Las comunidades guaraníes que realizan trabajos forzados en fincas privadas serán liberadas y se beneficiarán con la dotación de 50 hectáreas de tierras por familia, que el gobierno adquirirá con recursos gestionados de la comunidad internacional en calidad de donación.
El crédito de la cooperación internacional permitirá la compra de unas 50.000 hectáreas de tierra para distribuirlas entre unas 1.000 familias de las comunidades cautivas que existen en el país.
El viceministro de Tierras, Fernando Asturizaga, indicó que el gobierno junto a la Asamblea del Pueblo Guaraní elaboraron un proyecto por el cual se podrá solicitar apoyo a la cooperación internacional para adquirir las tierras.
"La compra de tierras no solo involucra el acceso a ese recurso, sino que también vincula a un importante compromete productivo que pueda llegar y mejorar las condiciones de vida de las comunidades cautivas que son realmente infames", explicó la autoridad del Ministerio de Desarrollo Sostenible.
La contratación de créditos de la cooperación fue autorizada mediante un decreto supremo que se aprobó en la gestión gubernamental de Carlos Mesa.
Asturizaga informó que el monto inicial que se tramita con el Banco Mundial es de 500.000 dólares.
Con esos recursos se estima que se podría atender requerimientos en zonas donde se han identificado algunas comunidades denominadas cautivas, en las cuales todavía perviven relaciones de servidumbre en pleno siglo XXI.
Los recursos que se obtengan serán destinados a la compra de tierras en las provincias O'Connors y Gran Chaco de Tarija; Luis Calvo y Hernando Siles en Chuquisaca; y Cordillera en Santa Cruz.
El trabajo forzoso está prohibido en Bolivia, pero a pesar de eso existen casos de un régimen de explotación del trabajo que se acercan incluso a la servidumbre.
La recolección de castaña en el norte amazónico de Bolivia y el cultivo de la tierra y la ganadería en el sureste son dos de los casos más destacados en que se usan métodos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tipifica como de "trabajo forzoso u obligatorio".
El Ministerio de Trabajo de Bolivia no dispone de información al respecto, y por lo tanto tampoco rige su autoridad en los ámbitos donde se practica este tipo de abuso.
El gobierno reconoce que esos trabajadores están desamparados por lo que los ministerios de Trabajo y Asuntos Indígenas trabajan en la elaboración de un proyecto de ley que será entregado a consideración del Congreso Nacional donde se contempla la incorporación de esos sectores a la legislación laboral.
Uno de los casos extremos de explotación es la situación de aproximadamente un millar de familias indígenas guaraníes que viven al interior de haciendas en el chaco boliviano. Se trata de familias enteras que viven en condiciones de semifeudalidad.
Los trabajadores indígenas se dirigen al hacendado como "papi" o "mami", y muchos de ellos, según estudios del despacho de Asuntos Indígena, el Viceministerio de Justicia y organizaciones no gubernamentales, llevan el apellido de los patrones.
"En esas haciendas se reproduce una situación que se creía desaparecida", advirtió el viceministro de Derechos Indígenas, Alejandro Choque.
"Si los trabajadores no cumplen con su tarea, reciben latigazos. Si bien esto no es generalizado, existe y está comprobado con videos que sí ocurre", dijo la autoridad.
Las familias y comunidades guaraníes empatronadas, o cautivas, son las que principalmente trabajan por cuenta ajena, en condición de subordinación y dependencia, en labores propias de la actividad agropecuaria y que reciben retribución en especie, dinero, mixto y en otros casos en los que no se establece retribución alguna.
Fuente: Hoybolivia.com el Primer periódico por internet de Bolivia, sitio web: http://www.hoybolivia.com
Añadir nuevo comentario