¿Y qué hacer en polticas públicas de comunicación?

Servindi, 14 de noviembre, 2016.- El nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene la oportunidad de impulsar cambios en la política pública de comunicación en el Perú y qué mejor no partir de cero sino recoger los aportes de especialistas en el tema quienes han estudiado la situación en el país.

En tarl virtud consideramos oportuno compartir el documento "Agenda prioritaria en políticas públicas de comunicación, estándares y buenas prácticas internacionales" elaborado por el experto uruguayo Gustavo Gómez Germano.

El estudio presentado en julio de 2014 no ha perdida vigencia ni actualidad y se elaboró para la Presidencia del Consejo de Ministros en el marco del proyecto “Memoria del empoderamiento ciudadano y la identidad nacional a través de comunicaciones estratégicas para la inclusión social” patrocinado por el Banco Mundial.

El documento es sumamente valioso y ofrece una hoja de ruta acerca de lo que habría que hacer en materia de avanzar en consolidar la libertad de expresión, promover la diversidad de medios de comunicación y el pluralismo de ideas e informaciones en el contexto peruano

Gustavo Gómez propone incluir en la agenda de políticas públicas de comunicación aspectos prioritarios en base a cuatro ejes estratégicos: a) los procedimientos para otorgar concesiones de radio y TV: b) los medios comunitarios de radiodifusión; c) la transición de la TV digital, y d) los medios público-estatales.

Para tal finalidad no solo analiza la situación desde la perspectiva de los estándares internacionales, a los cuales cita, sino que además recoge buenas prácticas de otros países y ofrece recomendaciones muy puntuales para el caso peruano. Veamos:

Sobre concesiones de radio y TV

La consultoría de Gustavo Gómez recomienda asegurar la existencia de criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas y del nuevo dividendo digital tomando en cuenta la concentración de la propiedad o el control de los medios de comunicación.

Asimismo, asignar la administración del espectro radioeléctrico a un órgano independiente del poder político y económico, sometido al debido proceso y al control judicial.

También promover políticas y prácticas efectivas que permitan el acceso a la información y la participación igualitaria de todos los sectores sociales para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas públicas.

Otra propuesta concierne a la adopción de medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar el pluralismo, incluyendo leyes que prevengan la existencia de monopolios públicos o privados.

Aliento a los medios comunitarios

La consultoría propone legislar en materia de radiodifusión comunitaria de manera que se destine una parte equitativa del espectro y del dividendo digital a las radios y canales comunitarios, con criterios democráticos que garanticen la igualdad de oportunidades.

Gómez precisa que en el caso peruano es conveniente promover un proceso participativo para la reforma parcial de la Ley de Radio y TV N°28.278 de 2004 en temas como la adecuación de los procedimientos de otorgamiento de concesiones de radio y televisión.

La reforma serviría además para incorporar recomendaciones internacionales referidas a las definiciones, mecanismos de acceso y condiciones de uso de las emisoras de radio y televisión comunitarias.

Ello permitiría así evitar limitaciones arbitrarias de potencia o ubicación geográfica, y hacer viable la posibilidad de obtener recursos económicos genuinos para su sostenimiento.

La consultoría tampoco deja de lado la obligación de reconocer y promover la existencia de medios de los pueblos y comunidades indígenas.

Evitar la concentración

La regulación debe permitir abordar el tema de la concentración de medios audiovisuales revisando los límites a la concentración, incorporando restricciones a la formación y operación de cadenas de repetidoras, y a la propiedad cruzada de medios.

La actual Ley de Radio y TV sólo incluye los medios de recepción abierta, y debe modernizarse incorporando a los servicios de TV para abonados o por suscripción, sea por cable, satélite, IP u otros soportes, que hoy constituyen una fuerte cada vez más importante de acceso a información.

Ello debe incluir procedimientos abiertos y públicos diferenciados por sector: público, comercial y comunitario, criterios de selección que no incluyan la capacidad u oferta económica y que valoren el proyecto comunicacional de cada oferente.

La población peruana hastiada de la Tv Basura emprendión dos grandes marchas para que se cumpla el horario de protección al menor

Una buena práctica

Gómez destaca como una buena práctica en la región la Ley N°18.232 de Radiodifusión Comunitaria adoptada en 2007 que reconoce expresamente al sector comunitario, tanto para acceder a licencias de radio AM como FM, como de televisión (incluso digital).

Dicha norma considerada por los relatores para la Libertad de Expresión como un modelo en la región obliga al gobierno a establecer políticas públicas activas para la promoción y el desarrollo del sector comunitario.

