Litigio constitucional para descontaminar ríos y cuencas
Por Juan Carlos Ruiz Molleda*
22 de setiembre, 2021.- En un contexto como el actual donde el Gobierno ha rechazado (observado) un proyecto de ley aprobado por el Congreso, que promovía la descontaminación de los ríos en el Perú, el caso Riachuelo de Argentina resulta relevante como experiencia de litigio constitucional exitoso en defensa de los ríos.
- Link a sentencia de la Corte Suprema Argentina del 2008: https://www.escr-net.org/.../Sentencia_CSJN_2008_spanish.pdf
En julio del año 2004 un grupo de vecinos que residen en la Cuenca Matanza-Riachuelo en la provincia de Buenos Aires, interpusieron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, con la finalidad entre otras cosas, de detener la contaminación y recomposición del medio ambiente. (Más información ver https://www.escr-net.org/.../mendoza-beatriz-silva-y...)
Luego de un largo proceso judicial, en julio de 2008 la Corte dictó la sentencia en la que se determinó la responsabilidad del Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las acciones destinadas a un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención de daños futuros.
Cuenca Matanza-Riachuelo. Fuente de la imagen: Tiempo Judicial
La Corte estableció un conjunto de medidas que tenía tres objetivos: “1) La mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 2) La recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos); 3) La prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción”.
Estamos ante un programa de intervención que obliga a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo a seguir un cronograma de actuación de medidas que se vinculan a:
a) producción y difusión de información pública;
b) control de la contaminación industrial;
c) saneamiento de basurales;
d) extensión de obras de aguas, cloacas y desagües pluviales;
e) realización de un plan sanitario de emergencia;
f) adopción de un sistema internacional de medición para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos.
Pero la cosa no queda ahí. A fin de asegurar la correcta ejecución de la sentencia, la Corte delegó el proceso de ejecución al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes que tiene que controlar el cumplimiento de la sentencia.
Asimismo, la Corte creó un Cuerpo Colegiado conformado por el Defensor del Pueblo de la Nación junto con organizaciones no gubernamentales (ONG) que se habían presentado en carácter de terceros con el fin de fortalecer y habilitar la participación ciudadana en el control del cumplimiento del fallo.
Ciertamente hay dificultades en la ejecución. La sentencia se encuentra hoy en día en proceso de cumplimiento. En el 2016, la Corte Suprema de Argentina observó irregularidades en la implementación relacionadas con la sentencia de 2008 y ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que intensifique el cumplimiento de la sentencia que dispuso el saneamiento del Riachuelo (Ver https://www.cij.gov.ar/nota-24507-La-Corte-Suprema-orden...).
Aún, así, se trata de un proceso paradigmático, que abre posibilidades de trabajo y demuestra que el litigio constitucional puede ser utilizado en la defensa de los ríos en el Perú (ver nota del Centro de Información Judicial: https://www.cij.gov.ar/nota-24507-La-Corte-Suprema-orden...).
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