Por Jaime Antezana Rivera*
Servindi, 17 de octubre, 2019.- ¿Qué ha pasado tras el masivo paro preventivo de los cocaleros del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) el 16 y 17 de setiembre pasado, en el que éstos le dieron 15 días de plazo al gobierno para –entre otras exigencias– que no erradique los cultivos ilegales de coca a inicios del próximo mes de noviembre y Devida suspenda sus actividades y se retire de esta zona?
Devida: se erradicará a pedido de las comunidades indígenas
La respuesta estatal, pese a la crisis política, fue casi inmediata. En efecto, dos días después del paro cocalero, el 19 de setiembre, el jefe de Devida Rubén Vargas señaló lo siguiente: "...se erradicarán los cultivos ilegales de coca en los distritos de Mazamari, Pangoa y Río Tambo, ubicados en la provincia de Satipo, Junín...". Así, en la práctica, el gobierno rechazaba las dos exigencias principales de la Fepavrae: si habrá erradicación de los cultivos ilegales de coca y Devida no suspendía sus actividades ni se retiraba de la zona.
Por otro lado, el jefe de Devida explicó porque se erradicara en esas zonas: "…la campaña de erradicación se hará como respuesta al pedido expreso de las comunidades indígenas...Estas comunidades rechazan la invasión del narcotráfico en sus territorios". ¿Por qué en esas zonas del norte y no en las que tienen mayor producción de coca y cocaína del Vraem? La respuesta fue: "...mientras continúa el diálogo con la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los ríos Apurímac y Ene, vigente desde agosto de 2018, no se intervendrá [erradicará] en otras zonas".
Este era, obviamente, un mensaje para la Fepavrae: mientras el diálogo continúe no se erradicara en “otras zonas”, o sea, en las zonas de influencia del gremio cocalero. Ese mensaje buscaba, al no erradicar en esas zonas, que los cocaleros no se vayan a paro indefinido que habían anunciado. Era una “concesión” a los cocaleros. Pero la respuesta estatal no se quedó en lo retorico.
Dieron un paso más. Hace más de quince días, en momentos que la crisis política ingresaba a punto más álgido, el Corah instaló un campamento en Mazamarí, cerca de la base antidroga que existe ahí. Esta fue la primera muestra palmaria que la erradicación de los cultivos ilícitos de coca, anunciado por el presidente Martín Vizcarra en el mensaje a la Nación de 28 de julio, se haría realidad.
Y el 10 de octubre, post disolución del Congreso, dieron otro paso más. En un gran despliegue policial y logístico, se instaló un campamento del Corah en Alto Anapati, desde donde se erradicara la coca ilegal en el norte del Vraem. Ese despliegue frustró la protesta que los cocaleros de Satipo (Pangoa, Río Tambo, Río Negro, etc.) tenían programado para ese día frente a Devida. Igualmente, según fuente local, “descuadro a los (cocaleros) que se aprestaban a movilizarse de Pichari a Mazamari”. No pasó nada".
Recapitulando: desde el Ejecutivo va quedando listo para empezar con la "primera campaña" de erradicación forzosa de los cultivos ilícitos de coca en las comunidades indígenas de los distritos de Río Tambo, Pangoa y Río previsto para el 1 de noviembre, donde el narcotráfico está expandiendo los cultivos de coca. Hasta aquí, parece descartado, como ocurrió en 2014, un retroceso oficial.
Fepavrae: Paro Indefinido contra la erradicación de la coca
¿Y qué ha hecho el gremio cocalero, la Fepavrae, frente a los preparativos de la erradicación forzosa en el norte del Vraem? Coherentes con sus exigencias, cero erradicación de los cultivos de coca y el retiro de Devida en el Vraem, en una asamblea interinstitucional, el 6 de octubre pasado, con más de 500 dirigentes comunales y distritales aprobaron la convocatoria a un paro indefinido contra la erradicación. También eligieron un Comité de Lucha que dirigirá esta protesta.
En la "Convocatoria a Paro Indefinido" del Comité de Lucha señala: "Convocamos a un Gran Paro Macroregional de las Cuencas Cocaleras del Perú a partir del día 23 de octubre...a partir de las 00 horas, siendo la concentración masiva en el distrito de Pichari, desde la cual se tomaran las acciones correspondientes para que el Estado escuche la voz del Vrae...". Ergo: sin considerar que no se erradicará en su área de influencia, aprobaron el paro indefinido para el 23 de octubre próximo.