Los medios comunitarios no están definidos por la potencia o el lugar que ocupan y si bien se las define como medios no lucrativos, pueden obtener recursos económicos de diversas fuentes (incluso la publicidad estatal o comercial) siempre que demuestren que el dinero se reinvierte íntegramente en la emisora.

TV digital, diversidad y pluralismo en la televisión abierta

En opinión de la consultoría la Televisión Digital Terrestre (TDT) puede ser una excelente oportunidad para la inclusión social, la democratización y descentralización del sistema de medios y que la TV terrestre abierta y gratuita sigue siendo muy importante en Perú.

Al respecto propone analizar, con colaboración y seguimiento de universidades interesadas, la situación de uso de espectro actual para identificar el uso y disponibilidad real de frecuencias de televisión.

Además recomienda revisar el destino de los canales disponibles que no fueron adjudicados en los concursos públicos para TV digital y analizar la posibilidad de realizar nuevos llamados para su uso por emisoras comunitarias, universitarias y comerciales de carácter local o regional.

Propone adecuar los criterios de evaluación y selección utilizados en los concursos, manteniendo su carácter abierto y público, pero realizados de manera diferenciada según el sector y no basados en el poderío económico de los solicitantes.

Incorporar la participación ciudadana para aportar el análisis de los postores y sus propuestas y fiscalizar todo el proceso de otorgamiento para dar mayor transparencia y permitir el control ciudadano de la gestión pública.

Otra recomendación es abstenerse de autorizar la concentración de más medios en las mismas empresas o grupos económicos concentrados en las nuevas convocatorias.

Además sugioere definir una serie de medidas (fiscales, industriales, crediticias, de subsidio social, etc.) para garantizar que todos los hogares peruanos tengan acceso a decodificadores para recibir las señales de la TDT, en especial los sectores de menores recursos y que viven en zonas rurales, de frontera o de preferente interés social.

Transición a la TV Digital

La consultoría recomienda incluir en la Ley de Radio y TV N°28.278 de 2004, un capítulo sobre los medios estatales de radio y televisión, para promover la existencia de medios de servicios públicos de calidad, sustentables e independientes.

La finalidad es promover la coexistencia de un sistema diverso de medios públicos que incluye tanto las emisoras de alcance nacional, las regionales y locales, y también las pertenecientes a universidades y otras instituciones públicas de educación.

Definir los medios estatales como emisoras públicas no oficialistas ni gubernamentales, e independientes de grupos políticos o económicos. Estos principios deben ser aplicados tanto por las emisoras del IRTP como por los medios de gobiernos locales y regionales.

Desarrollar producción de calidad en su programación, y prestar especial atención a programación dirigida a niños, niñas y adolescentes, entre otros sectores vulnerables, así como una programación descentralizada, que difunda contenidos producidos fuera de la capital, facilitando la producción audiovisual independiente.

Criterios de Estado para la publicidad estatal

En materia de publicidad estatal sugiere revisar la Ley N°28.874 sobre publicidad estatal para implementar mecanismos de control independiente y externo de la producción, asignación, contratación y distribución de publicidad oficial, con instancias de participación ciudadana.

Asimismo, reglamentar dicha norma para aplicar los principios legales allí dispuestos, y en consonancia con los estándares interamericanos, a fin que la asignación se se realice mediante procedimientos competitivos y la asignación directa sea la excepción y no la regla.

Los criterios para la asignación deben ser objetivos y profesionales, y estar establecidos previamente y en forma clara y transparente teniendo como criterio central la relación entre información o campaña y la población objetivo.

En el caso de campañas nacionales, al menos el 30 por ciento de la pauta debería destinarse a medios de alcance local y regional, en cualquiera de sus modalidades: comercial, pública, educativa o comunitaria.

El Estado debe establecer políticas y recursos para promover la diversidad y pluralismo de medios a través de beneficios tributarios o subsidios explícitos y neutros, de manera diferenciada de los gastos de publicidad oficial, y aplicados de manera transparente, pública y no discriminatoria.

También destinar un presupuesto adecuado para establecer mediciones sistemáticas y de alcance nacional sobre índices de lectorías, audiencias y teleaudiencias, mediante estudios técnicos profesionales, confiables e independientes.

Estas son algunas de las numerosas recomendaciones del estudio de Gustavo Gómez al cual se puede acceder de manera completa con un clic en el siguiente enlace:

- "Agenda prioritaria en políticas públicas de comunicación, estándares y buenas prácticas internacionales" (PDF, 48 páginas)