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Nuevo estudio puede ser descargado gratuitamente |
- OXFAM presentó estudio que refleja tensiones por el control de la tierra y el agua y destaca que países como el Perú no deben depender de la minería.
Servindi, 26 de octubre, 2014.- La actividad minera y petrolera compite directamente con la agricultura de pequeña escala en muchos países atizando las tensiones por el control de la tierra y, sobre todo, por el agua, provocando protestas y conflictos violentos en las comunidades.
Así lo reveló el estudio Geografías en conflicto, elaborado por el geógrafo Anthony Bebbington, profesor de la Universidad de Clark de Estados Unidos, y que propone un diálogo productivo sobre las tensiones existentes entre las industrias extractivas y la agricultura.
Según el documento tanto en Perú como en Ghana, en África, las actividades extractivas y la agricultura se superponen, originando tensiones sobre todo por los recursos naturales.
También muestra el dramático crecimiento de las concesiones mineras y petroleras en áreas destinadas a la agricultura y propone el desafío de pensar en políticas públicas que diversifiquen las economías, como lo está proponiendo el Fondo Monetario Internacional (FMI) para países como Perú.
La diversificación de la economía en sectores estratégicos como la agricultura en pequeña escala es una necesidad esencial para la seguridad alimentaria nacional ya que ésta produce el 70 por ciento de los alimentos consumido en las ciudades.
Según el informe, las cinco cuencas de drenaje que presentaban mayor proporción de su área bajo concesión a la industria minera eran el Marañón, Mantaro, Apurímac, Camaná e Inambari.
La superposición se ha incrementado rápidamente, desde el año 2002, especialmente en las regiones de la costa y del centro del Perú. A partir del 2007 se empezó a otorgar desproporcionadamente áreas agrícolas, especialmente en la costa peruana.
El geógrafo Anthony Bebbington señaló que uno de los desafíos a superar tiene que ver con vencer la limitación de información, el marco legal incompleto y la asimetría en el acceso a la información entre los actores.
Explicó además que uno de los indicadores más importantes son las concesiones otorgadas para la actividad extractiva, en zonas en donde se desarrolla pequeña agricultura, así como los cambios expuestos en el suelo y en la sociedad después de una actividad extractiva.
“Las concesiones nos indican que son decisiones tomadas por actores públicos y privados. Decisiones que tienen que ver con el uso de la tierra. Conscientemente dictadas. Otros indicadores de cambios están en la tierra y los que son de carácter social. Aunque sea un indicador negativo, sirve para medir”, añadió.
La problemática entre ocupación de territorios agrícolas por parte de las actividades extractivas tiene impacto también en la seguridad alimentaria del país, tema que OXFAM ha venido trabajando en los últimos años en nuestro país mediante la campaña CRECE.
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Anthony Bebbington, profesor de la Universidad de Clark, presentando Geografías en conflicto |
El costo de la conflictividad
Otra aspecto del informe es enfatizar el elevado costo que para las corporaciones tiene la conflictividad social, el mismo que puede incluso llegar a cerca de US$ 20 millones semanales en el caso de los grandes proyectos mineros valorizados entre US$3,000 y US$5,000 millones.
En los años futuros, es probable que los distintos usuarios de la tierra compitan cada vez más por el acceso a los mismos recursos de tierra y agua.
Los mapas que muestran dónde se superponen los usos propuestos de la tierra, identifican así dónde la expansión de las industrias extractivas podría amenazar los medios de subsistencia que dependen de la tierra y el agua existentes.
Puede predecirse que la superposición de la agricultura con las industrias extractivas conllevará a un conflicto social permanente, a menos que los gobiernos manejen esta situación de manera efectiva y mediante una adecuada coordinación de políticas.
El Perú experimenta un espectacular crecimiento basado en la minería pero que según instancias como Banco Mundial, BID, etc., crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo. Los conflictos entre extractivas y comunidades locales están expresando raíces profundas de preocupación de agricultores, por ejemplo sobre el impacto en sus medios de vida.
No depender de la minería
El expositor destacó asimismo la importancia de no depender tanto de la minería, al puntualizar lo que sucede en zonas con actividad minera, como en la provincia de Espinar en el Cusco.
Entre 2004 y 2012 dicha provincia recibió más de mil millones de soles por recursos de canon y del aporte de la empresa minera bajo el convenio marco, lo que constituyó el 86 por ciento del total de los recursos que recibió la provincia.
A pesar que los recursos financieros estuvieron destinados a mejorar las condiciones de vida inmediata, no lograron atender los cambios estructurales de productividad y competitividad esperados.
Desatención de la pequeña agricultura
Giovanna Vásquez Luque, representante de OXFAM, señaló que la pequeña agricultura en Perú no tiene la atención, ni la prioridad necesaria por parte del Estado, a pesar que es la base de nuestra seguridad alimentaria y de la gastronomía.
La pequeña agricultura destina el 76 por ciento de sus tierras a la producción de tubérculos y el 72 por ciento a hortalizas.
“En el país no ha habido una política agraria adecuadamente implementada para ese sector porque ni siquiera se encontraba data del mismo hasta el año pasado", agregó Vásquez.
"El censo de 2012 nos habla que hay 2,260 mil pequeños productores y llama la atención que el sector no se ha disminuido sino que muy por el contrario ha aumentado aproximadamente en 500,000 mil. Las regiones de mayor concentración de la pequeña agricultura son Cusco, Puno y Cajamarca. Regiones en donde la industria extractiva tiene una presencia importante” indicó.
Giovanna Vásquez expresó que una muestra de la poca prioridad del sector fue el diseño en el 2013 de la discusión de la política en seguridad alimentaria donde se diseñó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y una Ley marco que garantiza el Derecho a la Alimentación.
Dicha iniciativa legal aún no está aprobada por el Congreso de la República a pesar de los esfuerzos conjuntos de la sociedad civil para lograr su envío al Ejecutivo, anotó.
El estudio a cargo del profesor Bebbington de la Universidad de Clark, sostiene que la agricultura continúa siendo el mayor empleador de la población rural en el Perú.
El 25 por ciento vive hoy en zonas rurales, de ese porcentaje, el 25.2 por ciento es el sector agrícola que aporta a la PEA y aporta el 7.2 por ciento al Producto Bruto Interno (PBI) nacional. La pequeña agricultura es un sector en el que hay una gran cantidad de gente empleada.
Acceda a la información sobre el informe en el siguiente enlace:
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