Servindi, 30 de enero, 2013.- El Consejo Indigenista Misionero (CMI), denunció que indígenas de la etnia Tupinambá fueron atacados las madrugadas del 29 y 30 de enero con armas de fuego por la policía Federal por oponerse a la instalación de un puesto policial en la sede de la finca Sempre Viva, Estado de Bahía, cuya propiedad les fue reconocida por una entidad estatal en 2009.
En un comunicado, el CMI informó que el intento de la policía federal de instalar la estación policial en el citado predio, ubicado en Buerarema, en el estado de Bahía, al noreste de Brasil, causó la indignación y rechazo de los indígenas Tupinambá.
El martes 28 la policía arribó en 18 vehículos a la sede de Sempre Viva e instaló “una infraestructura que incluye varios colchones, camas, radio y algunos vehículos”, mientras los indígenas se encontraban en el campo, indicó la misma fuente.
Tras la oposición de los nativos, “25 hombres dispararon y tiraron granadas hasta las 4 de la madrugada", informó a la agencia EFE la directora de la escuela indígena de la zona, Magnólia Jesús da Silva.
En un posterior comunicado de CMI, la directora declaró que la madrugada del 30 llegaron más policías y ocurrió otro tiroteo “más grande que el de la noche anterior (…) Parecía que iban a derribar las casas de tanto tiro”, expresó.
“¿Por qué el Gobierno dispara a los indígenas? ¿Por qué está actuando de la misma manera durante la dictadura? ¿Por qué toda esta violencia en contra de nosotros? Sólo queremos lo que es nuestro”, se preguntó la educadora indígena.
Para el CMI, la toma no autorizada de ese territorio constituye una violación de derechos, puesto que la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) declaró en 2009 a la zona como "territorio tradicional indígena".
La organización católica consideró “inaceptable” que el Ministerio de Justicia haya detenido el trámite por el que deberían ser reconocidas esas tierras a nombre de los Tupinambás y que, en vez de expedir la resolución administrativa correspondiente, pretenda instalar una base policial “irrespetando la legislación brasilera y de modo especial la Constitución Federal”.
El CMI agregó que la militarización del territorio de los Tupinambás y de sus ocupantes no indígenas sólo agrava la situación y la solución va por la publicación inmediata de la resolución administrativa sobre la Tierra Indígena Tupinambá, así como por las indemnizaciones a sus ocupantes y el reasentamiento de los no indígenas que se inscribieron en el proceso de reforma agraria.
“Es la responsabilidad del gobierno de Dilma prevenir o causar una tragedia en la Sierra Baker, tierra de gente Tupinambás”, concluyó el CMI.
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