¿Qué pasó con el Caso Tamshiyacu?

Deforestación de bosques primarios en Tamshiyacu. Vista aérea

Por Juana Hianaly Galeano

28 de febrero, 2014.- A fines del año pasado, la deforestación masiva de más de dos mil hectáreas en Tamshiyacu generó revuelo. El escándalo se hizo mayúsculo cuando una a una, todas las instituciones del Gobierno Regional que tendrían competencias se lavaron las manos

: DISAFILPA se excusó objetando que los terrenos eran predios privados y el Programa Forestal argumentó jamás haber autorizado el desbosque. Por su parte, la Dirección Regional Agraria sostuvo que la deforestación se subsanaba al volver a sembrar en estos terrenos. ¡Patrañas!

Entonces, ¿quién tenía responsabilidades en el presunto delito? Una vez que la prensa desató el escándalode la deforestación, la Fiscalía Ambiental con prontitud adelantó un operativo inopinado, abrió el caso Tamshiyacu y a mediados de octubre con una orden judicial en su bolsillo paralizó la deforestación. Las pruebas eran contundentes para ganar el caso a favor de los bosques: imágenes satelitales del 2012 hasta la fecha confirmaban la devastación y el diámetro de los árboles talados indicaban su proveniencia de un bosque primario.

Sin embargo, la investigación preliminar abierta contra Cacao del Perú Norte S.A.C. por el delito de destrucción de formaciones boscosas revelaría progresivamente un intricado revés. Las primeras entrevistas que hizo este medio buscando un culpable dieron las pistas de la argucia legal que utilizaría la empresa. Nadie lo habría pensado en su momento.

Entrevistado el 6 de septiembre, José Cachay, Director de DISAFILPA, explica que su dependencia no había tenido “ninguna participación” en la adjudicación de los terrenos pues éstos se referían a “una transacción comercial de títulos de propiedad entregados en 1997”. El Ingeniero Cachay sabía con claridad meridiana de qué se trataba la situación. Argumentó que las dos mil hectáreas deforestadas NO eran terrenos de libre disponibilidad del Estado. “Deduzco que lo han comprado privados” dice y adelanta una suposición “quizá lo hayan comprado a unos 50 o 60 propietarios de predios, un número grande que quizá hayan transferido a la empresa.” El Ing. Cachay estaba en lo correcto.

El Proyecto de Parcelación e Independización denominado “Fernando Lores” mediante el cual el ministerio de Agricultura (MINAGRI) bajo el Decreto Legislativo 838 adjudicó tierras del Estado en forma gratuita, habría sido el contexto mediante el cual Cacao del Perú Norte S.A.C. habría adquirido más de 50 predios de 49 hectáreas cada uno y deforestado hasta el momento 2,150 hectáreas de bosque. Bajo este panorama, ¿era legítimo el desbosque de un área cuyas dimensiones supone a todas luces a un delito ambiental?

Cacao del Perú Norte S.A.C. es una de las trece empresas de un grupo malayo-peruano que cuenta entre inversionistas al ciudadano norteamericano Dennis Melka, CEO de Asian Plantations Limited, empresa que tiene proyectos de palma aceitera de hasta 20,000 hectáreas en Malasia. El año pasado, las actividades del Sr. Melka en la Amazonía peruana se constituyeron en un caso tan emblemático que una ONG alemana realizó en internet una acción de protesta al gobierno peruano y las autoridades correspondientes por la tala de la selva. Se mencionaba además que la deforestación de Tamshiyacu no contaba con ninguna autorización de desbosque. Ante esto, el señor Melka respondió escuetamente “Según la ley peruana, no es necesario ningún permiso.”

De esta manera, el Decreto Legislativo 838 se convertía en el arma perfecta para blindarse ante informalidad. La compra de estos predios rústicos adjudicados para fines agropecuarios, entregados por el expresidente Fujimori para promover la “reincorporación de la población desplazada por la violencia terrorista”, se había convertido en el mecanismo legal más expedito para refrendar el delito ambiental.

Entonces, ¿existe o no ilegalidad en la deforestación? ¿Cacao del Perú Norte S.A.C. puede seguir comprando predios tituladosy deforestando a diestra y siniestra sin que le caiga el peso de la Ley? El 22 noviembre del año pasado, la Agencia de Prensa Ambiental, Inforegion.pe, informó que la Fiscalía Ambiental esperaba el informe del Ministerio de Agricultura y Riego confirmando o desmintiendo el delito. ¿Qué información contiene dicho informe? ¿Estará el MINAGRI  aprovechando el presunto vacío legal existente para sostener que no existe delito o la Dirección de Asuntos Ambientales del MINAGRI saldrá a favor de los bosques? Es necesario que los loretanos conozcan qué pasó con la investigación del Fiscal Johnny Ríos Arce pues la disposición final que contiene las argumentaciones de la DGAA del MINAGRI sentará un precedente claro para los bosques amazónicos.

Nota:

Al día siguiente de la publicación de esta columna en el informativo La Región, diario local de Iquitos, la periodista Luz Marina Herrera entrevistó al Fiscal Johnny Ríos Arce sobre el estado de la investigación. Leer en este enlace: http://diariolaregion.com/web/2014/02/27/concluyo-investigacion-sobre-deforestacion-de-miles-de-hectareas-de-bosques-primarios-en-tamshiyacu/

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