No basta cumplir con los requisitos “mínimos” de sanidad para los trabajadores municipales. Se debe garantizar una dotación especial y regular de implementos de seguridad como mascarillas, alcohol, medicinas, etc. y de pruebas médicas para monitorearlos ya que están continuamente propensos a contraer el virus; así como contratarlos en un régimen que permita proteger a la familia en casos adversos.
Por Lincoln Onofre*
24 de agosto, 2020.- La muerte de trabajadores municipales en la provincia de Huamanga, principalmente de aquellos abocados a mantener el orden, la seguridad y la limpieza de la ciudad; así como la de policías y bomberos; debe llamarnos a la reflexión sobre la protección y los derechos que asisten a estas personas.
Para el caso de los trabajadores municipales, hablamos de personas con ingresos económicos brutos que apenas superan el sueldo mínimo vital (entre 1,000 y 13000 soles); es decir, aplicando los descuentos, reciben alrededor de 900 soles mensuales. Esta precariedad y el régimen laboral bajo el cual están contratados, así como el peligro de contagio al que están expuestos diariamente, los convierte en personas altamente vulnerables, una suerte de superhéroes conviviendo con la kryptonita.
Dicho esto, a la fecha, en la provincia de Huamanga, varias decenas de trabajadores municipales de primera línea han sido contagiados con el covid-19 y otros han fallecido. ¿Qué medidas vienen tomando las autoridades locales para proteger a los trabajadores que diariamente cuidan de la ciudad? ¿Se les está brindando los implementos y las pruebas necesarias para prevenir el contagio? ¿Funcionan los protocolos de seguridad laboral? ¿Qué garantías existe para un trabajador CAS o de otro régimen laboral más precario si fallece en el cumplimiento de sus funciones? ¿Cuáles son las condiciones del contrato y el estado laboral de los agentes municipales, serenos, limpieza pública, mercados?
Hace algunas semanas, la máxima autoridad política local de la provincia declaró que se les entregó unas mascarillas y que, en lo sucesivo, estos mismos trabajadores debían comprar sus implementos como él lo hacía. Una comparación absurda puesto que no es lo mismo invertir cien soles mensuales para alguien que tiene ingresos superiores a los diez mil soles que para quien gana menos de mil soles. Posterior a estas declaraciones se han reportado más de cuarenta casos de contagiados en el palacio municipal que obligó a suspender la atención; del mismo modo, varios trabajadores han perdido la vida en el cumplimiento de sus deberes pese a la advertencia sobre el riesgo que corrían. Situación que también sucede en los otros municipios distritales metropolitanos.
Pero el problema trasciende a los afectados, incluye a sus familias que no alcanzarían ningún beneficio tras la muerte del sustento del hogar, lo cual las lleva a una situación de vulnerabilidad, desamparo que condicionará las oportunidades de desarrollo -además de la desprotección emocional- puesto que de estos héroes dependen las oportunidades de educación, nutrición, y seguridad de sus hijos.
De agudizarse esta situación, la ciudad también se verá afectada puesto que se dejará de atender con regularidad temas indispensables para mantenerla salubridad urbana, tales como la gestión de los residuos sólidos, la fiscalización de los comercios, el control del transporte urbano y la seguridad ciudadana ante el evidente incremento de producción de residuos, del comercio informal, de la congestión vehicular y la delincuencia, por citar algunos ejemplos.
En ese sentido, no basta cumplir con los requisitos “mínimos” de sanidad; se debe garantizar una dotación especial y regular de implementos de seguridad como mascarillas, alcohol, medicinas, etc. y de pruebas médicas para monitorearlos ya que están continuamente propensos a contraer el virus; así como contratarlos en un régimen que permita proteger a la familia en casos adversos.
Por ejemplo, de acuerdo al artículo 37° de la Ley N° 27972, cargos como el de limpieza pública, corresponde a la labor que realiza un obrero en una Municipalidad, por lo que debe estar comprendido en el régimen laboral de la actividad privada el cual les reconoce mayores derechos y beneficios que los dispuestos para los trabajadores bajo el régimen en el que actualmente son contratados. De este modo y, bajo el contexto que padecemos, se garantizaría la continuidad del servicio y la protección para la familia en casos de adversidad. Corresponde a los municipios reconocer más allá de los aplausos y dar cumplimiento a dicha disposición bajo responsabilidad.
Esperemos que las autoridades tomen las medidas necesarias que protejan al trabajador y garanticen la continuidad del servicio para mantener – sostener la ciudad.
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* Lincoln Onofre es politólogo.
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