El conflicto de Bagua marcó un hito de compromisos que el Estado deben cumplir
Servindi, 29 de enero, 2014.- “Sí es factible llegar a un consenso entre las comunidades indígenas, las industrias extractivas y el Estado frente a conflictos socioambientales”, declaró Deborah Kennedy, directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Así lo afirmó durante la presentación del informe final del proyecto: “Mitigación de conflictos y desarrollo en la Amazonía” que permitió generar espacios de diálogo que han fortalecido a comunidades indígenas en cuatro zonas del país: Bagua, Satipo, Napo y Lamas.
Se trata de cuatro zonas donde existe poca presencia del Estado y no hay suficientes alternativas económico-legales para sus habitantes.
El proyecto de tres años de duración trabajó bajo la premisa de que el diálogo es una alternativa para generar puntos de encuentro entre las comunidades indígenas afectadas por un proyecto extractivo, las empresas y el gobierno, ofreciendo una posibilidad de resolver el conflicto sin violencia.
El desafío de compatibilizar desarrollo con derechos
El evento contó con la presencia del Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, quien afirmó que: “El gran desafío que todavía tiene el país es acelerar y atender la agenda amazónica que no se reduce sólo a la Consulta Previa”.
Asimismo, remarcó la necesidad de compatibilizar el desarrollo de la Amazonía con los derechos de los pueblos indígenas, e hizo referencia a los resultados arrojados por el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2013-2014.
En el se indica que a pesar de que las expectativas de inversión son muy elevadas para los próximos años, el país ha retrocedido en materias como la institucionalidad, educación, salud o infraestructura.
Ello demuestra -según el defensor- que “la competitividad económica no va de la mano de una mejora en la calidad de vida de los peruanos."
"El crecimiento económico es importante para el país, pero no es más importante que la vigencia y el respeto de los derechos de todos los peruanos, y en especial a aquellos que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad como son los pueblos indígenas” afirmó.
La conflictividad va más alla de la consulta
El defensor anotó que existen en la actualidad 19 conflictos que involucran directamente a pueblos indígenas amazónicos, 6 de los cuales tienen que ver con el derecho que les asiste a ser consultados. “Cuando hay pueblos indígenas en estos proyectos mineros e hidrocarburíferos tienen que ser consultados”, declaró.
En dicho punto coincidió con la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, quien precisó que “si no se avanza en otros temas como la titulación de de tierras, la educación o la salud, la consulta previa aparece muy solitaria”.
Clara Indacochea, supervisora de Gestión de Responsabilidad Social de Petroperu-miembro de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, abundó en la necesidad de escuchar a los pueblos indígenas y de entablar un diálogo intercultural con ellos.
“En ese construir conjunto entre los pueblos indígenas, el gobierno y las empresas mediante el diálogo se podrá decir que una industria de hidrocarburos es sostenible”.
Agenda política con visión ancestral
“Después del Baguazo y de las grandes protestas, surgieron grandes propuestas: hemos logrado crear nuestra propia agenda política con una visión ancestral”, afirmó Edwin Montenegro, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), quien destacó como un logro la promulgación de la Ordenanza Regional de Consulta Previa de Amazonas.
Por su parte, los Kichwas del Napo lograron, a través de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (FECONAMNCUA), ser incorporados al proceso de Consulta Previa del Área de Conservación Regional (ACR) Maijuna- Kichwa.
“Queremos negociar qué desarrollo queremos para los pueblos indígenas en el futuro. Desarrollo es invertir en educación, en salud. Este proyecto nos ha empoderado para poder compartir nuestras necesidades y preocupaciones”, explicó Richard Rubio, presidente de esta organización.
Mientras, en Lamas, las organizaciones indígenas vienen participando en la cogestión del ACR-Cordillera Escalera.
El proyecto
“Esos son algunos ejemplos que nos muestran como el diálogo, con información adecuada, constituye una alternativa viable para transformar los conflictos y llegar a soluciones aceptables para todos los involucrados”, explicó Dina Guerra, coordinadora del proyecto.
La iniciativa fue llevada a cabo por las organizaciones Catholic Relief Services (CRS), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Acción Solidaria para el Desarrollo (CooperAcción).
Además, el proyecto logró poner en marcha el observatorio “Vigilante Amazónico”, gracias al cual se han monitoreado más de 20 conflictos socio-ambientales.
“Ha permitido a las organizaciones indígenas y sus líderes, fortalecer su conocimiento y ejercicio de derechos, su capacidad de análisis, propuesta e incidencia y promover campañas de difusión en la opinión pública”, sostuvo Julia Cuadros, directora de CooperAcción.
Otro logro del proyecto fue incrementar la participación de las mujeres en espacios que estaban reservados exclusivamente para los hombres. “Al estar mejor capacitadas, se han sentido seguras de poder aportar y asumir nuevos roles dentro de las comunidades y organizaciones, logrando ser elegidas como dirigentes”, aseveró Guerra.
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