Asimismo, a diferencia de del paro preventivo, esta medida de fuerza no lo convoca solamente la Fepavrae. Lo convocan los Comités de Autodefensa (Cadvrae), Clubes de Madres (Fecmavrae) y la Asociación de Municipalidades (Amuvrae), la Confederación de Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp) y la Organización Ashaninka del Río Apurímac (OARA). En suma, todo el tejido social de esta zona.
Cabe destacar a dos actores que aparecen en la convocatoria del paro indefinido. Por un lado, la Amuvrae que, de acuerdo a la ley, no puede convocar a este tipo de acciones de fuerza. Y, de otro lado, un sector de indígenas, la OARA, que –según Devida– habían pedido la erradicación de la coca de sus territorios. Eso revelaría que hay un quiebre en los indígenas. No todos estarían de acuerdo con la erradicación.
Con esa convocatoria, y teniendo como precedente el paro preventivo que logró la mayor movilización de cocaleros de la historia de este valle, el paro indefinido será, como se dice en el argot local, un paro "seco", total. Incluso, es probable que supere la movilización cocalera de la medida de fuerza preventiva pasada. Los cocaleros controlaran esta enorme cuenca. Harán otra demostración de fuerza y poder.
Ahora, ¿es posible un “paro macroregional en las cuencas cocaleras del Perú”, como ha convocado la Fepavrae? Si bien la Conpaccp es convocante del paro, lo cierto es que este gremio no tiene la representación que tuvo entre 2002 al 2007. Es, hoy en día, un cascarón. Y los demás gremios cocaleros están débiles. No habrá, salvo en el papel, paro en las demás cuencas cocaleras. A lo sumo, podría haber raleadas movilizaciones de apoyo.
Lo que sí es posible que ocurra es una coincidencia con la protesta de los cocaleros del Cusco: La Convención y Lares y Yanatile, de la provincia de Calca. El sábado 12 de octubre, la Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares (Fepcacyl) acordó empezar un paro indefinido el 21 del presente mes. ¿Qué exigen? Obras (la principal demanda es la construcción del Túnel de La Verónica, etc.) y un mayor precio de la coca por Enaco.
Así, sin ser producto de acuerdo entre ambos gremios cocaleros y con demandas absolutamente diferentes, el 21 y 23 de octubre próximo paralizarán los cocaleros de dos grandes zonas cocaleras del país: el Vraem y La Convención y Yanatile. Eso es lo único que se acerca al paro macroregional convocado por la Fepavrae. Sin embargo, esta coincidencia y por ser colindantes, puede configurar un conflicto de mayor dimensión.
Rumbo a la colisión. Cero erradicación o el inicio de la erradicación
La sucesión de hechos ocurridos en el punto más alto de la crisis política y post disolución del Congreso indican que -de no mediar algún retroceso oficial- es inminente la colisión de los cocaleros y el gobierno. Están rumbo a la colisión. Será la colisión de un gobierno fortalecido post disolución del Congreso con los cocaleros empoderados gremialmente y dispuestos a defender toda la coca.
Será la colisión de dos apuestas: la apuesta cocalera de cero erradicación y la estatal de empezar a erradicar, aunque sea en la periferia y donde hay menor producción de coca, en la principal zona de producción de coca y cocaína del país. Lo que está en juego –para la mayoría de cocaleros– es su principal fuente de subsistencia y –para la minoría– un negocio de millones de dólares.
Se estima que más de 250 toneladas de cocaína sale de este valle. Visto así, pese a que no se intervendrá en zonas duras, la colisión entre cocaleros y el gobierno podría provocar enfrentamientos y altos costos sociales. Pues, a diferencia de otra cuenca, muchos cocaleros del Vraem tienen experiencia de guerra de la lucha antiterrorista y armas producto de esa herencia y, además, del narcotráfico.
Ante ese panorama, si antes del fin de la crisis política el gobierno no podía abdicar de su decisión de erradicar por primera vez en el Vraem, ahora que se está fortalecido y sin oposición política menos aún. Esta condenado a no abdicar ante los cocaleros y, a la vez, de no provocar altos costos sociales que los cocaleros si están dispuestos a provocar. Ese es el desafío que tiene, desde una perspectiva sesgada, combatir al narcotráfico.
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*Jaime Antezana Rivera es consultor, investigador social en narcotráfico, terrorismo y conflictos sociales.
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