«Es posible que un Estado fomente genocidios a través de sus políticas»

En entrevista con Servindi el antropólogo Rodrigo Lazo explicó que el Estado podría estar incurriendo en un acto genocida a partir de un conjunto de acciones que están afectando a la población indígena, hecho que además ha sido denunciado por las organizaciones indígenas.

Servindi, 5 de julio, 2020.- Vacíos estadísticos, decisiones tardías o sin pertinencia cultural y celeridad por reactivar condiciones que presionan los territorios. 

Estas son algunas de las características de las intervenciones –u omisiones– del Estado hacia los pueblos indígenas ante la pandemia del COVID-19.

Para explicar estos desaciertos el antropólogo Rodrigo Lazo plantea la teoría del “Estado-vector”, considerando no solo el aspecto trasmisor del virus en términos naturales, sino especialmente en su dimensión social y política.

¿Qué es un Estado-vector?

"El concepto de “Estado-vector” busca representar la responsabilidad que el Gobierno contrajo al imponer, por medida de excepción, su autoridad para distanciar, desplazar y reunir a las personas. Destaca que, al suspender el derecho individual a la libertad de tránsito, el Gobierno se constituyó en el principal determinante de la exposición a un virus altamente sensible al comportamiento humano y a su movimiento", refiere el antropólogo.

Y prosigue: "En ese sentido, a través de la implementación de políticas públicas deficientes, se convirtió en el autor de las rutas de transmisión que condujeron al SARS-CoV-2 a las comunidades nativas y de la producción de contextos de diseminación que afectaron la Amazonía”.

El especialista, quien trabaja en Amazonas, recordó que en dicha región hubo alrededor de 50 días sin contagios ni casos debido a que las organizaciones indígenas decidieron firmemente bloquear los accesos e impedir el ingreso de extraños.

“Cuando el Estado organiza sus políticas de asistencia social no lo hace pensando en las comunidades. Este error es una constante en la relación entre pueblos indígenas y Estado, y propicia comportamientos vectoriales de las personas, pero dirigidos claramente por políticas públicas”

La estrategia indígena estaba funcionando. Sin embargo, “el Estado tomó una decisión equivocada y alentó a los ciudadanos de las ciudades grandes a que regresen, produciéndose el fenómeno de los desplazados”, sostuvo.

Estas personas, sin saberlo, cargaban con el virus. Sin embargo, al pedir que les hagan descartes, el Gobierno no se los pudo efectuar, incumpliendo así su función estatal de garantizar la salud pública y permitiendo que el virus ingrese a territorios que estaban libres de la pandemia.

Ello, más la entrega de bonos, propició que comunidades nativas dispersas, –lo cual jugaba como un factor de protección–, deban desplazarse hacia las ciudades a cobrar dicho bono, fomentándose tránsito y aglomeraciones, desatendiéndose las recomendaciones que habían anticipado las organizaciones indígenas.

“La idea [del Estado-vector] era pensar en la función de vector no solo en términos de algo natural sino ver además el carácter social y político, que también es un movilizador del virus”, señaló.

Y prosigue: “Este esquema no está desarrollado tan políticamente, pero en la epidemiología sí es posible trabajar un concepto que permita leer las relaciones entre el Estado y la sociedad, en términos de vectores no naturales sino sociales y políticos”.

Inicialmente, las comunidades tomaron sus propias medidas de resguardo como el cierre de territorios.

¿Está cometiendo el Estado un acto genocida?

Si las estrategias preventivas indígenas los estaban manteniendo a salvo hasta que se oficializaron estas intervenciones, ¿se podría decir que el Estado está alentando un genocidio?

Antes de responder, el antropólogo refirió que existen tres aristas a considerar: la legal, la de las ciencias sociales y la política. Las organizaciones indígenas han elevado sus denuncias a diversas instancias planteándolas como “genocidio o etnocidio por omisión”, es decir, han ido por el lado político.

Sin embargo, Lazo considera que aún hacen falta, desde las ciencias sociales, más herramientas conceptuales que prueben fehacientemente el traslado entre una política, su implementación y las consecuencias de muerte.

si bien estos genocidios no son deliberados, sí lo son de formas más sutiles o involuntarias

De ser así, habría una cadena que desde las ciencias sociales se pueda explicar de manera más exacta. Entonces, es así como se determina que desde el Estado y su comportamiento hay un patrón de vector, “con este tipo de lectura es totalmente posible que un Estado fomente, a través de sus políticas, genocidios”, sentenció.

Lazo aclara que, si bien estos genocidios no son deliberados, sí lo son de formas más sutiles o involuntarias. Esto “revela que hay un problema por parte del Gobierno, que implementa cosas sin conocer”.

Vacío estadístico

El otro gran problema es la ausencia de data especializada o desagregada respecto a pueblos indígenas. Esto los vuelve invisibles y hasta desconocidos para el Estado

“Existe el gran riesgo de que no se pueda llegar a registrar la magnitud del impacto de la epidemia entre los pueblos indígenas”, expresó el especialista, advirtiendo que además se realiza un registro inadecuado, generando que la información no llegue debidamente a las DIRESA.

“Creo que hay un criterio de discriminación étnico-rural. Pero habría que investigar más a nivel legal”, remarcó.

Prueba de ello es que, por ejemplo, se va a reactivar la economía porque se asume que estamos todos en una meseta.

Lazo señala que más bien el agregado nacional no expresa la situación de riesgo en las distintas poblaciones, y que lo más acertado sería medir por regiones las distintas curvas que, en paralelo, van siguiendo sus propios cursos.

Rodrigo Lazo, antropólogo.

Reacciones tardías

El antropólogo también considera que había funcionarios que podían cambiar el curso de esta situación, siempre y cuando se hubiera tomado mejores decisiones y no tan tardías.

“El Mincu fue el único sector que no produjo ninguna norma en los primeros 45 días que le dieron facultades al Ejecutivo porque no pasó sus propios estándares técnicos”, citó como ejemplo.

Sin embargo, considera que “ahora se percibe un cambio de ritmo en el ministerio con la salida de la ministra". De otro lado, señala que ha sido muy tardía la actuación del Viceministerio de Interculturalidad, que es el ente rector en materia de pueblos indígenas.

Lazo explica que esto se mezcla con la corrupción y debilidad técnica también del nivel regional. Pese a todo ello, considera que aún se estaría a tiempo que corregir estos errores desde el Estado.

Escuche la entrevista dando clic al audio insertado en la parte superior de esta nota.
 

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