Condenan asesinato de radialista en Honduras

Carlos Mejía era radialista comunitario de emisora jesuita

- Para Comisión Interamericana caso reviste gravedad por que asesinado era beneficiario de medidas cautelares.

Servindi, 16 de abril, 2014.- El clima de violencia, impunidad y violación de los derechos humanos se expresó nuevamente con el cruel asesinato a puñaladas del radialista Carlos Hilario Mejía Orellana, beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 27 de mayo de 2011.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato ocurrido el 11 de abril, expresó su profunda preocupación e insta a las autoridades hondureñas a actuar con urgencia para identificar los motivos del crimen e investigar, juzgar y condenar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.

La Comisión Interamericana otorgó a Mejía Orellana medidas cautelares en 2011 y le solicitó al Estado realizar todos los esfuerzos necesarios para proteger su vida e integridad personal.

El occiso era trabajador de Radio Progreso, emisora de la Compañía de Jesús en Honduras, y recibió varias puñaladas mientras se encontraba en su vivienda en la ciudad El Progreso, departamento Yoro, en Honduras.

Carlos Mejía Orellana, era miembro del equipo de Radio Progreso, emisora comunitaria que tuvo la valentía de condenar el golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009 y que sufrió el acoso de los tanques en la misma puerta de la radio.

Tras el golpe de Estado las circunstancias de trabajo del equipo humano de Radio Progreso se habían convertido en un asunto difícil con amenazas directas a más de 15 personas del equipo.

Las instalaciones de Radio Progreso fueron allanadas en 2009. Desde ese año algunos de sus periodistas y su director habrían sido objeto de graves amenazas y actos de hostigamiento relacionados con su defensa de los derechos humanos en ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Mediante un comunicado de prensa la CIDH y su Relatoría Especial manifestó que la comisión del crimen contempla especial gravedad dada la existencia de las medidas de protección otorgadas.

Señaló que es fundamental que el Estado hondureño esclarezca a la mayor brevedad posible la causa de este crimen, identifique, procese y sancione a los responsables, y adopte medidas de reparación justas para los familiares de la víctima.

La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por el ejercicio de su actividad profesional.

En particular, es urgente adoptar todas las medidas para asegurar la debida implementación de las medidas cautelares otorgadas, especificó.

Ante la serie de asesinatos cometidos contra comunicadores en Honduras desde 2009 resulta imprescindible que el Estado investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad hondureña.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.