- Circunstancias en las que se dio la muerte de un menor de edad aún no han sido esclarecidas.
Servindi, 10 de setiembre, 2014.- Tras llegar a un acuerdo con el Gobierno el martes último, las organizaciones sociales de la provincia cusqueña de La Convención iniciaron la mañana del miércoles el desbloqueo de las vías que tomaron con el fin de exigir una serie de medidas en materias como agricultura, corrupción, energía, entre otras.
De este modo se dio a fin a las protestas iniciadas hace dos semanas y que ocasionaron la muerte de tres personas, entre ellas la de un menor de edad.
Se hicieron presentes en la reunión que tuvo lugar en el auditorio del Gobierno Regional del Cusco, el ministro de Agricultura y Riego, Manuel Benites, seis viceministros, representantes de la Contraloría de la República, Defensoría del Pueblo, Comisión Anticorrupción, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otros.
Las organizaciones sociales estuvieron representadas por el Comité Central de Lucha de La Convención que preside Ricardo Caballero. Éste último, junto al ministro Benites, dieron la noticia de la instalación de cinco mesas de trabajo.
En dichos espacios recibirán especial atención las demandas que tienen que ver con la rehabilitación del proyecto de Planta de Fraccionamiento del gas de Camisea en Kepashiato, la Central Termoeléctrica en Quillabamba y el tema de la lucha anticorrupción.
Su bien el acuerdo alcanzado representa un gran avance, aún quedan varios hechos por esclarecer. Uno de estos es la muerte del menor Jhapet Huilca Pereira, de 16 años, resultado de un impacto de bala procedente de un arma de fuego de largo alcance durante la protesta del 2 de setiembre.
Al respecto, la congresista cusqueña Verónika Mendoza criticó al gobierno por no variar en nada su modo de aborda los conflictos sociales. Lamentó así que en el caso de las provincias del interior del país se tengan que dar situaciones de desborde popular para que recién el gobierno central entable el diálogo.
En otro punto, Mendoza Frisch sostuvo que el pedido de la población de construir una planta de fraccionamiento de gas resulta legítimo. Explicó que los convencianos ya están cansados de ver cómo se extrae gas frente a sus ojos y pese a ello no puedan beneficiarse de este recurso.
En una entrevista en Radio Exitosa indicó que la población de dicha provincia compra el gas a precios altísimos y que esto podría cambiar con la construcción de la planta envasadora.
"El Ejecutivo ha dicho que no sería rentable (la construcción de la planta de fraccionamiento), puede ser, pero, ¿y la rentabilidad social? Acaso no sería justo que la gente que vive en ese territorio del cual se extrae el gas se beneficie también", aseveró.
A raíz de la muerte del menor de 16 años, instituciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas emitieron sendos pronunciamientos acusando al gobierno de violar los compromisos asumidos en materia de derechos humanos.
Con Jhapet son 35 los civiles fallecidos por la acción policial en protestas en lo que va del gobierno de Ollanta Humala Tasso.
Añadir nuevo comentario