- La ley 30230 también afecta gravemente el ejercicio de los derechos de propiedad sobre la tierra de las ciudadanas y ciudadanos.
Servindi, 22 de agosto, 2014.- El paquete de medidas para reactivar la economía aprobado mediante la Ley 30230 también golpea directamente los derechos a la tierra de las comunidades campesinas y nativas para favorecer las inversiones privadas.
Así lo advirtió el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, conformados por organizaciones de la sociedad civil, gremios agrarios e indígenas.
En dicha norma el gobierno dispone la implementación de "procedimientos especiales" que serán ejecutados por el Organismo Formalizador de la Propiedad Informal (COFOPRI) que otorgará derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión.
La entrega se efectuará “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios” (artículo 37, inciso a).
Entre los proyectos se mencionan la ampliación de la frontera agrícola, proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales, agroindustriales, nuevos ejes viales, entre otros.
La Ley 30230 no solo entregará a los inversionistas derechos sobre la tierra en el área de influencia directa de sus proyectos, sino también sobre el área de influencia indirecta (artículo 37, inciso a).
Esto significa que también se podrán afectar las zonas aledañas al proyecto que las empresas consideren necesarias para sus operaciones.
Paquete lesivo
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| Las comunidades mueven al país... pero el gobierno ignora sus derechos |
El paquete de medidas lo aprobó la Comisión Permanente del Congreso de la República con el voto favorable de solo once congresistas. El argumento fue promover las inversiones para evitar la desaceleración de la economía nacional.
Según los colectivos denunciantes la Ley 30230 “establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país” y contiene artículos imprecisos, generales y hasta ambiguos.
A un mes de su vigencia la mayoría de críticas se han enfocado en los aspectos ambiental y tributario de la norma, dejando de lado otras dimensiones importantes.
De esta manera se pretende facilitar proyectos de gran envergadura a costa de vulnerar derechos y garantías establecidas en la legislación nacional e internacional a favor de las comunidades y pueblos indígenas.
En el Perú los pueblos originarios se organizan en 6,069 comunidades campesinas y 1,469 comunidades nativas.
El 72.7 por ciento de éstas (5483) no pueden acreditar de forma indubitable su derecho de propiedad, debido a la carencia de georreferenciación de la extensión y localización de sus tierras.
Esta es una deuda histórica que el Estado peruano aún no ha saldado con los pueblos originarios.
Las entidades denunciantes solicitan al gobierno garantizar los derechos sobre la tierra de cerca de ocho mil comunidades campesinas y nativas del país, que serán seriamente afectadas por las medidas del “paquete reactivador”
Desilusión
A inicios de 2013 diversas entidades saludaron la iniciativa del gobierno de retomar el saneamiento de la propiedad rural —incluidas las tierras de las comunidades— como parte de las tareas los gobiernos regionales, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
Esta labor recibiría el impulso del Proyecto de Titulación y Registro de Tierras Rurales - Tercera Etapa (PTRT 3) para el saneamiento legal de la propiedad rural, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con cincuenta millones de dólares.
Sin embargo, la nueva ley trae abajo todas las expectativas al encargar al COFOPRI la conducción de los procedimientos especiales mencionados, dejando de lado los criterios iniciales para el saneamiento en ámbitos rurales.
El COFOPRI fue cuestionado severamente por las comunidades campesinas y nativas por su enfoque urbanista y promotor de la parcelación de las tierras comunales antes que fortalecer la propiedad comunal.
Comentarios
No se puede pretender mantener artificialmente la aceleración de la economía en la misma dirección ya agotada, cuando la realidad ya está apuntando en otra dirección. Empecinarse en mantener un modelo que en el mundo ya está en retirada, sabe más bien a lobbismo de tecnoburócratas y políticos.
El congreso debe sacar una ley que castigue a aquellos tecnoburócratas que dañan la salud financiera del Perú, comprometiendo inversiones que social, cultural y ambientalmente son inviables.
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