Una prensa robusta es fundamental para el control del poder con leyes que promuevan el ejercicio responsable y ético del periodismo, evitando su criminalización en aras del interés nacional.
Por Hugo Coya*
Idehpucp, 16 de mayo, 2023.- El proyecto de ley aprobado en primera votación por el Congreso y que busca aumentar las penas por difamación en Perú representa una gravísima amenaza para la democracia y la libertad de prensa en el país.
De ser ratificado en una segunda votación, se modificaría el artículo 132 del Código Penal. En la actualidad, este artículo establece como pena privativa de libertad un tiempo no menor de 1 ni mayor de 3 años y de 120 a 365 días-multa si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social.
Con la modificación propuesta, esta pena sería incrementada a no menor de 2 años ni mayor de 5 años con 120 a 365 días-multa y una reparación civil al querellante. Asimismo, se incluirían a las redes sociales y sitios web, además de los anteriormente previstos, entre los medios de difusión como posibles agravantes para este delito.
Es clave recordar que, en el Perú, se requiere una condena de por lo menos 4 años para que una pena privativa de la libertad no se pueda convertir a otros tipos de penas alternativas.
La iniciativa ha tenido el respaldo en el pleno de las bancadas de Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial, Renovación Popular, Perú Bicentenario, Somos Perú con parte de Cambio Democrático-JP y Podemos Perú. Obtuvo 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones en la primera votación.
No cabe duda que la labor periodística ha sido crucial en la revelación de recientes escándalos de corrupción, los cuales han generado un amplio debate sobre la necesidad de fortalecer las instituciones y combatir la impunidad.
Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la prensa no hubiese informado sobre el caso de Odebrecht ante el temor de los periodistas a ser acusados de difamación por parte de los altos directivos de la empresa brasileña? La población no habría conocido, quizás, la corrupción sistémica ni la implicación de altos funcionarios en los actos ilícitos y los sobornos millonarios pagados para obtener contratos por obras públicas.
Sin la labor de la prensa tampoco se sabría acerca del escándalo de Ecoteva que puso de manifiesto un presunto lavado de activos por parte del expresidente Alejandro Toledo con la utilización de empresas offshore para ocultar millonarias sumas de dinero.
En el mismo sentido, el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, una red de corrupción en el sistema judicial que implicaba a jueces, fiscales y abogados, no se habría, tal vez, divulgado por un eventual miedo a que los implicados usen una ley que los favorece.
La prensa desempeñó un papel clave en la denuncia y seguimiento que puso en evidencia la falta de independencia y transparencia en el sistema judicial.
Estos ejemplos resaltan la importancia de una prensa libre para que pueda cumplir su misión de revelar casos de corrupción que, muchas veces, conmocionan al país y permiten una mayor fiscalización de la opinión pública sobre las acciones que realizan las autoridades, a fin de evitar que prevalezcan la rapiña del erario público.
Si bien la difamación ya está penalizada en el sistema legal peruano y aquellos agraviados por información falsa pueden buscar reparación legal, aumentar desproporcionadamente las penas no solo servirá para intimidar y silenciar a los medios de comunicación, sino que debilitará el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Entonces, deriva en esencial que el Congreso archive la propuesta y que, además, el Estado fortalezca su marco legal e instituciones para proteger y promover el trabajo de los periodistas. En lugar de restringirlo, se deberían fomentar mecanismos que impulsen la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Además, si los congresistas desean demostrar un verdadero compromiso con la libertad de expresión y la libertad de prensa, podrían seguir la tendencia de otros países de América Latina que han despenalizado el delito de difamación, incluyendo a México, que lo hizo en el 2007; Argentina, en el 2009 y Colombia, en el 2018.
Una prensa robusta es fundamental para el control del poder con leyes que promuevan el ejercicio responsable y ético del periodismo, evitando su criminalización en aras del interés nacional.
Por otro lado, los ciudadanos requieren estar atentos a este nuevo intento por limitar la labor de los periodistas y medios de comunicación. Defender la libertad de prensa es responsabilidad de todos y se debe rechazar cualquier maniobra para limitarla o coartarla.
Los periodistas no podemos laborar de manera independiente si nos encontramos permanentemente ante el temor de que cualquier delincuente empleé una norma para acallarnos. Solo si aseguramos la independencia de la labor periodística se construirá un Perú más justo, transparente y comprometido con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia.
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* Hugo Coya es periodista, escritor y productor de televisión. Fue presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (INRT). Actualmente es el gerente general y director general en Del Barrio Producciones, columnista para el diario El Comercio y miembro de International Academy of Television Arts & Sciences.
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