Servindi, 27 de enero, 2016.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
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Mundo Indígena Perú - 27 de enero de 2016
Plan EIB. El 22 de enero culminó el proceso de consulta previa del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, con la firma de acuerdos entre los representantes de las organizaciones indígenas y el Ministerio de Educación.
“Hemos logrado un documento conjunto que ha incorporado casi todos los aportes de las organizaciones y compromete al Estado y a los pueblos indígenas a garantizar su aplicación”, afirmó Elena Burga, directora general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (Digeibira).
El Plan tiene entre sus objetivos garantizar que los estudiantes indígenas tengan acceso a una escuela intercultural bilingüe y concluyan oportunamente su educación básica tanto en primaria como en secundaria.
TPP. Más de 600 personas marcharon en Lima contra el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que, según numerosos expertos, pone en riesgo la soberanía y gobernabilidad del país.
La movilización tuvo lugar el 22 de enero. Los marchantes expresaron su temor debido a que, según ellos, con este acuerdo se incrementará el precio de los medicamentos genéricos. Asimismo se afectará el derecho a la libre expresión en internet y las políticas nacionales sobre medio ambiente.
Para el próximo 4 de febrero se tiene previsto una nueva marcha. Ese día en Nueva Zelanda se espera la firma del acuerdo por doce países, incluido el Perú.
Políticas agrarias. La Confederación Nacional Agraria (CNA) hizo un llamado a las organizaciones agrarias, indígenas y campesinas a exigir a los candidatos a defender la consulta previa, garantizar la seguridad jurídica de tierras y territorios y promover la agricultura sostenible.
En una carta oficial enviada a sus 19 bases regionales, instó a que las organizaciones promuevan espacios para debatir las propuestas de los candidatos a la Presidencia y el Congreso de la República de cara a los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades y el desarrollo rural.
Consulta. Los proyectos de infraestructura pública que impacten en territorios de pueblos indígenas deben ser consultados. Así lo sostuvo el abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda.
Advirtió en ese sentido, que la Décima Quinta Disposición final del Reglamento de la Ley de Consulta, es inconstitucional, pues exonera y excluye de forma inconstitucional proyectos de infraestructura de este tipo que se deben consultar.
Es el caso del proyecto de Línea de Trasmisión Eléctrica Moyobamba – Iquitos, ante la cual dos organizaciones indígenas regionales han interpuesto demandas por “omisión de consulta”.
Candidato de las mineras. Julio Guzmán, candidato presidencial de la agrupación Todos por el Perú, anunció su intención de viajar al extranjero para promover que empresas vengan a invertir en la explotación de los recursos nacionales.
Así lo dio na conocer en una entrevista en la que se mostró a favor de viabilizar los polémicos proyectos de Conga y Tía María.
Perico. Un sentido homenaje se le rindió el pasado 18 de enero al abogado español Pedro García Hierro, “Perico” para los amigos, quien falleció en julio del año pasado.
En la mesa estuvieron amigos y compañeros de lucha como Gil Inoach, expresidente de la organización indígena amazónica Aidesep, Shapiom Noningo, sabio del pueblo Wampis, y Alberto Chirif, antropólogo experto en Amazonía.
El momento más emotivo se dio cuando tomó la palabra Irma Tuesta Cerrón, “Chinita”, esposa de Pedro García.
“Perico” llegó al Perú en la década del 70 para trabajar con nativos del pueblo Awajún. Hasta sus últimos días fue un acérrimo defensor de los derechos de los pueblos indígenas.
Disparo a los pies. Expertos y organizaciones de la sociedad civil del Perú y el extranjero criticaron el despido de Rolando Navarro Gómez, del cargo de Presidente Ejecutivo del Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).
Esto debido a que su cese fue intempestivo y sin un explicación razonable de por medio.
“En vez de enfrentar la desenfrenada tala ilegal en el país, el Gobierno peruano ha preferido silenciar a Navarro”, sostuvo al respecto la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).
Trabas a la titulación. Aunque cueste creerlo, las comunidades nativas para titularse aún deben cargar muestras de tierra a Lima con el fin llevarlas al único lugar autorizado para su análisis: la Universidad Nacional Agraria La Molina.
Así lo sostuvo Ermeto Tuesta, experto en titulación del Instituto del Bien Común (IBC), en diálogo amplio con Servindi. La entrevista completa está disponible en nuestro sitio web.
Qoyllurity. El 18 de enero, tras una marcha, miles de seguidores y miembros de asociaciones danzantes del Señor de Qoyllurity, de la región Cusco, llegaron a un acuerdo con diversas autoridades para conseguir la anulación de las concesiones mineras que se ubican dentro y en los alrededores de su Santuario.
Según explicó Nolberto Vega Cutipa, presidente caporal de la Nación Quispicanchi, el plazo dado para la anulación de las concesiones, vence el mes de junio. Si la situación no cambia hasta esas fechas, señaló que tomarán nuevas acciones.
Respaldo y solidaridad. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos manifestó su respaldo al trabajo realizado por el abogado Juan Carlos Ruíz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Así lo hizo a raíz de la denuncia penal interpuesta por el Ministerio de Salud (MINSA) contra su persona y el médico Fernando Osores Plenge, sobre la presunta falsedad de documentos presentados para demostrar la responsabilidad del Estado en la muerte de la señora Margarita Ccahuana, de la provincia de Espinar.
Tras hacer énfasis en la veracidad de dichos documentos, la Coordinadora exigió la inmediata atención de la salud de la población campesina de Espinar afectada con metales pesados en sus cuerpos, situación de la que el Gobierno lleva cuenta hace varios años, sin tomar medidas concretas al respecto.
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