, el Acceso a la Información Ambiental o el cumplimiento del derecho a la consulta previa, que son claves en la resolución de conflictos socio ambientales presentes y futuros, y para el desarrollo de la propia democracia.

Entonces, el presente texto pretende absolver las siguientes interrogantes: ¿Cómo se puede utilizar al proceso constitucional como instrumento para implementar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, y Sistema Nacional de Información Ambiental en el marco de un Estado Constitucional y Democrático? ¿Cómo se puede manejar al proceso constitucional como instrumento para implementar y efectivizar el derecho a la consulta previa y otros derechos indígenas? ¿Cómo podemos proteger a poblaciones indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial mediante un proceso constitucional? ¿Cómo podemos garantizar mediante un proceso constitucional una institucionalidad ambiental e indígena fuerte, objetiva e independiente en resguardo de derechos ambientales e indígenas? ¿O Como apoyar mediante un proceso constitucional a entidades fiscalizadoras claves para la protección del ambiente como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para que no sea convertido en convidado de piedra?

En otras palabras, antes de buscar la demolición de un sistema jurídico ambiental con gruesos fallos injusto e ineficiente, nos concentramos en encontrar sus válvulas de escape, e instrumentos propios del mismo, que lo transformen desde sus entrañas, sin desconocer per se el sistema jurídico vigente sino modificándolo con sus propias reglas. Ahora bien, ello no debe mellar la posibilidad del ejercicio del derecho de protesta, la incidencia política, o la presentación de iniciativas legislativas, y otras estrategias para superar deficiencias de un ordenamiento jurídico válidas.

Advirtamos, así que el presente texto se centrará en lo que nos toca a los abogados, esto es cómo desde la justicia constitucional ambiental podemos perfeccionar la estructura del Estado para proteger derechos ambientales e indígenas, especialmente cuando “en todos los procesos constitucionales subyace siempre la defensa del orden público constitucional” (STC No 005-2005-CC). Dicho ello, debemos recordar que esto implicará muchas veces, no necesariamente buscar cambios estructurales sino el mero cumplimiento de normas ambientales o indígenas, lo que a su vez mejorará el desempeño de la gestión ambiental en sus distintos niveles, y la percepción de justicia y equidad que brinda la administración pública.

En buena cuenta, la justicia ambiental constituye el cumplimiento de normas que protegen los derechos constitucionales ambientales e indígenas, y que garantizan la vitalidad de un auténtico Estado Constitucional y Democrático, así más allá de la Constitución formal, queremos efectivizar una Constitución real que controle el poder social y político desmedido y arbitrario en una sociedad moderna, y garantice la justicia constitucional en sus múltiples variantes, en nuestro caso, la ambiental e indígena. En buena cuenta esto es de lo que tratan los dos primeros capítulos del libro, al mostrar casos emblemáticos donde estas ideas han sido llevadas a la práctica con relativo éxito.

También el propósito de este texto es revelar cómo el litigio estratégico aplicado a los derechos humanos, en materia ambiental e indígena, puede darnos excelentes resultados en la búsqueda de implementar políticas públicas, derechos humanos y garantizar la existencia de un Estado Constitucional y Democrático, que implica explotar al máximo los instrumentos legales que nos proporciona el sistema legal para superar las propias deficiencias del sistema, otra vez, jugar con las reglas establecidas, pero buscando resultados distintos a los que de ordinario se espera de su utilización. Me explico, encontrar que un proceso penal no estará encaminado a la inexorable condena de un contaminador ambiental, sino a recabar pruebas, o que un proceso constitucional no está dirigido a obtener un pronunciamiento favorable sobre un caso individual, sino un pronunciamiento que se transforme en precedente vinculante, y beneficie a una colectividad, en una especie de efecto dominó. Incluso la declaración de improcedencia de una demanda, no significará una derrota, si se consiguió que un máximo tribunal se pronuncie y reflexione sobre un tema de fondo, y siente su posición en los considerandos del fallo, para que luego con los conceptos vertidos en el mismo, con los cuales pueda iniciarse nuevas expansiones de derechos ambientales e indígenas, con el camino más limpio, y una ventaja: existe ya certeza y claridad sobre conceptos fundamentales.

En otras palabras, queremos mostrar cómo no siempre que se pierde un caso judicial, sino todo lo contrario, y con ironía lo diremos, “cuando se pierde, también se gana”, si el proceso era parte de una estrategia mayor bien articulada, que buscaba un objetivo distinto como por ejemplo generar jurisprudencia doctrinal, esto es el desarrollo de conceptos fundamentales en un Estado Constitucional que viabilice la concreción de un derecho constitucional. En otros casos, habrá sido un instrumento para recabar medios probatorios u obtener la posición del sector demandado que de otra forma hubieran sido imposible de obtener, y en otros contextos, también servirá de plataforma para catapultar propuestas legales para el mejoramiento del ordenamiento jurídico, mostrando en carne viva la injusticia a través de una resolución judicial legal, pero reñida con la justicia y la Constitución, y ese es justamente el asunto de la última parte del libro, relatar nuestra experiencia legal sobre el caso de la contaminación sonora generada por la actividad aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y procurar hacer docencia al respecto.

Ciertamente, nosotros entendemos por proceso constitucional, siguiendo al profesor argentino Néstor Sagüés, a aquel encargado de velar –en forma inmediata y directa- por el respeto del principio de supremacía constitucional o por la salvaguarda de los derechos constitucionales, y cuyo conocimiento puede corresponder a un Tribunal Constitucional o al Poder Judicial. En ese contexto, el propósito de este libro, es tomar conciencia sobre ¿Qué nos estamos jugando en los procesos constitucionales a cargo de IDLADS? Y la respuesta es en el fondo el perfeccionamiento del Ordenamiento Jurídico Constitucional Ambiental e Indígena, y de paso, llamar la atención a la ciudadanía y la comunidad jurídica para que se conviertan en los mejores vigilantes de que la resolución de estos procesos constitucionales sea con justicia y sin presiones políticas, y los jueces puedan ejercer con independencia y objetividad sus labores de administradores de justicia. Nunca debemos olvidar, por muy fuerte y punzante que sean los poderes facticos, que vivimos en un Estado Constitucional Democrático, y por lo tanto debemos hacer respetar el cumplimiento de la Constitución, los Tratados, las leyes, y los derechos constitucionales de todos los peruanos, sin discriminación, superando el mero desarrollo económico y el ciego cumplimiento de la legalidad, que no puede estar reñido con el desarrollo sostenible y la naturaleza plurinacional y pluriétnica de nuestro país.

Lima, 07 de febrero de 2015

Equipo Legal IDLADS PERÚ