Advierten contaminación de quebradas en Lote 116

- Exigen que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ejerza su función de control y verifique calidad del agua.

Servindi, 1 de noviembre, 2014.- Las empresas Pacific Rubiales y Maurel Et Prom, de Francia y Canadá, respetivamente, vienen jugando en pared con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para arrojar aguas residuales en quebradas del río Marañón en las actividades de exploración del lote 116 afectando a comunidades awajún.

Así lo expone Maritza Quispe Mamani, de la asociación SAIPE, en un artículo donde advierte los impactos de la actividad petrolera que sufren las comunidades que se abastecen de agua de las quebradas de Takumentsa, Kasahap, Chinganas y Atsakus.

El Apu o jefe de la comunidad nativa de Kuit denunció que las petroleras vierten sus aguas residuales a las quebradas por lo que el agua que sale de las tuberías está mezclada con lodo y expide un olor nauseabundo, encontrándose además peces pequeños y camarones muertos.

Las comunidades que están siendo afectadas solicitan urgentemente la presencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), para que se constituya en el lugar de los hechos y puedan realizar un recojo de muestras de agua de estas quebradas.

Responsabilidad de la ANA

La ANA tendría responsabilidad al autorizar el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo natural de agua, por un plazo de dos años en el marco del proyecto “Perforación de hasta 02 pozos exploratorios desde la plataforma DOM-01, en el lote 116” sin aplicar los debidos controles.

Las comunidades nativas adyacentes a la plataforma DOM-01, no fueron consideradas en el estudio de impacto anbiental (EIA) como afectadas directamente, y sin embargo ya están sufriendo los impactos de la actividad petrolera.

A pesar que la empresa está obligada a controlar los parámetros físicos y de metales pesados en el efluente industrial tratado y el cuerpo receptor y reportar trimestralmente a la ANA el consorcio empresarial estaría trasgrediendo al no respetar los puntos de control.

Este hecho reafirma la denuncia contenida en una acción de amparo donde se sostiene que los puntos de control en lugar de ubicarse a 50 metros de los vertimientos se ubican a 3 mil metros y en una cuenca distinta.

"Este error de ubicación invalida el monitoreo de aguas de los efluentes pues no permite evaluar si estos cumplen con los estándares de calidad ambiental de agua en el momento del vertimiento” indica la demanda.

A continuación el artículo completo de Maritza Quispe:

Grave denuncia contra empresa petrolera a cargo del lote 116: Las consecuencias de hacer las cosas a espaldas de las comunidades nativas

Por Maritza Quispe Mamani*

31 de octubre, 2014.- A lo largo de la historia los pueblos indígenas de la Amazonia han sufrido varios cambios como la implantación de modelos económicos basados fundamentalmente en la extracción de recursos naturales de sus territorios. La búsqueda de fuentes de energía efectuada por los países industrializados, la presencia de empresas extractivas en la zona, la promoción de la inversión privada a todo costo,  y un modelo de desarrollo netamente extractivista parece ser el único interés del Estado en estos momentos.

En territorio Awajun y Wampis existen varias concesiones mineras y petroleras, las mismas que fueron otorgadas por el estado a empresas privadas sin antes haber realizado consulta alguna. En la provincia de Condorcanqui y Bagua, está ubicada el Lote 116, actualmente este lote tiene aprobado el EIA para la exploración de dos pozos petroleros desde una plataforma ubicada en la comunidad nativa de Kashap. En el resumen ejecutivo del EIA del proyecto de exploración del lote 116 se detalla claramente que habrá una afectación a la calidad del agua superficial, afectación a la calidad de agua subterránea, disminución de las quebradas, alteración de la red de drenaje entre otros, pese a ello este EIA fue aprobado.

¿Cuál es el problema?, el problema que está surgiendo actualmente es la posible contaminación de las quebradas de Takumentsa, Chinganas y Atsakus, quebradas que proveen de agua a la población indígena que habitan en las comunidades nativas adyacentes a la plataforma DOM-01, que no fueron consideradas en el EIA como afectadas directamente, y que sin embargo actualmente ya están sufriendo los impactos de la actividad petrolera.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) a través de la Resolución Directoral Nº 149-2012-ANA-DGCRH autorizó el vertimiento del agua residual tratada a un cuerpo natural de agua, por un plazo de dos años contados a partir de la puesta en marcha del proyecto “Perforación de hasta 02 pozos exploratorios desde la plataforma DOM-01, en el lote 116”.

Esta autorización obliga a la empresa a realizar el control de parámetros físicos y de metales pesados en el efluente industrial tratado y el cuerpo receptor, debiendo reportar trimestralmente a la ANA, indicando las coordenadas de los puntos de control de donde se deben recoger las muestras. La ubicación de estos puntos deberá ser verificada por la administración Local de Agua en Bagua.

¿Qué es lo que está pasando?

Hace unos días  el Apu de la comunidad nativa de Kuit manifestó que la empresa petrolera está vertiendo sus aguas residuales en la quebrada de Chinganas, la misma que desemboca en la quebrada de Atsakus; es decir la empresa petrolera estaría vertiendo sus aguas en dos sectores; en la quebrada de Chinganas y en la quebrada de Atsakus, señalando además que el agua que sale de las tuberías esta mezclada con lodo y que expide un olor nauseabundo, encontrando además peces pequeños y camarones muertos. (Ver croquis).

Este hecho estaría probando lo manifestado en la demanda de amparo presentado por estos pueblos contra el lote 116, cuando se señaló que

“al comprobar la ubicación de los puntos de control autorizados, se ha podido verificar que estos no cumplen con lo establecido en la RD 149-2012-ANADGCRH. Dicha disposición señala que los puntos de control se deben ubicar 50 metros agua arriba y 50 metros agua debajo de los vertimientos”.

Las coordenadas indicadas en dicha resolución, ubican erróneamente el punto de control aguas arriba a 4000 metros de distancia del punto de vertimiento de los efluentes industriales y en otra subcuenca. Así mismo, el punto de control aguas abajo se ubica a 33000 metros de la ubicación del vertimiento de los efluentes industriales y en otra cuenca. (el subrayado es nuestro) Este error de ubicación invalida el monitoreo de aguas de los efluentes pues no permite evaluar si estos cumplen con los estándares de calidad ambiental de agua en el momento del vertimiento”.(1)

La preocupación de estas comunidades nativas es justa, pues el agua es un recurso natural, fundamental para la subsistencia y bienestar de los seres humanos. Al respecto nuestra constitución en su artículo 1 establece que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. El agua es un recurso indispensable para posibilitar la vida y garantizar niveles mínimos de salud y bienestar de las personas, por ello el respeto de este derecho es fundamental, debido a que el agua está íntimamente vinculada al derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano y equilibrado para los pueblos indígenas.

Las comunidades que están siendo afectadas solicitan urgentemente la presencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), para que se constituya en el lugar de los hechos y puedan realizar un recojo de muestras de agua de estas quebradas.

Nota: