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- Representa el 73,9 por ciento de los conflictos socioambientales.
Servindi, 16 de abril, 2014.- Del total de 211 conflictos registrados en el mes de marzo en el Perú 99 corresponden directamente a conflictos ocasionados por la actividad minera, lo que representa el 46.91 por ciento del total de conflictos. De esta manera la minería es la actividad más conflictiva del país.
Del total de 211 conflictos 134 corresponden a conflictos socioambientales activos y latentes, 32 derivan de asuntos de gobierno local, 16 se deben a la demarcación territorial, 9 a situaciones laborales y 9 se refieren a asuntos de gobierno nacional, entre otros.
En el rubro de conflictos socioambientales después de la minería que representa el 73,9 por ciento, le sigue la actividad hidrocarburífera con el 12,7 por ciento (17 casos).
Así lo informó la Defensoría del Pueblo en su Reporte de Conflictos Sociales N° 121, correspondiente al mes de marzo del 2014, el cual da cuenta –entre otros aspectos- que de los 211 conflictos sociales, 165 tienen la calidad de activos y 46 se encuentran en estado latente.
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Cabe indicar que Apurímac (24), Áncash (23), y Puno (18) continúan siendo las regiones que concentran la mayor cantidad de conflictos sociales.
También se informa de seis conflictos resueltos y del surgimiento de siete casos nuevos ubicados en las regiones de Apurímac, Huancavelica, Junín, Loreto y Ucayali.
Respecto a los niveles de violencia el reporte recoge información de 115 protestas sociales, principalmente marchas y bloqueos de carreteras, siendo las más persistentes la de Mazuco y Puerto Maldonado en Madre de Dios, la de Aguaytía y otros distritos de la provincia de Padre Abad en Ucayali; y la de los trabajadores del Poder Judicial.
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Competencias en la atención de conflictos sociales
La identificación de las competencias en la atención de un conflicto social se hace a partir del reconocimiento del papel que desempeñan los sectores públicos en la atención de las múltiples demandas que son planteadas durante el desarrollo de un conflicto social.
Así, en el mes de marzo de 2014, la principal competencia (entre varias que coexisten) en la atención de los conflictos sociales registrados recae en el Gobierno Nacional, con 126 casos (59,7 %); los Gobiernos Regionales con 49 casos (23,2%); los Gobiernos Locales con 21 casos (10,0%).
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